Bolivia y sus vulnerabilidades ante la COVID-19

Según las últimas estimaciones de la CEPAL, el Producto Interno Bruto de Bolivia crecerá en -3% en el 2020. Si bien este decrecimiento será inferior al promedio de la región (-5,3%), distintos análisis coinciden en que el país es particularmente vulnerable frente a la crisis sanitaria y sus efectos podrían ser devastadores.

La deficiente calidad del sistema de salud, la poca disposición de recursos fiscales para enfrentar la contingencia y la dependencia económica de la exportación de materias primas, son las dimensiones más sensibles frente a la actual contingencia. Aún en los escenarios más optimistas ⎼un pronto control de la pandemia⎼, las vulnerabilidades relacionadas a estos temas acarrearán consecuencias en el mediano y largo plazo.

Los problemas antes de la pandemia
Las estimaciones de varios organismos internacionales otorgan a Bolivia un crecimiento negativo de su PIB de entre 3 y 3,7% para este año. Si se considera el crecimiento poblacional la situación es aún peor, ya que el PIB per cápita podría llegar a caer hasta un 4,7 por ciento. Será la primera vez desde 1986, cuando finalizaba la crisis inflacionaria, que el crecimiento del país entrará en números rojos.

La crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus encontró a la economía boliviana en un momento particularmente difícil. Desde el año 2013 ⎼que fue el año con el crecimiento más pronunciado de las últimas cuatro décadas (13%) ⎼ la tasa de crecimiento del país tuvo una tendencia a la baja, llegando a poco más del 4% en el año 2018.

La disminución del precio internacional de las materias primas y los conflictos sociales que se suscitaron luego de las elecciones de octubre, hicieron que el PIB creciera tan solo 2,7% en 2019. El crecimiento más bajo desde el año 2003. Esta situación era de por sí preocupante y muchos economistas la consideraban el preámbulo de una crisis. En ese delicado escenario se iniciaría la actual contingencia sanitaria.

Una economía particularmente vulnerable
Diversos informes señalan que Bolivia es uno de los países que se encuentra en situación de alta vulnerabilidad para enfrentar la pandemia. Entre estos destaca el documento de Oxford Economics, que en un estudio de 31 países considerados para esta institución como "mercados emergentes", Bolivia ocupa el lugar de mayor vulnerabilidad, por encima de algunos países de Asia y África.

Existen varios factores que hacen especialmente vulnerable a la economía boliviana. El más inmediato tiene que ver con la situación de la salud. Como señala el BID, "en Bolivia no se han hecho grandes inversiones en los sistemas de salud pública, (...). Por lo tanto, en caso de que el brote de COVID-19 (...) no se pueda controlar, el costo en términos de mortalidad y morbilidad podría ser potencialmente elevado, lo que daría lugar a un choque en la oferta de mano de obra".

En los últimos 20 años el país ha tenido una tendencia decreciente en el porcentaje de la inversión pública destinada en salud, llegando a tasas inferiores al 4% del total de la inversión pública en algunos años de la última década. Un "choque de oferta de mano de obra" podría significar la vida de miles de personas y la necesidad de utilizar recursos destinados a otras áreas para contener esta tragedia humana.

Por otro lado, Bolivia tiene un gran problema porque su déficit fiscal es uno de los más grandes de la región. El año 2018 alcanzó el 8,1% respecto al PIB y datos preliminares para el 2019 establecen que la cifra llegaría a ser del orden del 7,2%.

La complicación es que durante la actual contingencia sanitaria, el Estado deberá incrementar significativamente sus gastos en salud para poder paliar los efectos de la pandemia. También incrementará los gastos sociales destinados a amortiguar los efectos de confinamientos largos, como el desempleo, la falta de ingresos del sector informal y la paralización del sector productivo.

Esto implicará la necesidad de financiar ese gasto fiscal y su incremento con deuda. El inconveniente es que para países como Bolivia, la crisis del coronavirus implica que, como consecuencia de la incertidumbre en el mediano y largo plazo, los costos del financiamiento sean más elevados. Lo que significa que si no se establecen mecanismos de cooperación y financiamiento solidario con el país, Bolivia estará hipotecando gran parte de recursos futuros en deudas elevadas.

El Banco Mundial estima que la deuda pública del país se incrementará hasta llegar a representar 69,2% del PIB en este año, doce puntos porcentuales por encima que en 2019.

El tercer componente de profunda vulnerabilidad de la economía boliviana es la dependencia que tiene el país a la exportación de materias primas. Un problema estructural que Bolivia arrastra a lo largo de su historia y que se profundizó en la última década.

Aún es incierto el alcance que tendrá la desaceleración económica en las cadenas globales de valor y en el consecuente constreñimiento de la demanda de materias primas. Aunque es un hecho que Bolivia verá reducirse de manera pronunciada la cantidad y el valor de sus exportaciones, dado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el país concentra el 87% de sus exportaciones en hidrocarburos, minería y soya. Productos que son exportados con poco o nulo valor agregado.

La renta hidrocarburífera, que básicamente corresponde a los excedentes provenientes de la exportación de gas natural a Argentina y Brasil y que implica el 31% del valor total de las exportaciones, se contraerá en los siguientes meses.

El establecimiento del precio de este gas está determinado por una relación que incorpora tres precios de Fuel Oil, dos de ellos en función del precio del barril de petróleo estadounidense WTI, que fue el que en días pasados tuvo una caída estrepitosa hasta alcanzar números negativos.

Si bien los contratos de venta de gas natural consideran un rezago trimestral en la variación de los precios del petróleo, en unos meses más se hará efectivo el descenso considerable del valor de estas exportaciones.

Como señala el analista del CEDIB, Pablo Villegas, además de que tendremos que continuar vendiendo gas a precios muy bajos, esta situación tendrá como correlato un descenso brusco en el ingreso de diversas instituciones públicas nacionales, regionales y locales. Instituciones que, en contrapartida, necesitarán más recursos para enfrentar los efectos de la pandemia.

Situaciones similares suceden en otros mercados de materias primas, que han visto disminuir el precio de los productos debido principalmente a la contracción de la demanda del mercado chino. En el caso de los minerales, por ejemplo, el precio del zinc se ha reducido en más del 20% desde inicios de año. Mientras que el precio internacional de la soya cayó en más de 11 puntos porcentuales desde enero, aunque se espera una leve mejoría debido a la contención parcial del virus en el gigante asiático.

Efectos que preocupan
Mientras no exista tratamiento ni una vacuna que inmunice a la población frente a la COVID-19, la principal tragedia será la humana. Pero con ella ⎼o más bien en el intento de frenarla a través de procesos de distanciamiento social⎼ una serie de efectos que son en parte consecuencia de problemas estructurales de la economía boliviana aflorarán de manera intempestiva.

Quizá la más evidente ⎼y que ya está cobrando muchas "víctimas"⎼, es la afectación que sufrirá el empleo, tanto formal como informal. El 45% de los trabajadores bolivianos pertenecen al sector informal y en la mayoría de los casos su sobrevivencia depende del día a día, por lo que las largas cuarentenas afectarán significativamente su poder adquisitivo.

Por el otro lado, hace unos días la Cámara Nacional de Comercio realizó una encuesta a 4.782 empresarios de todo el país, de los cuales el 82% reconoció que está considerando disminuir su personal para enfrentar las consecuencias de esta crisis. Como explica la CEPAL, "las empresas, independientemente de su tamaño, enfrentan importantes disminuciones de sus ingresos, dificultades para el acceso al crédito y un aumento de la probabilidad de insolvencia".

A esta herida económica se sumará otro conjunto de efectos que harán todavía más complicado el panorama económico. Una de las principales consecuencias de la crisis será el incremento de la pobreza: la CEPAL estima que en América Latina aumentará en más de 4% y la pobreza extrema en 2,5%.

 
Tarija y la vulnerabilidad del gas
Si bien el número de casos positivos oficiales de COVID-19 en Tarija es relativamente bajo, se espera que vaya en aumento en las siguientes semanas, más aún si es que se incrementa el número de tests realizados, ya que proporcionalmente han sido bajos en el departamento.

En este escenario de la pandemia, el gobierno departamental y los gobiernos municipales han comenzado a implementar medidas preventivas y de apoyo a la gestión de la crisis sanitaria, como el equipamiento de salas para acoger a enfermos de COVID-19 o la implementación de bonos que no están siendo distribuidos en otras regiones del país.

Buena parte de estas medidas son posibles gracias a los recursos provenientes de la renta hidrocarburífera, los cuales han fungido como un gran colchón para mitigar las consecuencias de la pandemia.

Sin embargo, según datos de la Fundación Jubileo, el 97% de los ingresos corrientes del gobierno departamental de Tarija que fueron presupuestados para 2019 provienen, a través de distintos medios impositivos, de la renta hidrocarburífera.

Esta situación podría ser problemática si es que en los próximos meses los precios internacionales de los hidrocarburos se sostienen en niveles tan bajos como los de ahora. La gobernación y varios municipios verán limitada su capacidad de gasto de manera drástica.

La Asamblea Legislativa está preparando una ley que modifica el destino del 12% del IDH que anteriormente se utilizaba para la exploración y explotación de hidrocarburos. Ahora estos fondos se destinaran a municipios, gobernaciones y universidades para afrontar la crisis sanitaria. El problema es que el valor absoluto de ese 12% también se verá dramáticamente disminuido por la caída del precio de los hidrocarburos.

 
La pobreza aumentará significativamente en la región
Una de las principales consecuencias de la crisis sanitaria será el incremento de la pobreza. La CEPAL estima que en América Latina la pobreza moderada aumentará en más de 4%, mientras que la pobreza extrema en 2,5%.