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Alcalde Rodrigo Paz contrató otros Bs 833.000 a la misma Farmacia

El Gobierno Municipal resolvió el 4 de diciembre contratar por 833.310 bolivianos a la Industria Farmacéutica Sigma para aprovisionarse de 18.510 unidades del complemento “Carmelo”, cuya distribución entre los adultos mayores es obligatoria por orden ministerial. La adjudicación se...

Ecos de Tarija
  • Redacción Central / El País
  • 14/12/2018 00:00
El Gobierno Municipal resolvió el 4 de diciembre contratar por 833.310 bolivianos a la Industria Farmacéutica Sigma para aprovisionarse de 18.510 unidades del complemento “Carmelo”, cuya distribución entre los adultos mayores es obligatoria por orden ministerial.

La adjudicación se suma a los 17 millones de bolivianos que el alcalde Rodrigo Paz ha entregado a la misma farmacéutica por los suplementos alimentarios para diferentes franjas de edad. Por ejemplo, en el suplemento “Carmelo” se han gastado desde 2015 5,4 millones de bolivianos y en el suplemento Nutri Bebé, en Tarija rebautizado como “Chiqui Feliz” y que también es obligado por parte del Ministerio, se han gastado otros 4,6 millones de bolivianos.

Sin embargo, el programa estrella ha sido el “Superchapaquito”, que no es obligatorio y fue una decisión del gabinete de Rodrigo Paz para dotar de un suplemento a niños de 4 y 5 años. En él se han gastado 6,6 millones de bolivianos desde que lo implementara. Se da la paradoja de que el Servicio Departamental de Salud tiene registrado un índice de desnutrición en esa franja de edad del 1,4 por ciento, diez veces menos que la media nacional, y de acuerdo a la población contemplada en el INE, serían unos 120 niños afectados con ese problema, que podrían haber recibido otra atención específica más generosa que el suplemento entregado a toda la población sin discriminación.

La industria Sigma se vincula familiarmente con el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Fuenzalida, pues es la Secretaría que licita este tipo de suplementos. Fuenzalida reconoció que la gerente comercial departamental de esa empresa es su esposa, pero aseguró que no tiene nada que ver en las decisiones y que él mismo no participa del proceso de licitación sino que se conforma una comisión para ello.

Su antecesor, Germán Hoyos, comprometió una auditoría a todos los procesos de adjudicación a esta empresa de la que sin embargo no se ha informado.

Nueva competencia

La industria Sigma ha sido durante un tiempo la única empresa autorizada por el Ministerio para producir este tipo de suplementos, sin embargo en los últimos meses se ha abierto la competencia a nuevas industrias.

En la licitación lanzada por la secretaría de Desarrollo Humano de Rodrigo Paz y Rodrigo Fuenzalida el pasado mes de noviembre, sí se presentó una nueva empresa. Concretamente Industrias Torrico Antelo (ITA), otra de las grandes del sector, sin embargo la adjudicación volvió a manos de la empresa farmacéutica Sigma, que en esta ocasión sí ajustó los precios.

Mientras compitió en solitario, el precio de adjudicación era de 54 bolivianos la unidad, un precio que también estimaba el Gobierno como conveniente. Sin embargo, en la licitación de noviembre, el precio se redujo hasta los 45 bolivianos, nueve bolivianos menos y una rebaja de casi el 8 por ciento; lo que económicamente ha supuesto un “ahorro” de algo más de 160.000 bolivianos para el Gobierno Municipal.

El secretario Rodrigo Fuenzalida negó en noviembre, unas semanas antes de que concluyera esta licitación, que el parentesco con la gerente comercial de Sigma, que ha resultado beneficiaria, tuviera algo que ver con precios y adjudicaciones.

El alcalde Rodrigo Paz descarta anomalías

Según explicó el alcalde Rodrigo Paz, luego de la designación del secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Fuenzalida, este empezó a trabajar como funcionario público de la institución después de que se le ocurriera crear el tercer suplemento, que no es obligado por el Ministerio. “Su señora no es propietaria de la empresa. Hay varios trabajadores de la prensa que tienen parientes trabajando en el municipio. ¿Es ético o no? El derecho al trabajo es un derecho constitucional”, señaló Paz.

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