Por día se reciben 8 denuncias por violencia de género
De acuerdo a un informe emitido por el Departamento Nacional de Estadística de la Policía Boliviana, en 2018, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Tarija recibió 3.238 denuncias de agresiones contra la mujer, el 82 por ciento -2.683 casos- sucedieron en el seno...
De acuerdo a un informe emitido por el Departamento Nacional de Estadística de la Policía Boliviana, en 2018, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Tarija recibió 3.238 denuncias de agresiones contra la mujer, el 82 por ciento -2.683 casos- sucedieron en el seno familiar.
Según la directora del Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (Ecam), Peky Rubín de Celis, dentro de la violencia familiar la mayor cantidad de los casos tiene relación con la violencia de pareja, “que se ha institucionalizado en nuestro departamento”, protestó.
Género
Agregó que cada día en el departamento se reciben ocho denuncias de violencia de género, los estudios muestran que detrás de cada denuncia hay seis a ocho casos más que no son reportados, lo que muestra que al día suceden al menos 16 hechos en 24 horas.
En cuanto a las edades de las víctimas, éstas tienen entre nueve y 18 años. En este rango se denunciaron 292 casos, de los cuales 246 corresponden a abuso sexual, violación, tentativa de violación, estupro, corrupción y rapto de mujeres. A esto se suman dos casos contra varones.
Para Rubín de Celis cada día en el departamento se presenta un caso de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, de esas víctimas el 99 por ciento son niñas y adolescentes mujeres y un uno por ciento son varones. “En las ciudades, el campo y las fronteras son ellas las que viven situaciones de violencia sexual todos los días”, puntualizó.
Por otra parte, es en Cercado donde se reportan más casos de violencia hacia la mujer con 2.007 hechos, luego se encuentra el municipio de Yacuiba con 338, Villa Montes con 327 y Bermejo con 260 agresiones.
“Llama la atención la baja cantidad de hombres, no registran bien, lamentablemente los registros estadísticos de las instituciones receptoras –sostuvo-, de denuncia, nunca han cuadrado, esto es histórico porque lamentablemente no tenemos un registro nacional único”, detalló.
Criticó que el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (Sippase) no funcione cuando debería ser el órgano rector, dar las directrices y homogeneizar los datos para que la información pueda ser entendible. Destacó que incluso en las tipificaciones existen diferencias, y esto “habla de omisión y violencia del Estado frente a una problemática”, añadió.
Precisó que cuando un Estado no tiene información, datos e instrumentos sobre un fenómeno social como es la violencia de género, también atenta y violenta a las personas. Además reclamó que cuando se busca acceder a los datos de la FELCV del departamento, no los otorgan en Tarija y se debe recurrir al Comando Nacional de la Policía mediante una solicitud dirigida a su director, lo cual es un gran obstáculo.
El Sippase, un modo de control
El Consejo de la Magistratura es la entidad que se encarga de la certificación del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (Sippase) que inicialmente era de competencia del Ministerio de Justicia, pero fue transferida en marzo de este año.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, informó que en cumplimiento de la Ley 1153 del 25 de febrero esta atribución pasa del Ministerio de Justicia al Consejo de la Magistratura. La Sala Plena aprobó un reglamento para proceder a la entrega de esta certificación.
Explicó que el trámite del certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) mantiene su costo de 50 bolivianos, el Sippase tiene un costo de 35, pero los usuarios también podrán acceder a ambos certificados en un solo documento pagando solamente 50 bolivianos.
Los ciudadanos, para acceder a una función pública, requerían de ambos certificados por separado, pero actualmente pueden acceder a ambos en un solo documento y a un menor costo.
Según la directora del Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (Ecam), Peky Rubín de Celis, dentro de la violencia familiar la mayor cantidad de los casos tiene relación con la violencia de pareja, “que se ha institucionalizado en nuestro departamento”, protestó.
Género
Agregó que cada día en el departamento se reciben ocho denuncias de violencia de género, los estudios muestran que detrás de cada denuncia hay seis a ocho casos más que no son reportados, lo que muestra que al día suceden al menos 16 hechos en 24 horas.
En cuanto a las edades de las víctimas, éstas tienen entre nueve y 18 años. En este rango se denunciaron 292 casos, de los cuales 246 corresponden a abuso sexual, violación, tentativa de violación, estupro, corrupción y rapto de mujeres. A esto se suman dos casos contra varones.
Para Rubín de Celis cada día en el departamento se presenta un caso de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, de esas víctimas el 99 por ciento son niñas y adolescentes mujeres y un uno por ciento son varones. “En las ciudades, el campo y las fronteras son ellas las que viven situaciones de violencia sexual todos los días”, puntualizó.
Por otra parte, es en Cercado donde se reportan más casos de violencia hacia la mujer con 2.007 hechos, luego se encuentra el municipio de Yacuiba con 338, Villa Montes con 327 y Bermejo con 260 agresiones.
“Llama la atención la baja cantidad de hombres, no registran bien, lamentablemente los registros estadísticos de las instituciones receptoras –sostuvo-, de denuncia, nunca han cuadrado, esto es histórico porque lamentablemente no tenemos un registro nacional único”, detalló.
Criticó que el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (Sippase) no funcione cuando debería ser el órgano rector, dar las directrices y homogeneizar los datos para que la información pueda ser entendible. Destacó que incluso en las tipificaciones existen diferencias, y esto “habla de omisión y violencia del Estado frente a una problemática”, añadió.
Precisó que cuando un Estado no tiene información, datos e instrumentos sobre un fenómeno social como es la violencia de género, también atenta y violenta a las personas. Además reclamó que cuando se busca acceder a los datos de la FELCV del departamento, no los otorgan en Tarija y se debe recurrir al Comando Nacional de la Policía mediante una solicitud dirigida a su director, lo cual es un gran obstáculo.
El Sippase, un modo de control
El Consejo de la Magistratura es la entidad que se encarga de la certificación del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (Sippase) que inicialmente era de competencia del Ministerio de Justicia, pero fue transferida en marzo de este año.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, informó que en cumplimiento de la Ley 1153 del 25 de febrero esta atribución pasa del Ministerio de Justicia al Consejo de la Magistratura. La Sala Plena aprobó un reglamento para proceder a la entrega de esta certificación.
Explicó que el trámite del certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) mantiene su costo de 50 bolivianos, el Sippase tiene un costo de 35, pero los usuarios también podrán acceder a ambos certificados en un solo documento pagando solamente 50 bolivianos.
Los ciudadanos, para acceder a una función pública, requerían de ambos certificados por separado, pero actualmente pueden acceder a ambos en un solo documento y a un menor costo.