Brigada observa distribución de recursos en ley del 12% del IDH

La Comisión de Planificación de la Brigada Parlamentaria de Tarija remitirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia, las observaciones que se plantearon a la distribución de recursos para las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y universidades según establece el proyecto de ley de recuperación del 12 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

“Hemos tenido una sesión (el lunes) donde se abordó la propuesta que emitió Alfonso Lema (Concejal de Cercado) y hay algunos cambios para considerar. Se está remitiendo a la Comisión de Planificación para que se hagan la modificación. Nuestros diputados harán su representación en La Paz y se convocará a varios sectores para no vulnerar los derechos de Tarija. El proyecto de ley se encuentran en comisión por lo que se pueden realizar modificaciones”, manifestó Henry Chávez, presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija.

Lema envió una carta dirigida a la  Brigada Parlamentaria de Tarija en la cual señala que, la distribución en base al criterio que se plantea en el proyecto de Ley 179 perjudica los intereses del departamento. Detalló que el porcentaje previsto del 48 por ciento para los gobiernos municipales con población menor a 50 mil habitantes, un 30 por ciento a los municipios con población mayor a 50 mil habitantes, un 15 por ciento para las gobernaciones y un 7 por ciento a las universidades, no es favorable para Tarija.

El 1 de diciembre de 2015 se promulgó la Ley 767 de promoción para la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos y se creó el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, con el 12 por ciento de los recursos provenientes del IDH, percibidos a partir de enero de 2016. Desde esa fecha hasta mayo de 2020, Tarija aportó 35 millones de dólares.

Sin embargo, la ley de recuperación del 12 por ciento propone la distribución de 100 millones de dólares a todas las ETA y universidades de Bolivia con el criterio antes mencionado. De tal manera, El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz recibirán un 52 por ciento más de lo que aportaron entre el 2016 hasta mayo del 2020. En este caso, Tarija, Potosí, Sucre, Trinidad, Cobija y Oruro recibirán el 42 por ciento menos del aporte realizado.

Lema observa que también existiría una mala distribución de los recursos para los municipios del departamento de Tarija. Por ejemplo, Yunchará recibirá el 217,89 por ciento más de lo que aportó y Yacuiba, que es el municipio que tiene un alto índice de casos Covid-19, recibirá un 95,88 por ciento menos.

Por su parte, el alcalde de Uriondo y presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, Álvaro Ruiz, indicó que esta propuesta se tomará en cuenta y suma un criterio al proyecto de los municipios, pero que se deben tomar en cuenta otros factores, además de la cantidad de población por municipio.

“No son los recursos ideales. No es lo que realmente deberíamos recibir, pero es algo que nos ayuda. Hemos recibido menos recursos de coparticipación de enero a abril. Tenemos un déficit de 900 millones de bolivianos. Nosotros hemos planteado un criterio de acuerdo a lo que ha planteado cada municipio. Se respeta el cálculo pero en una evaluación y consenso con los demás municipios hemos tomado en cuenta otras propuestas. El criterio que hemos encontrado es la solidaridad a los departamentos que están más afectados. No es solo un tema de números sino de solidaridad y complementación a aquellos departamentos que tienen más problemas”, dijo.

El Dato: La Cámara de Diputados aprobó el 3 de junio el proyecto de Ley 179/2019 de recuperación del 12% del IDH

Recursos recuperados se destinarán para salud

El proyecto de Ley 179 de recuperación del 12 por ciento establece que el destino de los recursos recuperados temporalmente será en un 50 por ciento para actividades de prevención, atención y contención del Covid-19, equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas; el 25 por ciento se destinará a la provisión de alimentos para la población; y el restante 25 por ciento al fortalecimiento de la producción local. Las universidades públicas deberán contribuir directamente con las actividades de