Los campesinos emiten Resolución de rechazo al pedido de abrogar leyes
Prosol: La Gobernación prevé paralizar programa por 3 años
El último reporte de la Unidad del Prosol, emitida el 10 de marzo, señalaba que 238 comunidades tenían pendiente los desembolsos del programa 2020, pese a que se presupuestó 30 millones de bolivianos



La Gobernación de Tarija ya remitió a la Asamblea Legislativa Departamental (ALDT) el paquete de 100 leyes que pide suspender por falta de recursos económicos. Entre esas, se contempla el Programa Solidario Comunal (Prosol), mediante el cual entrega 2.250 bolivianos por familia campesina beneficiaria para ejecutar iniciativas productivas.
Ante esa situación, la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), tras una reunión de emergencia en la que participaron las subcentrales campesinas, se declaró en emergencia y emitió una Resolución de rechazo a la intención del gobernador Oscar Montes de dejar sin efecto leyes que fueron aprobadas para fomentar la producción agrícola y apoyar al sector campesino.
Jorge Mariano Bacotich, secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, explicó la determinación de dejar sin efecto algunas leyes de forma temporal es para “salvar a la Gobernación”, ya que la institución a traviesa un déficit económico, pues ahora tiene que pagar deudas por sentencia judicial, están los débitos automáticos de los municipios y no hay disponibilidad financiera para cubrir “ninguna otra cosa”.
Argumentó que los asambleístas en gestiones previas aprobaron leyes que comprometen la totalidad del tesoro departamental, es así que hay diversas leyes referidas a planes, programas y festivales que han ido seccionando los recursos de la institución, por lo que amerita un análisis y deliberación en la ALDT.
En ese marco, el Prosol también deberá suspenderse, al menos por tres años, ya que no hay capacidad financiera para cubrir ese programa, afirmó. Además, datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) dan cuenta que desde que existe el Prosol en Tarija, a la fecha, no hubo mejoras en el desarrollo productivo en el departamento de Tarija, pues la producción agrícola ha descendido en lugar de aumentar.
“La función pública se mide por resultados, el Prosol es un programa que en su época fue político, comenzaba con bicicletas, luego unos pesitos más, luego marchas y movilizaciones, les dan 6 mil bolivianos, pero no ha generado ningún resultado positivo para las comunidades”.
Por su parte, Aldo Velásquez, secretario Ejecutivo de la FSUCCT; declaró que no están de acuerdo con la abrogación ni suspensión temporal de ninguna ley, sobre todo de aquellas que refieren al sector productivo, por lo cual, se instruyó a las subcentrales que socialicen en las comunidades sobre el paquete de leyes que anunció el Gobernador dejar sin efecto y en los próximos días se hará conocer la determinación, aunque no descarta movilizaciones.
Respecto al Prosol, recordó que el 5 de mayo la FSUCCT solicitó a la Gobernación un informe de la situación de los desembolsos del programa que corresponde a la gestión 2020, pero a la fecha no recibieron respuesta. En ese sentido, enviarán una segunda nota en la cual también se pedirá una reunión directa con el Gobernador con la finalidad de establecer un diálogo sobre el tema.
El dirigente señaló que el sector “entiende” que la situación económica de Tarija no es buena, pero tampoco permitirán que se siga “manoseando” al sector campesino, ya que los programas y leyes aprobadas para fomentar el agro deberán ser priorizadas. “Posiblemente vamos a volver a los caminos a las calles con protestas, porque a eso nos están llamado las nuevas autoridades”.
Algunas leyes observadas por el Gobernador
Entre las leyes referidas al sector productivo que fueron observadas está Ley 299 de Prosol, través del cual se designa 2.250 bolivianos por familia beneficiaria. Ley 149 de 6 septiembre de 2016 para fomentar la producción, transformación, industrialización y comercialización del trigo; Ley 110 de fomento, fortalecimiento e industrialización del orejano y otras especias, la Ley 70 de electrización rural del 28 de enero 2013 y Ley 425 del 23 de marzo 2021, que contempla un programa genético, entre otras.