Burocracia, contrabando y despilfarro agudizan desempleo rural en Tarija

Lucrecia Fernández no recuerda cuántos años tiene, pero sí que vive sola con su esposo (de la misma edad que ella) y que todos sus hijos se fueron de su hogar buscando opciones y alternativas para sobrevivir. Al rato, José-su marido- llega a su casa y al igual que Lucrecia, asiente que sólo los dos habitan ese pequeño hogar, ubicado en Tomayapo.

Él cuenta que en ese momento estaba trabajando la tierra y al ser consultado sobre si esa actividad resulta, responde con un rotundo: “No” y agrega que lo hace por no dejarla abandonada, no hay agua, así vienen esos fenómenos de heladas, sequías y por eso la gente se va. Yo tengo ocho hijos y los ocho se han ido, porque ¿qué van a hacer acá?, unos están en la ciudad de Tarija y otros en Argentina. Se van a trabajar”, revela.


Uno de los sectores más descuidados en Tarija a pesar de los incentivos económicos es el sector del agro.


Muchos campesinos, que prefieren mantener su nombre en reserva, reconocen que el Programa Solidario Comunal (Prosol) no les ha servido de mucho. Pues el dinero no ha sido bien invertido y la falta de orientación técnica ha pesado sobre los resultados.

A esto se suman problemas como los efectos del cambio climático, el contrabando y la libre importación de productos agrícolas que se producen en Tarija, así como la falta de mercados, donde el productor pueda vender sus productos a precio justo. Pero también se pone de manifiesto la falta de calidad de los productos para el consumidor y el abastecimiento.

El exsecretario de Gobernabilidad de la Gobernación de Tarija, Luis Alfaro Arias, agrega que otro de los problemas es la excesiva burocracia que existe en las entidades encargadas de coadyuvar al sector agrícola y por supuesto los presupuestos.

No olvidemos que los recursos que los Gobiernos destinan para la protección social en las zonas rurales "son más bajos y por eso los trabajadores necesitan estar ocupados todo el tiempo para sobrevivir". Pero, cuando el agro falla entonces la mayoría migra a otros lugares y rubros.

La pesada burocracia

Al respecto datos de Fundación Jubileo (2018) muestran que los municipios se han convertido en aparatos burocráticos pesados y con gastos de funcionamiento desproporcionados.

Según explica el editor del suplemento La Billetera, Alejandro Zegada en la gestión 2017 se destinó el 73% del presupuesto municipal para gastos de administración y personal, o sea gasto corriente. En el periodo 2012-2018, el promedio de gastos corrientes municipales alcanzó al 65% del presupuesto, de acuerdo con la misma fuente.

Si bien las citadas leyes vigentes establecen techos presupuestarios máximos (25%) para los gastos de administración y funcionamiento, “los alcaldes y municipalistas encontraron resquicios y artificios para burlar lo que dispone la ley”, afirma la investigadora de la Fundación Tierra Martha Irene Mamani.

Con el elevado gasto administrativo “al menos uno esperaría que mejoren la gestión municipal o su capacidad para dar asistencia técnica, implementar proyectos agrícolas o generar iniciativas productivas”, agrega la experta, pero ello no sucede y una evidencia concreta es la “marginalización y crisis de la agricultura campesina e indígena”.

Contrabando y libre importación

Al formar Bolivia parte de la Comunidad Andina de Naciones y del Mercado Común del Sur el Gobierno argumenta que no puede frenar las importaciones basadas en estos convenios internacionales.

Así lo ratificó el Gobierno en octubre de 2017 tras una reunión sostenida con productores de Tarija, Chuquisaca y Potosí. “No se puede prohibir la importación de productos agrícolas como la papa, ajos y cebolla, como exigen los productores de Tarija y Chuquisaca, por los convenios internacionales que Bolivia tiene que cumplir”, ratificaron.

Más aún, sumado a esto tenemos el problema del contrabando. Los agricultores de San Andrés culpan al contrabando de la papa proveniente del Perú.

El secretario general de la comunidad de San Andrés, Arturo Alfaro, dijo que este problema “mata” al sector, pues no los deja ingresar al mercado nacional. “Nosotros los productores de Tarija y de otros departamentos producimos lo suficiente para mantener a todo el país, pero en los mercados de Oruro, La Paz, Santa Cruz toda la papa que se vende es peruana”, protestó.

Detalló que los precios de la carga de papa boliviana oscilan entre los 120 y 150 bolivianos, lo que hace que la arroba llegue a costar entre 15 y 18 bolivianos. Precio que no cubre los costos de producción del agricultor. Agregó que eso no solo sucede con este alimento, sino también con la uva que viene de Chile, además de la cebolla y ajo provenientes de Argentina.

Por su parte, el gerente de la Cámara Agropecuaria de Tarija (CAT), Esteban Miranda, indicó que la invasión de productos foráneos desplaza a los productores locales, generando una paralización en la economía de las familias.

Esto según explica ha originado que un 15% de los productores afiliados a esa instancia, que tienen créditos en entidades bancarias, haya pedido cooperación para gestionar una reprogramación de préstamos económicos, al tener dificultades de liquidez para cumplir las cuotas mensuales.

El cambio climático

Más aún, seguimos enumerando dificultades. Respecto al cambio climático podemos decir que los desbordes de los ríos, las heladas, granizadas y cualquier otro giro del clima afectan de manera inesperada al sector del agro. Desde donde aseguran no tener el suficiente asesoramiento técnico para enfrentar estos problemas.

El dirigente campesino Carlos Acosta Vides, actual presidente del MAS en Tarija, explicó a El País que si bien hay el Seguro Agrícola no está teniendo mucho éxito- por ejemplo en Uriondo- porque significa un pago.

“Hace unos cuatro años pagamos el Seguro, hubo una granizada en Ancón, los técnicos hicieron la evaluación, pero entre los pasajes y gestiones que hay que hacer para poder cobrar el Seguro, muchas veces no llega a cubrir la pérdida, peor si hay una granizada, los viñedos generalmente desparecen y es una perdida mayor, porque cultivar una hectárea de vid cuesta mucha plata, se invierte no sólo en plantines, sino también en postes, mallas y cuidados”, detalló.

Uno de los hechos más recordados en lo que va de este año y que ha afectado al agro es el desborde de ríos. Entre los sucesos más fuertes está el ocurrido en el municipio de Entre Ríos.

La madrugada del 16 de enero Entre Ríos, amaneció anegado por el desborde del río Pajonal, lo que causó la muerte de animales y destrozos en viviendas y cosechas. Cientos de hectáreas de cultivo y animales perecieron.

Según un reporte oficial, las comunidades afectadas fueron Moreta, Naranjos, Alambrado, Valle del Medio, La Cueva, Huayco el Tigre, Salinas, Pajonal y un barrio ubicado a pocas cuadras de la plaza principal de Entre Ríos.

Según el dirigente Acosta otro problema constante es la sequía. Según asegura se han perdido alrededor del 40 por ciento cuando el río Camacho se secó al cien por ciento. “No había agua ni para las aves, y la producción se perdió mucho, algunos sembraban 30 a 40 cargas y apenas han recuperado algo de semilla”, explicó.

La falta de mercados y los revendedores

Pasados todos estos tropiezos y una vez que los campesinos logran sacar sus productos a los mercados se chocan con una nueva barrera que es la falta de mercados de venta directa de sus productos.

Según aseguran -nuestros entrevistados- no poseen un espacio, donde puedan ofrecer sus productos, ya que el mercado campesino, que nació con esta iniciativa fue poco a poco cambiando hasta transformarse simplemente en un mercado de revendedores.

En ese sentido, se necesitan mecanismos para lograr que el campesino pueda tener garantizados los mercados y la venta de sus productos a un precio justo que garantice que recupere lo invertido y que además pueda tener una ganancia por la sacrificada labor que desempeña en el campo.

¿Despilfarro? Y ¿corrupción?

El Prosol siempre estuvo rodeado de denuncias y de serias sospechas de despilfarro de recursos, además de falta de auditorías. Autoridades departamentales en repetidas ocasiones afirmaron tener pruebas de ciertas estafas en el sector del agro.

Si bien el proyecto inicial apostaba por el individuo – familia, con el tiempo se vio la necesidad de concentrar esfuerzos y la unidad central pasó a ser la comunidad, incluso vía reglamento se obligó a concentrar las iniciativas en planes quinquenales para lograr cambios a largo plazo.

Los más críticos del programa, entre los que estaba Luis Alfaro aseguraban que ni siquiera el 50 por ciento de los recursos llegaban a beneficiar a los campesinos, mientras que muchos funcionarios y ex autoridades han lucrado con el programa.

En 2016 documentación oficial reveló que nueve empresas malversaron 22 millones del Programa Solidario y Productivo Comunitario (Prosol) durante los años 2013 y 2014.

En ese mismo año (2016) la dirigencia campesina admitió que se habían cometido irregularidades y también reconocieron los problemas que surgen a partir de la participación de empresas intermediarias en las adjudicaciones, lo que conlleva una suerte de padrinazgos, lo que deja por el camino la mitad de los recursos.

La migración por falta de trabajo y condiciones

Todo este panorama impacta en la economía rural, uno de los indicadores principales de esto en Tarija se refleja en la zona alta, donde la mayoría de las comunidades se encuentran desoladas, pues el 70% de los jóvenes se ha marchado a buscar mejores condiciones de vida.

La migración de los municipios de la zona alta del departamento de Tarija comenzó hace varios años y continúa en crecimiento. Según el alcalde del municipio de El Puente, Hugo Girón, el 25 por ciento de la población migra de sus comunidades a diferentes puntos dentro y fuera del país porque no logran establecer una actividad económica que pueda sustentarlos.

La mayoría se va con destino al sur, para encontrar trabajo en la zafra y después cruzan la frontera para introducirse al país vecino, casi todos ilegalmente, y encontrar trabajos con salarios por debajo del mínimo.
Normas complicadas
Alejandro Zegada en el suplemento La Billetera hace un análisis del marco legal relacionado al agro. Explica que las normas la Ley 031, Ley 144 o Ley 2878 establecen que los gobiernos municipales no solo poseen mayores competencias que antes, sino que están obligados a impulsar el desarrollo de la actividad agropecuaria y en el marco de estrategias de desarrollo económico local.

Sin embargo, los datos muestran que esta última obligación no se está cumpliendo adecuadamente. ¿Por qué?

Una de las razones identificadas por la experta Mamani-entrevistada por Zegada- es la insuficiente cantidad de recursos con los que cuentan los municipios, especialmente los rurales: “Cuando uno pregunta a los alcaldes sobre el perfil bajo de los municipios rurales en el desarrollo económico local, casi sin dudar señalan que los recursos que administran son escasos. Si nos fijamos en la distribución de los recursos fiscales podemos darle cierta razón porque el nivel central retiene el 60%, y solo el 22% llega a los municipios”.

Esto se agudiza considerando que los municipios cada vez reciben del nivel central más competencias y obligaciones, como la protección social, educación, salud, agua potable, oportunidades económicas/empleo, entre otros.

En síntesis, la experta considera que “actualmente los gobiernos locales rurales no están diseñados para implementar proyectos agropecuarios a pesar de que esta es la principal actividad de sus pobladores”, y que la implementación del desarrollo agropecuario campesino e indígena “no se hará realidad bajo estas condiciones”.

Otro apunte para el análisis es que hasta ahora no se ha tomado en Tarija el sector agropecuario como un dinamizador de la economía departamental sino solo como un abastecedor de alimentos a nivel local. Esto último ha hecho que este problema sea eclipsado.

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