Los feminicidios no reducen pese a alerta departamental

Las organizaciones de mujeres que integran la Red de Lucha Contra la Violencia a la Mujer se muestran preocupadas, a pesar de haberse declarado una alerta departamental sobre el tema que en su criterio no funciona, los feminicidios continúan.

Según el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, Tarija ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con cuatro casos en lo que va de la gestión. En 2018, en el mismo lapso hubo la misma cantidad de hechos. A nivel nacional se dieron 47 casos, Cochabamba lidera con 13, luego se encuentra La Paz con 10 y Santa Cruz con siete.

Para la responsable de comunicación de la ONG Mujeres en Acción, Celina Tavera, luego de haberse pronunciado en distintas oportunidades en contra de la violencia y lograr se promulgue la Ley 368 de Declaratoria de Alerta por Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género en el Departamento de Tarija, esta no se ejecuta y no se la implementa.

Acciones

La Gobernación ha mostrado algunos datos, dijo, pero se necesita un trabajo más activo, de prevención, que llegue no solo a la ciudad, sino también a los demás municipios y áreas rurales.

Para implementar el plan de alerta se creó la Dirección de Género y Generacional, y luego de una segunda reunión con la comisión interinstitucional que trabajó el plan de alerta se observó que hay lentitud, que es necesario darle más interés a estos temas de prevención, acciones inmediatas, concretas y específicas con sectores y con mujeres de diversas áreas.

Por su parte, la miembro de la Red contra la Violencia a la Mujer, Mariel Paz, apuntó que lamentablemente no existen resultados visibles hasta la fecha, la ley de alerta está vigente desde diciembre del año pasado y tiene un periodo de duración de un año, ya es el sexto mes de su vigencia, el cronograma y el plan de acción no se ha cumplido.

Este es un grave problema porque es una alerta que tiene un año de duración y si hasta terminado el quinto mes no se ha cumplido el cronograma establecido en el plan de acción, hemos perdido la mitad del tiempo previsto para implementar medidas de emergencia. “Somos muy pesimistas sobre los posibles resultados que pueda logra esta alerta”, subrayó.

Apuntó que no se ha logrado montar un componente básico que es implementar un sistema de medición de la violencia de género en Tarija. ¿Cómo podemos saber a dónde apuntamos y si la alerta va a lograr los objetivos que se propone, si no contamos con información básica estadística cuantitativa de las cifras de la violencia con las que partimos y las cifras con las que culminaremos la alerta?, cuestionó.

Si bien el plan de acción, a su juicio, es bueno y fue culminado en enero de 2019, el Gobierno Departamental no tiene la capacidad técnica operativa, administrativa, ni de recurso humanos para ejecutarlo, por ejemplo la capacidad de desembolsar recursos con agilidad. En la última reunión realizada en Yacuiba se dio información vaga y no se dijo exactamente cuál es el monto del presupuesto.

Se buscó la versión de la directora  de Género y Generacional de la Gobernación, Sonia Aguilar, pero arguyó que se encontraba en una reunión y que hoy estará disponible para la entrevista.

EL APUNTE

Tres obstáculos

para la aplicación

de la Ley 368

“Se nos ha dicho que en el Gobierno Departamental hay una iliquidez”, sostuvo Mariel Paz, y que no existe la capacidad de administrar esos fondos, desde definir su presupuesto de manera transparente, hacerlo conocer a la comisión de alerta y de gastar ese dinero. “Es una falla de base, una alerta que tiene un periodo de un año necesita un equipo administrativo y financiero capaz de desembolsar inmediatamente los recursos, se nos pasa el año, no gastan ni un peso, sin dinero no se puede hacer nada”.

Tampoco tiene una capacidad técnica para ejecutar las acciones, no existen recursos humanos especializados en materia de género, lo cual para Paz es un grave obstáculo porque no se puede improvisar sobre la marcha y se debe tener los insumos que permitan hacer las cosas correctamente.

Tampoco tiene la capacidad de articular la convergencia de acciones interinstitucionales. Por ejemplo, recordó, la reunión de la comisión que se realizó en Yacuiba con el objetivo de lograr la presencia de organizaciones y de instituciones del Chaco, pero no estaban presentes actores clave como representantes de los indígenas, cuando la ley de alerta establece que se debe dar prioridad a sectores vulnerables como las mujeres, niñas y adolescentes de esos grupos que son las que más expuestas están la violencia de género.