Bolivia aguarda la resolución de la “guerra” en Vaca Muerta

Vaca Muerta es el epicentro de una especie de guerra del gas argentina, que tiene al Ministerio de Hidrocarburos y YPFB a la expectativa luego de tres meses “nefastos” para la exportación, pues el Gobierno argentino ha incumplido sistemáticamente el contrato de compra venta y reducido en un 40% las importaciones, como reconoció una fuente de la secretaría de Energía al diario vacamuertanews.com.ar.  En cualquier caso, el Gobierno argentino insiste en recortar el volumen de compra.

“Si bien Bolivia registró incumplimientos (en la demanda de volúmenes de gas natural), peor fue cortar de un día para otro el 40% de la importación que estábamos obligados a comprar” indicó la fuente en referencia a los menos de 10 millones de metros cúbicos que desde noviembre se compran respecto a los 20 que contempla el contrato.

La decisión no fue gratuita sino parte de un plan concreto orquestado desde la secretaría de Javier Iguacel, ya ex secretario, especialmente interesado en desarrollar la cuenca de Neuquén, donde se ubica el yacimiento de Vaca Muerta, uno de los no convencionales más importantes del mundo y que ya ha llegado a producir hasta 70 millones de metros cúbicos de gas en el mes de agosto.

Iguacel, que acabó renunciando, dio continuidad al plan de su antecesor Juan José Aranguren, que accedió al cargo luego de ser el halcón de Shell en el cono sur. El plan, conocido como Resolución 46, contemplaba fuertes subsidios a la producción de gas en la zona (de hasta 7 dólares por millón de BTU; más de lo que paga por el gas boliviano) y el ingreso de otras ocho petroleras en el área de shale más importante de la región, entre ellas su ex empresa.

Iguacel aplicó el plan de incentivos a la producción mientras seguía elevando las tarifas a los consumidores finales en el proceso de liberalización total del sector. El Ministro argentino también se dedicó a cuestionar la producción boliviana y a asegurar que en dos años (2020), ya no se requeriría de gas boliviano, a la fecha más competitivo que el producido en Vaca Muerta, fuertemente subsidiado, con el fin de incrementar la producción.

En cualquier caso, Iguacel, del ala más neoliberal del gobierno de Macri, acabó renunciando. La posta la ha tomado Gustavo Lopetegui, quien encargó a los funcionarios de Hacienda una auditoría. “Realizaron un diagnóstico crítico de la gestión que llevaron adelante el exsecretario de Energía, Javier Iguacel, y el presidente de IEASA (ex Enarsa), Mario Dell’Aqua. Interpretan, abiertamente, que fue un error restringir de forma unilateral la cantidad de gas que la Argentina compra del país del altiplano, incumpliendo los volúmenes establecidos en el contrato firmado en 2006 que tiene validez hasta 2026” recoge la publicación.

Lopetegui es quien ha tomado la determinación de modificar la Resolución 46 y reducir de 1.500 millones de dólares a 700 los subsidios, además de paralizar las nuevas inversiones de acuerdo a lo encargado por el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo deja mal parado a Tecpetrol, una de las grandes en Vaca Muerta, y estabiliza a YPF, Total y PAE, que no tendrán más competencia por parte de Shell, Exxon y Pluspetrol, que aspiraban a entrar en la ventana.

“Con la resolución 46, la producción total de gas subió 5% el año pasado. Queremos cumplir con la restricción fiscal y, al mismo tiempo, no generar distorsiones de precios en el mercado. Escribimos un borrador y se lo mandamos a las empresas, pero no había manera de compatibilizar los comentarios de todos los participantes con los objetivos del país de llegar al equilibrio fiscal este año y continuar desarrollando Vaca Muerta”, dijeron desde el Gobierno.

Una nueva historia con misma intención

Lopetegui, que ya tuvo reuniones con las autoridades bolivianas, ha dejado claro que no comparte el criterio de Iguacel respecto al incumplimiento de Bolivia ni al criterio de reducir volúmenes unilateralmente y por  fuera del contrato, pero el objetivo es el mismo para el vecino país: reducir el volumen de compra. La decisión soberana del Gobierno boliviano de cobrarse la boleta de garantía de 140 millones de dólares en diciembre - mientras Macri negociaba la ampliación del acuerdo con el FMI – tras esperar la liquidación desde mayo, es un borrón.

El objetivo – señala la publicación argentina - es descomprimir la tensión con Bolivia y reencauzar una renegociación consensuada del contrato de importación. “Bolivia sabe que en el verano sobra gas en la Argentina y eso nos obliga a buscar reducir lo que importamos desde Bolivia en los meses de calor. Tenemos que encontrar una fórmula para ajustar los volúmenes y los precios establecidos”, destacaron allegados a la Secretaría de Energía. “Pero todo forma parte de un paquete, lo primero es recomponer relaciones para volver a armar una mesa de negociación”, agregaron.