Pese a fracasos, Sánchez dice que Tarija dependerá del gas

El ministro Luis Alberto Sánchez reconoció vía nota de prensa la dependencia del gas a la que el Gobierno ha sometido a Tarija luego de décadas de extracción sin otra inversión productiva alternativa, riesgo acentuado por los malos resultados de exploración de la última década. “La economía del departamento de Tarija está indexada, en el corto y mediano plazo, al gas”. En ese entendido enfatizó que el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos en Tarija son fundamentales para su desarrollo. En los últimos años no ha habido éxito en ese cometido y por lo tanto, la producción de gas en Tarija ha pasado de significar casi el 70 por ciento del total nacional en 2014 a apenas el 50 por ciento en 2017.

Desde 2014 tanto San Alberto como San Antonio han entrado en fase de declinación, sobre todo el primero, que de haber llegado a superar los 14 millones de metros cúbicos de gas al día ahora apenas alcanza los seis. Tanto San Alberto como San Antonio, operados por Petrobras, han sido claves para abastecer el mercado de Sao Paolo. En estos años el Ministerio no ha logrado generar proyectos alternativos a esos campos y, en última instancia, ha jugado la baza de ingresar en la reserva de Tariquía para entregar los campos de Astillero y San Telmo a la misma empresa brasilera.

El único campo que ha incrementado su producción es Margarita, que conectado a Huacaya, alcanza ya los 18 millones de metros cúbicos de gas, sin embargo no ha logrado compensar la producción. Desde Margarita se honraba casi en integridad el contrato con Argentina, que requiere ya 20 millones de metros cúbicos. En el área de exploración de Caipipendi se perfora en términos de exploración un pozo en Boyuy, del que no se dan informes desde el mes de abril, cuando ya habían proliferado los rumores de que había pinchado agua.

La falta de renovación de pozos en Tarija ha motivado que los grandes volúmenes de exportación vayan desplazándose hacia Incahuasi, que ya produce seis millones de metros cúbicos y prevé doblar esa cantidad según el último reporte de la reunión Evo Morales – Vladimir Putin celebrada durante la inauguración del Mundial de Rusia.

El gran proyecto alternativo para Tarija era el de la petroquímica del Chaco, que según el plan de desarrollo post nacionalización, debía estar funcionando precisamente en 2018 como eje de un polo industrial del plástico en el Chaco y como principal receptor del gas licuado de petróleo procesado en la Planta Separadora. A la fecha el proyecto está paralizado tras el fracaso de los estudios contratados durante la gestión de Luis Alberto Sánchez como Ministro y, en el mejor de los casos, se prevé tener en funcionamiento para 2023. El proyecto de GLP tampoco aporta valor agregado al departamento, ya que apenas ha exportado unos millones de dólares desde su puesta en funcionamiento.

¿50% de qué?
El Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró en la nota de prensa “la única respuesta que puede dar el gobierno central al gobierno departamental y gobiernos municipales de Tarija para mejorar la economía del departamento son los hidrocarburos. No creo que haya otro recurso o producto cuyo 50% de utilidades se queden en la región. La exportación de vinos está muy bien, pero no da el 50% a gobernaciones, alcaldías y universidades”.

El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación de Tarija, Rubén Ardaya, no quiso entrar a valorar el fondo de la cuestión pero señaló que “habrá que preguntarle al señor Ministro a que se refiere con ese 50 por ciento. Parece que se está confundiendo con el dato”.

El departamento de Tarija recibe un 11 por ciento de las regalías con que se grava el negocio, mientras que el resto va al Gobierno Nacional. Además, de ese 11 por ciento se descuenta un porcentaje por concepto de transporte, es decir, con recursos departamentales se paga el ducto con el que se extraen las riquezas. Respecto al Impuesto Directo de los Hidrocarburos, el porcentaje es reducido y finalista, puesto que financia también competencias nacionales como el pago de la Renta Dignidad, y últimamente se ha menguado en un 12 por ciento para “incentivar” a las petroleras a explorar asegurándoles un pago superior por sus resultados.
Diferentes instituciones han pedido la devolución del 12 por ciento de los recursos confiscados, puesto que no se han visto resultados. En Tarija suponen unos 190 millones de bolivianos en todos los niveles.

YPFB aún no controla toda la cadena de hidrocarburos

El decreto de nacionalización de 2006 también establece la institucionalización de YPFB de modo que pueda asumir la responsabilidad en toda la cadena de hidrocarburos, tal como establece también la Constitución.

El Ministro Sánchez incidió en que “la actividad exploratoria son asumidas a cuenta y riesgo de la empresa operadora o titular del proyecto, en caso de no ser exitoso el pozo explorado, los costos los asume en un 100% la empresa, si afectar un solo centavo a la economía del país”.

Cabe recordar que en caso de ser exitosa, el Estado paga todo lo requerido a través de los opacos “costos recuperables” establecidos en los contratos.