Imputan a adulto mayor por violencia sexual a menores

El Ministerio Público de Tarija informó este lunes que un hombre de 69 años de edad identificado como Tomás C.V. fue enviado al penal de Morros Blancos con detención preventiva por el presunto delito de violencia sexual comercial agravada en contra de dos menores de 16 y 17 años, con quienes habría tenido relaciones a cambio de dinero y además, les habría contagiado una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS).

Las víctimas estaban recluidas en un inmueble sin tener contacto con sus familias.

Reporte

El fiscal de materia Luis Silverio Gutiérrez informó que el hecho ocurrió en reiteradas oportunidades dentro de un domicilio ubicado en la capital tarijeña donde se presume que el sujeto sostenía relaciones sexuales con las adolescentes, a cambio de dinero, ropa, regalos y juguetes.

La investigación se abrió el 2 de abril, cuando una de las víctimas acudió al Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJDD), donde le diagnosticaron que portaba una ETS. Los médicos notificaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y ésta a la Fiscalía.

Una vez que las autoridades se constituyeron al domicilio donde habrían sucedido los hechos encontraron a la segunda víctima. Ambas fueron rescatadas por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia debido a que ninguna tenía contacto con sus padres.

La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, señaló que la audiencia cautelar fue ante el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar, Anticorrupción y Contra la Violencia a la Mujer Sexto de la Capital, donde se demostró la probabilidad de autoría y los riesgos procesales.

“En la audiencia, la Fiscalía presentó todos los indicios colectados en la etapa preliminar, como el certificado médico forense de las víctimas que demuestran la existencia de hecho delictivo, entrevista e informe psicológico de las menores, informe del médico de turno de la división de gineco obstetricia, entre otros que demuestran la probabilidad de autoría del sujeto”, concluyó.

La resolución judicial dicta reclusión preventiva por seis meses, plazo con el que cuenta la Fiscalía para concluir la investigación.