Defensor interviene por un caso de despido
El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, presentó ante el Tribunal Departamental de Justicia dos amparos constitucionales contra la Gobernación por la afectación del derecho a la inamovilidad laboral que gozan las personas con discapacidad, padres y/o tutores de quienes la padecen. Los...
El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, presentó ante el Tribunal Departamental de Justicia dos amparos constitucionales contra la Gobernación por la afectación del derecho a la inamovilidad laboral que gozan las personas con discapacidad, padres y/o tutores de quienes la padecen.
Los recursos fueron interpuestos en representación de Norma Leonor Ajhuacho Coronel, quien se encuentra en condición de discapacidad, y Arturo Vásquez Acuña, padre tutor de una persona con discapacidad declarada interdicta.
El Defensor indicó que en ambos casos la Gobernación argumentó una supuesta reestructuración institucional; no obstante, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija respondió que no existe tal reestructuración ni supresión de ítems o de las unidades organizacionales donde desarrollaban sus funciones las personas afectadas.
“La Defensoría del Pueblo solicitó, ante el Juzgado Público de Familia 1°, se conceda la inmediata reincorporación a los mismos puestos de trabajo y mismo nivel salarial que ocupaban hasta el 18 de enero de 2018 cuando fueron retirados del Gobierno Departamental; el pago de salarios devengados por el periodo en el que los dos afectados fueron ilegalmente desvinculados de la institución departamental, además de los derechos y beneficios que les reconoce la ley”, precisó Tezanos Pinto.
En la audiencia desarrollada en ese Juzgado, la Defensoría del Pueblo indicó que los dos casos fueron registrados e investigados por la Delegación Defensorial de Tarija, ante la evidencia de la vulneración del derecho a la inamovilidad laboral que gozan las personas con discapacidad, padres, madres o tutores de quienes la padecen.
Los recursos fueron interpuestos en representación de Norma Leonor Ajhuacho Coronel, quien se encuentra en condición de discapacidad, y Arturo Vásquez Acuña, padre tutor de una persona con discapacidad declarada interdicta.
El Defensor indicó que en ambos casos la Gobernación argumentó una supuesta reestructuración institucional; no obstante, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija respondió que no existe tal reestructuración ni supresión de ítems o de las unidades organizacionales donde desarrollaban sus funciones las personas afectadas.
“La Defensoría del Pueblo solicitó, ante el Juzgado Público de Familia 1°, se conceda la inmediata reincorporación a los mismos puestos de trabajo y mismo nivel salarial que ocupaban hasta el 18 de enero de 2018 cuando fueron retirados del Gobierno Departamental; el pago de salarios devengados por el periodo en el que los dos afectados fueron ilegalmente desvinculados de la institución departamental, además de los derechos y beneficios que les reconoce la ley”, precisó Tezanos Pinto.
En la audiencia desarrollada en ese Juzgado, la Defensoría del Pueblo indicó que los dos casos fueron registrados e investigados por la Delegación Defensorial de Tarija, ante la evidencia de la vulneración del derecho a la inamovilidad laboral que gozan las personas con discapacidad, padres, madres o tutores de quienes la padecen.
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