Las mujeres y el desigual acceso a la justicia en el pueblo Guaraní

La violencia, familiar, física y sexual, que se da al interior de las comunidades que pertenecen al pueblo indígena Guaraní del departamento de Tarija, continúa imparable y son las autoridades comunales, ya sea de la capitanía o la Asamblea del pueblo, quienes juegan un rol fundamental a la hora de efectuar una denuncia.

Mariela Melgar, responsable de género de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en Yacuiba, explica que en cada una de las 22 comunidades que pertenecen al municipio existen dos “promotoras de la justicia” encargadas de dar a conocer los hechos que se registran al interior de su comunidad.

"Trabajamos con promotoras de justicia que vendrían a ser como vigilantes de las diferentes comunidades. Si conocen de algún caso, para que puedan dar parte, informar y velar por la seguridad de la comunidad”, dijo a tiempo de explicar que estas mujeres recibieron una capacitación previa.

En caso de que se registre un caso de violencia u otros casos que vayan en contra de la integridad de la mujer, niña, niño o adolescente estos son reportados a las autoridades comunales o al capitán de la comunidad, quien a su vez se encarga de hacer el contacto con la responsable de género.

Posteriormente, la responsable de género es quien hace el seguimiento en el proceso de demanda para que la investigación o sanción proceda de acuerdo a la ley, independientemente de que la denuncia haya sido interpuesta ante la Policía o Ministerio Público, donde el caso llega a estrados judiciales o se queda en las instancias comunales, donde todos los habitantes son convocados a una Asamblea. En ésta se delibera la sanción a aplicar, sin embargo, la mayoría de los casos se queda en llamadas de atención o trabajos comunitarios.

Este procedimiento se realiza debido a que “hay varias comunidades lejanas y las autoridades no llegan hasta los rincones y a veces no hay ni señal para comunicarse”, mencionó Melgar.

Por su parte, la responsable de asistencia legal del Centro de Estudios Regionales de Tarija (Cerdet), Mariel Paz, explicó que no todos los casos de violencia, ya sea familiar, sexual o física, se tratan de la misma manera.

El Capitán, como máxima autoridad, hace prevalecer la Asamblea, donde se delibera y se da una sanción si es que corresponde.

En un estudio publicado hace algunos años atrás se ha visto que las víctimas no toman “caminos rectos o iguales”. Hay casos donde en una situación de violencia familiar, la víctima acude a la Policía o al Servicio Legal Integral del Municipio, hay otros casos donde la víctima del delito acude a la autoridad de su comunidad, capitán o capitana, detalló Paz.

De acuerdo a Paz, existen dos factores que influyen en la toma de decisiones a la hora de realizar una denuncia. La primera vendría a ser la distancia o el lugar donde vive la víctima, si está cerca o lejos de una autoridad de justicia ordinaria y la segunda vendría a ser la confianza que esa persona tiene en su autoridad. “Hay algunas ocasiones donde la víctima desconfía de su autoridad porque suele favorecer o empatizar con el agresor”, dijo.

Sanciones y tratamiento de casos de acuerdo a la gravedad

Cuando se habla de violación a niñas, muchas autoridades comunales ven el caso como grave y ponen la denuncia a conocimiento de la justicia ordinaria. “Van a un puesto policial, al Ministerio Público o a la Defensoría de la Niñez”, refirió Paz y destacó que la situación depende de la gravedad del caso.

Según explicó la Responsable de género de la APG Yacuiba, los casos de violencia física o sexual, por ser considerados graves, no competen a las autoridades comunales, es así que los mismos son remitidos a la Policía, Slim, Ministerio Público o Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.

Dentro del pueblo Guaraní los casos son tratados como leves, graves, gravísimos y dependiendo de la falta se emite una sanción. Entre estos están la primera llamada de atención, una segunda llamada de atención y después de eso recién se aplica el “castigo” o trabajos comunales, que se realizan en huertos, en las postas, iglesias o escuelas. “De acuerdo a la falta que tengan se da el castigo en favor de toda la comunidad”, reiteró Melgar.

Mujeres guaraníes viven en situación de vulnerabilidad

En el caso de las mujeres indígenas los problemas se dan a nivel social, muchas jóvenes se casan a los 15 a 16 años, a muy corta edad tienen varios hijos, dejan de estudiar y no acceden a la educación secundaria, terciaria o universitaria, lo que les genera un nivel de pobreza y dependencia.

Por otra parte, la aplicación de la Ley 348 no se da de una forma efectiva. De acuerdo a Paz, las mujeres indígenas se encuentran en la misma situación de violencia, física, sexual y psicológica que las del campo o ciudad, la diferencia está en que ellas viven en contextos de mayor vulnerabilidad.