Un 60% de empresas, en plan de pagos por “presión del SIN”

Más de un 60 por ciento de los empresarios de Tarija ingresaron a un plan de pagos “empujados” por el Sistema de Impuestos Nacionales (SIN), como fruto de la “fórmula de presión” a ese sector, el cual fue reconocido por el Gobierno nacional transitorio.

La misma presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, reconoció que los empresarios fueron objeto de persecución impositiva, por lo que se comprometió a frenar esa situación y facilitar la creación de empresas, que no tarde más de tres días y de manera virtual.

El presidente de la Federación Departamental de Empresarios Privados (FDEP), Marcelo Romero, indicó que si bien hay compromisos por parte del Gobierno y un acercamiento con los directivos del SIN, a la fecha no hay acciones concretas que terminen con esa situación, o que permita oxigenar la economía en el sector empresarial.

La formula          

A explicación del dirigente, sus compañeros fueron víctimas de persecución impositiva a consecuencia de las diferencias políticas entre el Gobierno nacional y los departamentales. Las regiones fueron postergadas, una de ellas Tarija. Eso dio lugar a que los empresarios dejen de percibir recursos por los trabajos que realizaban, porque los mismos eran confiscados y manejados de manera discrecional.

Esas acciones desencadenaron en un incumplimiento de la Gobernación por las obligaciones pactadas en diferentes tipos de proyectos, lo que derivó en una iliquidez. Ante esa situación los empresarios no tenían con qué pagar sus impuestos.

“¿Cómo una región como Tarija, que cayó en un 60 por ciento los ingresos para inversión, tenía que demostrar que cada año recauda mayor cantidad de impuestos?, cuestionó Romero. ¿A quién le están sacando o como es el método para demostrar que las recaudaciones suben todos los años? la respuesta es fácil, pues, instalaron un procedimiento de obligar y apretar a las empresas. Como las empresas no podían cobrar por la iliquidez que había en el departamento, el SIN iniciaba procesos con multas hasta que nos empujaban a acogerse  a un plan de pagos”.

En ese sentido, Romero dice que todo el empresariado tarijeño fue presionado para que paguen multas irracionales y que no estaban previstas. Eso se refleja en los planes de pagos, de tres a cinco años. Un periodo considerado como corto.

Sucede que en los últimos años no hubo la inversión necesaria para recuperar la economía y no se puede cumplir con las cuotas fijadas por el SIN. Entonces, al incumplimiento se volverá a aplicar multas y se agrandará la deuda hasta que la deuda real aumente en un 100 por ciento.

Esa situación hace que la gente deje el lado formal para irse a lo informal, este último representa el 70 por ciento del comercio que hay en Bolivia.

El País solicitó en dos oportunidades una entrevista a la gerente regional interina de Impuestos Nacionales en Tarija, María Elena Ramallo, para consultarle sobre este tema, pero la secretaria mencionó que su jefa no iba dar declaraciones porque no tenía autorización de sus inmediatos superiores.

En una anterior entrevista, Ramallo dijo que evidentemente las facilidades de pago es de hasta cinco años plazo. Pero para una ampliación de años tiene que salir una nueva resolución del Directorio Nacional. Cree que con las nuevas políticas del actual Gobierno se analice ese pedido que tienen los empresarios.

“Estamos dando continuidad conforme a las normativas aprobadas por el anterior Gobierno – comentó la funcionaria -. Con los nuevos retos creemos que se analizará si se puede dar más años de plazo. Hay una nueva manera de encarar la gestión, entonces es posible que se pueda analizar ese tema”.