Alcalde instruye revisar compra de test Covid en gestión de Rodrigo Paz

El alcalde de Cercado, Alfonso Lema Gross, instruyó revisar legalmente la compra de pruebas rápidas de Covid-19 realizada en la gestión de Rodrigo Paz Pereira, en la se advierte un presunto sobreprecio. La autoridad municipal dice que por la información preliminar publicada por el diario El País, lo más probable es que el siguiente paso sea una auditoría y no descarta otras acciones legales en contra de quienes resulten responsables, si amerita el caso.

“Cualquier hecho que genere dudas debe ser investigado, es una de las acciones que vamos a tomar. Estamos trabajando para reactivar la economía y luchar contra la corrupción, porque cualquier centavo que se va por la corrupción deja de llegar a la gente, en un momento que la crisis sanitaria nos tiene complicados – comentó la autoridad –. Vamos a tomar las acciones que correspondan para que de manera inmediata se pueda tener la información por parte de los responsables de las áreas que hicieron las adquisiciones”.

El 17 de agosto la Gobernación adquirió de Medicaltech pruebas rápidas para Covid-19 de la marca Cellex con procedencia de Estados Unidos a 88 bolivianos la unidad.  Al siguiente día esta empresa envió su cotización a la Alcaldía de Cercado para vender esos mismos test a 140 bolivianos cada uno. El 21 de agosto, tres días después, el Municipio optó por comprar esos mismos productos a 160 bolivianos la unidad de Farmasuarez y, recién el 3 de septiembre tomó en cuanta la oferta de Medicaltech, aunque igual el precio fue muy por encima de lo que pagó la Gobernación y de lo que la misma empresa ofertaba en su cuenta Facebook.

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Por su parte, el director de Transparencia del municipio de Cercado, Oscar Vargas, indicó que no le llegó ninguna denuncia formal, pero la información publicada por el diario El País es suficiente para actuar de oficio sobre las adquisiciones de pruebas rápidas que hizo la institución edil.

En ese sentido, el funcionario indicó que el 27 de octubre solicitó a la Secretaría de Desarrollo Humano que remitan toda la información sobre el proceso de compra de las pruebas rápidas, de esa manera hacer un análisis al respecto.

Vargas dijo que el 28 de octubre le llegará la documentación para hacer una valoración y definir si harán o no una denuncia de oficio. Estima que en el transcurso de esta semana emitirán un pronunciamiento.

Mientras, el concejal Alberto Valdez aseguró que está en proceso una Petición de Informe Escrito (PIE). Mediante ese mecanismo busca tener información oficial del Ejecutivo en lo que refiere a todo el proceso de compra, así analizar si toman acciones legales al respecto.

Para Valdez, también es necesario que la Dirección de Transparencia pueda actuar de oficio e investigue el caso, para luego emitir un pronunciamiento al respecto.  

“Nosotros queremos tener más información para acelerar los procesos, no queremos que pase el tiempo y se pierda el tema sin que haya un esclarecimiento – comentó el concejal –. Vamos a pedir que la Dirección de Transparencia que también pueda pronunciarse”.