De 11 leyes aprobadas para Tarija, 6 eran para extraer sus recursos

De 11 leyes promulgadas para Tarija en los últimos cinco años, es decir, de la anterior gestión legislativa nacional, seis fueron para extraer sus recursos naturales, según se observa en la página web de la Cámara de Diputados, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) tenía los dos tercios.

El País contabilizó las leyes promulgas que llevan el nombre de “Tarija” y “Chaco”, el resultado arrojado fue que entre 2016 y 2020 se dieron 11 normativas, que se centran más en extraer los recursos naturales de este departamento.

Desde el epicentro político de Bolivia, a 889 kilómetros de Tarija, se promulgó la Ley 857 del 28 de noviembre del 2016 para autorizar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suscribir contrato de servicios petroleros para la exploración y explotación de áreas reservadas, correspondiente al área Aguaragüe Centro, con la empresa YPFB Chaco. Seis meses después, el 9 de junio del 2017, mediante la Ley 957 ese órgano aprobó el contrato firmado por la estatal para ese fin.

Ese mismo año, cuando apenas había pasado la celebración de la Navidad, el 26 de diciembre del 2017, se promulgó la Ley 1013 que aprueba la adenda al contrato de operación del área Caipipendi, ubicada en los departamentos de Chuquisaca y Tarija.

El 7 de abril del 2018 venían más leyes, pero seguían el orden de la industria extractiva, se trataba de la 149 y 150 que aprobaron los contratos de exploración y explotación en áreas reservadas a favor de YPFB, la primera en San Telmo Norte y la segunda en Astilleros, que implica el área de la Reserva Nacional de Tariquía.

Luego, mediante la Ley 1144 del 30 de enero del 2019, se aprobaron 35 contratos administrativos mineros suscritos por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dos de ellos en áreas de Tarija, uno en el municipio de El Puente y otro en Cercado para extracción de minerales calizos.

Otras leyes

Hubo otras leyes aprobadas para Tarija, como la número 876 del 21 de diciembre, que ratificó el acuerdo marco entre Bolivia y Paraguay para la provisión de gas natural, licuado, licuado de petróleo y otros derivados.

Luego está la Ley 881 del 13 de enero del 2017, que aprueba la enajenación a título gratuito de un lote de terreno de 71.404 metros cuadrados de propiedad del Municipio de San Lorenzo a favor del Ministerio de Salud, con la finalidad de construir el “Instituto Cardiovascular”, hospital que no se hizo realidad a la fecha. El diputado Edwin Rosas comprometió una Petición de Informe Escrito (PIE) sobre ese proyecto, pero a la fecha se desconoce la respuesta.

Después, el 23 de mayo de 2017 se promulgó la Ley 948 que declara prioridad nacional la construcción de la carretera doble vía Villa Montes-Yacuiba, obra que fue inaugurada en tres oportunidades la construcción de tres kilómetros de los 95 que tiene la totalidad del proyecto. Pero finalmente quedó abandonada. 

La Ley 932 promulgada el 3 de mayo del 2017 aprobó la enajenación de un terreno del Municipio de El Puente a favor de YPFB para la construcción de una estación de servicios.

El 18 de abril del 2017, mediante la promulgación de la Ley 927, se autorizó la conformación y funcionamiento del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco de forma transitoria, de acuerdo a su Estatuto Autonómico y la Constitución Política del Estado.

Montes pide retribuir con ayuda económica

Oscar Montes, gobernador de Tarija, pidió al Gobierno nacional una reunión para establecer que los niveles de competencia y concurrencia estén bien definidos, de esa manera evitar que unas instancias asuman responsabilidades de otras. Recordó que la crisis no está solo en Tarija, sino en todo el país, pero al Gobierno le toca retribuir lo que el departamento aportó a Bolivia todos los años mediante sus recursos naturales, como el petróleo y gas.