Instan a adaptarse a la nueva realidad de los hidrocarburos
Luego de la Fundación Milenio y la Fundación Jubileo, ayer fue el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) el que se sumó al análisis sobre la deriva y el cambio de paradigma en el mercado energético continental y por ende, el papel que va a jugar Bolivia en ese...



Luego de la Fundación Milenio y la Fundación Jubileo, ayer fue el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) el que se sumó al análisis sobre la deriva y el cambio de paradigma en el mercado energético continental y por ende, el papel que va a jugar Bolivia en ese escenario. Un análisis que el Ministerio de Hidrocarburos niega al tiempo que insiste en las buenas proyecciones futuras para el sector en Bolivia.
El recorte de ingresos por la venta de gas, en la medida en que no se han implementado los proyectos de industrialización en Tarija, afectan a los ingresos directos por regalías en la Gobernación de Tarija.
El panel de expertos reunidos por el Cedla en la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra (Utepsa) analizó sobre todo la estrategia económica que los gobiernos de Argentina y Brasil, los dos principales compradores del energético boliviano, prevén tomar en el corto plazo.
Celio Bermann, experto de Brasil, explicó que en el actual contexto la integración energética está determinada por los intereses de las grandes empresas que antes que nada observan la rentabilidad del negocio. Dentro de esos intereses se alinean también los de los gobiernos.
Sobre el negocio del gas en Brasil, Bermann explicó que el nuevo Gobierno encabezado por el ultraderechista Jair Bolsonaro romperá algunos de los tabús sobre medio ambiente que habían frenado el desarrollo de algunos proyectos energéticos para garantizar el autoabastecimiento.
Entre esos proyectos se cuenta la explotación hidrocarburífera en aguas profundas, conocido como proyecto Presal, que ya suministra más de 12 millones de metros cúbicos de gas al mercado interno; pero también las mega hidroeléctricas sobre el Amazonas y que en algún momento se han responsabilizado de las inundaciones en el corazón del continente. El proyecto de Bolsonaro, si bien no es de un corte nacionalista tradicional en lo económico, más bien lo contrario, si pretende utilizar el potencial interno para reducir la balanza de pagos.
Sobre la situación en Argentina, la experta Ana Lía del Valle Guerrero indicó que la política energética de su país se apoyó y lo siguen haciendo más en las operaciones comerciales de las empresas y no en una política nacional que busque dar seguridad energética y jurídica, pero que aun así, las puertas abiertas al gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta (Neuquén) han contribuido a que Argentina logre producción para abastecerse a precios más económicos además de autorizar la exportación.
La experta indicó que el modelo de los ductos como integración regional impulsado en los anteriores gobiernos está dejando su espacio a una visión basada en la tecnología e infraestructura hacia ultramar. Paradigmáticamente, la visión cambia en el momento en que los ductos empezaban a amortizarse y mantenían vigencia y vida útil.
Por su parte, Carlos Arze, investigador del Cedla, indicó que se han desperdiciado 13 años de bonanza y buenos pilares “por parte de un Estado rentista”, que se ha aumentado la dependencia del recurso renovable y que eso se traduce en el abandono de los sectores productivos. Para Arze, la lógica general será una carrera para atraer inversores para el área energética reduciendo estándares sociales y medioambientales.
Un panorama sombrío
En agosto el Ministerio de Hidrocarburos mostró la certificación de reservas en el país, que superó mínimamente la vigente desde 2014 con 10,7 TCF reservas probadas, si bien los expertos de la Fundación Jubileo apuntaron que en realidad, gracias a la inversión en desarrollo, que es la principal en el sector en los últimos años, se han convertido reservas probables en probadas, es decir, con mayor grado de confiabilidad en su recuperación real.
Desde entonces, el Gobierno argentino inició una campaña poniendo en entredicho la confiabilidad de las reservas y de la capacidad de Bolivia de honrar su contrato. De fondo se evidenciaba la intención de rebajar los volúmenes comprendidos en el contrato puesto que Macri, en las antípodas ideológicas de Morales, prefiere financiar empresas privadas amigas que gobiernos enemigos. A la campaña se sumó el ahogo económico: sin pagar el gas desde mayo y con una factura de 450 millones de dólares pendiente, el Ministro Sánchez concedió ampliar el plazo sin aumentar el volumen a entregar, es decir, enviar menos cada año. Finalmente se desdijo, pero desde entonces no ha vuelto a hacer referencias y la Argentina ha empezado a solicitar menos combustible.
En el mismo escenario, el nuevo gobierno brasilero también ha anunciado que recortará a la mitad sus nominaciones y que finalizará el contrato en 2019.
Incertidumbre en precios agarrota al Ministerio
De 2014 a 2016 el problema fueron los precios del petróleo, pero desde que empezaron la recuperación, el problema se ha concentrado en los volúmenes. Bolivia produjo en agosto de 2018 unos 5 millones de metros cúbicos diarios que en el mismo mes de 2017 y solo por la rebaja de compras en Argentina y Brasil no se ha producido un colapso.
Estos días el precio del barril ha vuelto al entorno de los 50 dólares, que es donde lo quiere Donald Trump. Solo en un mes ha perdido 20 dólares, aunque se espera que con las medidas de recorte anunciadas y pactadas con Rusia vuelva al entorno de los 70, donde lo quiere la OPEP. En ese baile cambiario, Bolivia puede acabar maltrecho mientras los proyectos de industrialización se siguen postergando.
El recorte de ingresos por la venta de gas, en la medida en que no se han implementado los proyectos de industrialización en Tarija, afectan a los ingresos directos por regalías en la Gobernación de Tarija.
El panel de expertos reunidos por el Cedla en la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra (Utepsa) analizó sobre todo la estrategia económica que los gobiernos de Argentina y Brasil, los dos principales compradores del energético boliviano, prevén tomar en el corto plazo.
Celio Bermann, experto de Brasil, explicó que en el actual contexto la integración energética está determinada por los intereses de las grandes empresas que antes que nada observan la rentabilidad del negocio. Dentro de esos intereses se alinean también los de los gobiernos.
Sobre el negocio del gas en Brasil, Bermann explicó que el nuevo Gobierno encabezado por el ultraderechista Jair Bolsonaro romperá algunos de los tabús sobre medio ambiente que habían frenado el desarrollo de algunos proyectos energéticos para garantizar el autoabastecimiento.
Entre esos proyectos se cuenta la explotación hidrocarburífera en aguas profundas, conocido como proyecto Presal, que ya suministra más de 12 millones de metros cúbicos de gas al mercado interno; pero también las mega hidroeléctricas sobre el Amazonas y que en algún momento se han responsabilizado de las inundaciones en el corazón del continente. El proyecto de Bolsonaro, si bien no es de un corte nacionalista tradicional en lo económico, más bien lo contrario, si pretende utilizar el potencial interno para reducir la balanza de pagos.
Sobre la situación en Argentina, la experta Ana Lía del Valle Guerrero indicó que la política energética de su país se apoyó y lo siguen haciendo más en las operaciones comerciales de las empresas y no en una política nacional que busque dar seguridad energética y jurídica, pero que aun así, las puertas abiertas al gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta (Neuquén) han contribuido a que Argentina logre producción para abastecerse a precios más económicos además de autorizar la exportación.
La experta indicó que el modelo de los ductos como integración regional impulsado en los anteriores gobiernos está dejando su espacio a una visión basada en la tecnología e infraestructura hacia ultramar. Paradigmáticamente, la visión cambia en el momento en que los ductos empezaban a amortizarse y mantenían vigencia y vida útil.
Por su parte, Carlos Arze, investigador del Cedla, indicó que se han desperdiciado 13 años de bonanza y buenos pilares “por parte de un Estado rentista”, que se ha aumentado la dependencia del recurso renovable y que eso se traduce en el abandono de los sectores productivos. Para Arze, la lógica general será una carrera para atraer inversores para el área energética reduciendo estándares sociales y medioambientales.
Un panorama sombrío
En agosto el Ministerio de Hidrocarburos mostró la certificación de reservas en el país, que superó mínimamente la vigente desde 2014 con 10,7 TCF reservas probadas, si bien los expertos de la Fundación Jubileo apuntaron que en realidad, gracias a la inversión en desarrollo, que es la principal en el sector en los últimos años, se han convertido reservas probables en probadas, es decir, con mayor grado de confiabilidad en su recuperación real.
Desde entonces, el Gobierno argentino inició una campaña poniendo en entredicho la confiabilidad de las reservas y de la capacidad de Bolivia de honrar su contrato. De fondo se evidenciaba la intención de rebajar los volúmenes comprendidos en el contrato puesto que Macri, en las antípodas ideológicas de Morales, prefiere financiar empresas privadas amigas que gobiernos enemigos. A la campaña se sumó el ahogo económico: sin pagar el gas desde mayo y con una factura de 450 millones de dólares pendiente, el Ministro Sánchez concedió ampliar el plazo sin aumentar el volumen a entregar, es decir, enviar menos cada año. Finalmente se desdijo, pero desde entonces no ha vuelto a hacer referencias y la Argentina ha empezado a solicitar menos combustible.
En el mismo escenario, el nuevo gobierno brasilero también ha anunciado que recortará a la mitad sus nominaciones y que finalizará el contrato en 2019.
Incertidumbre en precios agarrota al Ministerio
De 2014 a 2016 el problema fueron los precios del petróleo, pero desde que empezaron la recuperación, el problema se ha concentrado en los volúmenes. Bolivia produjo en agosto de 2018 unos 5 millones de metros cúbicos diarios que en el mismo mes de 2017 y solo por la rebaja de compras en Argentina y Brasil no se ha producido un colapso.
Estos días el precio del barril ha vuelto al entorno de los 50 dólares, que es donde lo quiere Donald Trump. Solo en un mes ha perdido 20 dólares, aunque se espera que con las medidas de recorte anunciadas y pactadas con Rusia vuelva al entorno de los 70, donde lo quiere la OPEP. En ese baile cambiario, Bolivia puede acabar maltrecho mientras los proyectos de industrialización se siguen postergando.