Piden agilizar sanciones por uso de bienes públicos en campaña

Al aproximarse las elecciones se vuelven más recurrentes las denuncias sobre incumplimientos de la Ley 026 de Régimen Electoral, específicamente en cuanto a quienes al momento cumplen una función pública y estarían usando bienes o personal estatales para la campaña.

Uno de los casos es el que involucra al alcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila Navajas, en contra de quien ya existe una denuncia en el Tribunal Electoral Departamental (TED) por el no respetar las prohibiciones del uso de bienes públicos en actos de proselitismo.

Esta denuncia indica que el ejecutivo municipal habría faltado a la Ley específicamente el 23 de septiembre en un acto de entrega de abono para los comunarios de Corana Norte. Allí habría intentado inducir a los asistentes a votar por el Movimiento al Socialismo (MAS) entregando a cada persona una bolsa de coca en cuyo interior había una fotografía de su binomio presidencial compuesto por Luis Arce y David Choquehuanca.

Quienes acudieron optaron por grabar en audio, fotos y video las palabras de Ávila.

“He traído un regalito aquí, he traído coca. Pero aclaro que viene con propaganda política, viene para decir dónde votar. Esto manda el presidente Evo desde el Chapare, los que quieran conca con la cara de Evo hacen fila”, indicó a tiempo de comenzar la entrega de las bolsas.

Denuncia Si se dicta como procedente una denuncia funcionarios públicos, se remiten antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público para evaluar si existe responsabilidad penal.

Posteriormente la autoridad indicó que el actual gobierno estaría preparando un gasolinazo y la suba del dólar, por lo que votar por Arce sería la única opción para garantizar la estabilidad económica y social.

Cercado

Otro de los casos es el del alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, a quien denuncian por la misma falta al llevar a trabajadores y usar bienes del Gobierno Municipal a actos de entrega de obras en los que también se realizaría proselitismo a favor de la alianza Comunidad Ciudadana, por la que es candidato a primer senador.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Roberto León, dijo haber recibido los reclamos por parte de los trabajadores quienes manifestaron que se los obliga a participar de la inauguración de casas de campaña y distribución de propaganda.

“Se está obligando a los funcionarios a participar bajo listas y amenazas de despido (…) hay funcionarios que tienen baja médica”

Paralelamente el abogado Gustavo Medina presentó ante el TED una denuncia contra Paz este viernes arguyendo que el 15 de septiembre el GAMT organizó un festejo por el aniversario del barrio Luis Pizarro, donde acudió personal y llegó el candidato a diputado por la circunscripción 40, Edwin Rosas, en un vehículo municipal.

“Se constituyeron vehículos y funcionarios, entre ellos la funcionaria Blanca Cardozo que es presidenta del barrio. Mientras tanto iba arriba del vehículo el señor Edwin Rosas”, dijo.

Al respecto, Paz indicó que todas estas acusaciones serían falsas y que no se obliga a nadie a acudir a los actos de campaña

Reglamento

Desde el Órgano Electoral se publicó el reglamento de la propaganda y campaña electoral para los comicios del 18 de octubre. Ahí se establece a partir del artículo 30 las prohibiciones y las faltas.

En cuanto al procesamiento de las denuncias indica que las mismas deben establecer si son de alcance nacional o departamental, en este último caso se reciben en el TED. Posteriormente se notifica al denunciado y en tres días debe dar una respuesta. Luego es la entidad la que define si corresponde una sanción.

 Las sanciones varían según la gravedad

Las faltas electorales se clasifican dependiendo del infractor, pudiendo ser las organizaciones políticas, los candidatos o candidatas y los medios de comunicación. Las multas pueden ir desde el pago de dos salarios mínimos o la inhabilitación dependiendo de la gravedad de la falta.

Por lo general se opta por sanciones de tipo económico sobre el infractor y no sobre la sigla política, al considerar que podría vulnerar los derechos de otros candidatos.