Los cálculos económicos y Setar marcan la semana política tarijeña

El frío parece estar afectando también la iniciativa política en Tarija, muy pendientes de la evolución económica y también de los asuntos nacionales, que siguen centrados en la lucha por el relato de lo que pasó en 2019.

Mientras tanto, Johnny Torres, el alcalde de Cercado, es el que está ganando más batallas al menos al ritmo de la promesa. A las iniciales de empezar con la segunda circunvalación y retirar el botadero, asuntos que sus antecesores fueron postergando indefinidamente, se ha sumado la promesa de purgar la Dirección de Ordenamiento Territorial, probablemente el nido de corrupción y burocracia más poblado del sur del país.

Torres ha logrado desactivar al Concejo y algunas de las iniciativas más peliagudas – como la del perdonazo tributario general – mientras que ha reactivado contactos con el FPS y otras agencias del Estado que le están permitiendo presentar obras. Por otro lado, su principal batalla a nivel nacional es la de la derogación y devolución de los recursos del IDH confiscados para la Ley de Incentivos, cuyo objetivo fracasó tal como reconoció el ministro del ramo, Franklin Molina.

Fideicomiso El Gobierno ha ofrecido un fideicomiso de 2.000 millones de bolivianos para todas las ETA

También va ganando Carlos Brú en Yacuiba, que ha impuesto una bajada de salarios en todos los niveles políticos salvaguardando a los técnicos, y que por el momento va recuperando el control de las organizaciones vivas de la ciudad, particularmente los gremiales.

Más difícil lo está teniendo Irineo Flores, que sabía que asumía la alcaldía de Bermejo con infinidad de problemas heredados de la gestión de Delfor Burgos, especialmente lo que tiene que ver con los trabajadores, por lo que la cárcel acecha en cada esquina.

El resto busca alguna opción de hacer algo más allá de administrar los servicios, pero está difícil. La Gobernación de Tarija no tiene ninguna intención de aprobar convenios nuevos y adeuda unos 180 millones de bolivianos en proyectos concurrentes que no está dispuesto a asumir en el corto plazo. Ha rogado que no se usen los débitos automáticos, y salvo Uriondo, que ya lo dejó activado antes de cambiar de mando, y San Lorenzo y Yunchará, que perdieron sus convenios en el pasado precisamente por usar los débitos, y por lo que no tienen proyectos concurrentes en marcha, el resto podría utilizarlo en cualquier momento, aunque han preferido esperar al Gobernador para no empezar con hostilidades.

El Gobierno ha ofrecido un fideicomiso de 2.000 millones de bolivianos para todas las Entidades Territoriales Autónomas del país, lo cual es un monto escaso teniendo en cuenta que solo la Gobernación de Tarija calcula “deudas” de 3.180 millones de bolivianos en este momento. La negociación de esos fondos, junto a la solicitud de suspender la aplicación de unas 90 leyes departamentales son la base de la política coyuntural en este momento.

Setar, el primero de los grandes

La crisis de Setar ni bien empieza gestión parece haberse vuelto recurrente. El asunto es repetido: las microempresas facturan montos con errores que generan grandes revuelos en la población, porque les tocan el bolsillo en un momento muy sensible y además tienen que hacer múltiples filas y gestiones para lograr la corrección y mientras el Gobierno Departamental y la Asamblea van planteando cambios y soluciones más o menos traumáticas. En una empresa siempre cuestionada, la intervención o privatización se empieza a barajar como una opción viable venciendo las resistencias. La cuestión es que nadie debe olvidar que es la empresa que más factura del departamento y con una liquidez inmediata a disposición. Sin duda, no le faltan pretendientes.

Sin noticias de Víctor Hugo Zamora

Una semana más, mientras arrecian los debates y pulsos en La Paz a cuenta de lo que significó el Gobierno de Jeanine Áñez, el ex ministro tarijeño de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, sigue sin aparecer. Tampoco luego de que se conociera que el MAS lo propuso como Presidente en reemplazo de Evo y que acabó en el Ministerio de los grandes negocios, donde no cambio nada salvo el contrato con Brasil para daño del Estado Boliviano. La Justicia lo ha requerido por ello.