Los argumentos de la “contra-agenda” sobre los transgénicos en Bolivia

El gobierno transitorio de Jeanine Áñez ha aprobado el D.S. 4232, que en su artículo único, autoriza de manera “excepcional” que el Comité Nacional de Bioseguridad establezca “procedimientos abreviados” para la evaluación de semillas genéticamente modificadas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. Dando continuidad, así, a la política iniciada por el anterior gobierno de Evo Morales.

Esta determinación ha sido tomada sin considerar ni dar respuesta a un conjunto de cuestionamientos que, tanto desde la sociedad civil como desde ámbitos académico-científicos, se vienen planteando al respecto de esta tecnología biogenética. Alegatos sustentados, que tienen que ver con temas relacionados con salud, deforestación, bioseguridad, seguridad alimentaria, dependencia económica, legalidad, uso de suelos, etc.

En los últimos días, diversos manifiestos y comunicados de distintas organizaciones, instituciones y colectivos han expresado su rechazo al D.S. 4232. En esta nota se presentan los principales argumentos de esta “contra-agenda” sobre la problemática de los transgénicos en Bolivia.

1. La salud en riesgo
Uno de los principales temas controversiales que ha acompañado al uso de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) es su efecto en la salud. El brasilero, magister en Economía Rural y doctor en Ingeniería de Producción, Leonardo Melgarejo –quién recientemente participó de un seminario virtual organizado por Probioma y Cedib sobre la temática–, señala que dos instituciones, de relevancia internacional, tienen posiciones

encontradas sobre el efecto de los transgénicos en la salud.
Por un lado está la Environmental Protection Agency (EPA), un organismo del gobierno de los Estados Unidos que considera que los transgénicos son neutros o inocuos para la salud humana. En cambio, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), en más del 70% de su producción investigativa –sostenida en publicaciones con protocolos científicos a diferencia de los de la EPA– considera que existe una relación causal entre producción de transgénicos y cáncer.

Los principales problemas de salud derivados del uso de los transgénicos tienen que ver con los efectos de los agrotóxicos utilizados en estos cultivos. Pero también se ha demostrado que la modificación genética de los alimentos conlleva la pérdida sustancial de propiedades nutritivas, tal como ha investigado el médico argentino, Damián Verzeñassi –también presente en el seminario organizado por Probioma /Cedib.

2. Peligros para el medio ambiente
Uno de los principales argumentos de los productores de oleaginosas del oriente boliviano es que la introducción de OGM conllevaría menor uso de agrotóxicos, debido a que solo se necesitaría implementar un solo herbicida como el glisofato o el glufosinato de amonio.

En contraposición, diversos estudios argumentan que, además de ser estos agrotóxicos un problema en sí mismos para el medio ambiente, su uso tiende a incrementarse con el tiempo. Un artículo elaborado por un equipo de científicos a la cabeza del investigador Edward Perry, de la Universidad del Estado de Kansas en EE.UU., señala que, debido a la resistencia que generan diversas malezas al uso de glisofato, en ese país del norte se incrementó sustancialmente la cantidad de agrotóxicos utilizados por hectárea.

Otro impacto ambiental preocupante es la contaminación genética. Mediante este proceso los OGM transmiten sus características transgénicas a otras plantas que no tienen ninguna modificación, perdiendo sus propiedades particulares y poniendo en riesgo la biodiversidad.

Un documento del investigador de CIPCA, Néstor Cuellar, señala que “la presencia de maíz transgénico cultivado en el Chaco (...) pone en riesgo las más de 18 variedades nativas de maíz que se han cultivado por generaciones principalmente en las comunidades guaraní. Están en una inminente y silenciosa amenaza de ser contaminadas genéticamente”. Cabe recalcar que este maíz transgénico ya es cultivado de manera ilegal en el país.

3. Incendios y creciente deforestación
Los incendios –que también implican un profundo impacto ambiental– tienen un lugar especial en esta contra-agenda. Más si se considera que, según la economista Lykke Andersen, Bolivia tiene la cuarta tasa de deforestación per cápita más alta del mundo.

El año pasado se incendiaron en el país más de 5 millones de hectáreas, de las cuales 3,6 fueron en Santa Cruz, principalmente en la región de la Chiquitanía, según señala un informe de la Fundación Tierra.

Es importante añadir que los incendios y el uso de transgénicos están relacionados, en la medida en que las quemas son utilizadas para ampliar la frontera agrícola ligada a la producción de monocultivos transgénicos, principalmente soya.

Recientemente se ha llegado a conocer que la soya HB4, cuya introducción fue solicitada por ANAPO al gobierno de Morales, es resistente al estrés hídrico y a la salinidad de los suelos. Propiedades que harían factible su producción en áreas recientemente incendiadas, como en la Chiquitanía o el Beni.

4. Dependencia económica
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha demostrado la profunda dependencia de Bolivia a la exportación de materias primas. El precio de los commodities se ha desplomado en los últimos meses –entre ellos el precio de los monocultivos–, lo que tendrá un gran impacto en la economía boliviana.

Además de ello, debe considerarse la profunda transnacionalización del sector. Como señala el investigador Ben McKay, en su libro “Extractivismo agrario”, si bien la cadena productiva de la soya articula a una gran variedad de actores, son seis grandes compañías las que controlan el 95% del complejo de exportación soyera y solo dos de éstas son bolivianas –con una participación del 18% del total de la exportación–.

Hecho que, como en cualquier modelo tradicional de cadena de valor en que el sector transnacional centraliza el valor agregado, deriva en que este excedente tienda a dejar el país.

5. Poco impacto laboral
En una nota de prensa de ANAPO, publicada a propósito del D.S. N° 4232, se señala que esta medida tendrá un “efecto multiplicador importante para dinamizar la economía y para generar más de 300 mil empleos directos e indirectos”.

El investigador McKay señala que, en 2014, la ANAPO afirmó que la soya generaba 100 mil empleos. Sin embargo, el análisis de este investigador demostraba que “más de 70 mil de estas ocupaciones están clasificadas como ‘productores’, sin embargo, (…) la mayoría de estos ‘productores’ están excluidos del proceso de producción”.

Además, “los empleos generados por el complejo soyero tienden a la precariedad, son estacionales, obedecen a contratos puntuales y generan incertidumbre”. Por este motivo no se tiene claridad sobre cómo se generarían 300 mil empleos más y la calidad de los mismos.

6. Soberanía alimentaria debilitada
Ésta es una de las grandes paradojas del modelo agroindustrial. Mientras más transgénicos se producen, Bolivia ha incrementado cada vez más la importación de alimentos. “La economía boliviana apenas consume productos de soya (…) y el cultivo comercial (…) reemplaza los cultivos tradicionales de consumo interno que bien podrían haber servido como un camino hacia la soberanía alimentaria”, señala McKay.

Es llamativa la evolución de la estructura porcentual de la superficie agrícola del país. El único sector que ha crecido entre 1984-2019 es el de oleaginosas e industriales. Esto explica por qué en estos tiempos de pandemia “el gobierno boliviano, autorizó la apertura de la frontera con Chile y Perú para la internación de más de 4 mil toneladas de alimentos diarios porque Bolivia no tiene alimentos”, como señala Miguel Ángel Crespo de Probioma.

7. Mercantilización y extranjerización de las tierras
Si bien no se tienen datos actualizados sobre la dinámica actual de la configuración de la tenencia de la tierra en el oriente boliviano y sobre los flujos mercantiles, diversos investigadores han demostrado que la agroindustria ligada a los monocultivos transgénicos tiene un impacto considerable en su concentración y extranjerización.

Un estudio de Miguel Urioste, de 2012, señala que para 2007 más del 40% de las áreas de producción de soya eran controladas directamente por brasileros. Aunque, como señala McKay, esta cifra podría ser mucho mayor, debido a que los datos están desactualizados y no existe información confiable al respecto.

También se tiene que considerar que en esta dinámica de acaparamiento de tierras, la propiedad, si bien es un indicador fundamental, no siempre es determinante. Existe un conjunto de pequeños y medianos propietarios que son –nominalmente– dueños de su tierra, pero que, por mecanismos de presión de mercado, dependen totalmente de la gran agroindustria.

Temas que no pueden ser evadidos por el Estado
La cuestión es que estas preocupantes temáticas, expuestas por especialistas, científicos y activistas, ameritan su consideración por parte del Estado. Su tratamiento no puede ser omitido por la crisis de la pandemia y, por su relevancia, debería ser abordado por un gobierno que no sea de transición.

Vulneración del Estado de Derecho
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece, en su Artículo 255, lo siguiente: “Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”. En strictu sensu la producción de transgénicos en Bolivia es una actividad ilegal.

Acompañan a la CPE la “Ley de celebración de tratados” (N° 401), de septiembre de 2013, que en su Artículo 4 reproduce la misma prohibición establecida en la carta magna.

También la “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” (N° 300), del 15 de octubre de 2012, que en su Artículo 24 plantea que se deben “desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país”.

La violación sistemática, consciente e intencionada de la Constitución Política del Estado y su marco normativo por parte del ejecutivo se entiende como una vulneración del Estado de Derecho. El 18 de abril de 2019, el gobierno de Evo Morales emitió el D.S. Nº 3874, muy similar al D.S. Nº 4232, emitido por Áñez el pasado 7 de mayo. Ambos decretos –con un solo artículo– autorizan procesos abreviados para la evaluación de semillas transgénicas.

Por otro lado, el Artículo 232 de la CPE establece que “La Administración Pública se rige por los principios de (…), transparencia, (…) honestidad, responsabilidad”. En este sentido, el hecho de que el Comité Nacional de Bioseguridad funja como una instancia “secreta” del Estado, representa también una violación al marco jurídico nacional. ¿Cómo, de ser necesario, sus miembros podrían ser imputables por la responsabilidad de sus actos si no se conoce sus identidades?