El Chaco ultima presentación de cuatro empresas regionales
El Gobierno Regional del Gran Chaco afina sobre la marcha los últimos detalles para el funcionamiento de unidades administrativas desconcentradas del Gobierno Departamental, como ser el Servicio Regional de Promoción de Empleo (SEREPE), el Servicio Regional de Caminos (SERECA), el Servicio...



El Gobierno Regional del Gran Chaco afina sobre la marcha los últimos detalles para el funcionamiento de unidades administrativas desconcentradas del Gobierno Departamental, como ser el Servicio Regional de Promoción de Empleo (SEREPE), el Servicio Regional de Caminos (SERECA), el Servicio Regional Agropecuario (SEAGRO) y el Servicio Regional del Gestión Social (SEREGES).
El proceso de consolidación de la autonomía regional enmarcada en el Estatuto Autonómico parece haber superado una fase de estancamiento por causales políticas, y desde el Chaco se reportan avances pese a que en un inicio surgían interpretaciones que señalaban al 2020 como el año en el que los resultados del proceso serían plausibles. Sin embargo, al momento la falta de transferencia de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a la región es el principal problema que se afronta para ejercer sus competencias.
La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) transitoria del Gran Chaco, José Quecaña, indicó que el avance se da de una forma ordenada y transparente, cumpliendo lo que manda el Estatuto chaqueño y logrando contar ya con un Programa Operativo Anual (POA) propio registrado en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), que ha fijado techos presupuestarios ajustados a la realidad, tanto para Yacuiba, Villa Montes y Caraparí.
En ese marco, la autoridad aseveró que los constantes viajes a la capital para gestionar proyectos han cesado, lo que ha facilitado los tramites de planificación y programación de presupuesto, erigiendo un Gobierno Regional que cuenta con menos funcionarios pero trabaja para lograr una gestión pública eficiente. Sin embargo, el problema que afrontan al momento sería la falta de transferencia de recursos del IDH. Asegura que se tiene una deuda de 44 millones de bolivianos, por lo que se gestiona un mecanismo ante instancias nacionales para el traspaso sin entrar en conflictos departamentales.
El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, indicó que se está cooperando en la formulación de convenios y el trámite legal que requieren las áreas administrativas de ambos gobiernos para dar cada paso, empero contextualizó que la Ley 927 obliga al cumplimiento a la Ley 79, que en la época de Lino Condori transfirió competencias al Gobierno Regional, algo a lo que remarcó no se han opuesto pero se trabaja en que el proceso sea ordenado y respaldado legalmente, para lo cual se han sostenido reuniones con el Chaco y el Servicio Estatal de Autonomías (SEA).
“Hay coordinación y se está avanzando, hasta fin de año seguramente tendremos resultados más concretos. Como Gobernación no existe una posición política en este tema. Estas unidades administrativas ya venían funcionando mediante las delegaciones efectuadas en la época del interinato de Condori, ahora la autonomía lo que está haciendo es dar un marco administrativo definitivo a lo que ya se venía realizando. El Gobierno Regional tiene competencias que han sido transferidas por la Asamblea Departamental, lo que resta es hacer el detalle de las actividades, el presupuesto que implica cada una de ellas, lo que es un proceso que toma tiempo pero estamos en plena ejecución”, aseveró.
Sobre el tema, el asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Guillermo Vega, expresó que es importante este avance en el Chaco ya que le otorga autonomía de gestión, gracias a acciones que han sido parte de un proceso enmarcado en su Estatuto Regional.
Desde la Asamblea Departamental, indicó que se harán todas las acciones para que los recursos lleguen a las regiones con el fin de que se logre administrar las unidades descentralizadas acorde a su realidad y visión de desarrollo. En este punto, el asambleísta indicó que está aún pendiente la situación de Setar y Emtagas, empresas que en su momento también deberán ser transferidas con la mediación del SEA.
Al respecto, la asambleísta María Lourdes Vaca, explicó que la autonomía regional avanza con la transferencia de competencias que se hizo mediante la Asamblea Departamental, lo que requiere de un trabajo minucioso interinstitucional entre Gobernación y Gobierno Regional. Como Asamblea aseveró que solo queda hacer el seguimiento correspondiente ya que la transición es un proceso exclusivo entre estas dos instancias.
El Chaco apunta a Setar y Emtagas
El Gobierno Regional ha encargado una consultoría para conciliar cuentas con la Gobernación, trabajo que arrojará un informe que dará luces respecto a la empresa Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) y la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas), en las que aseguran han invertido recursos regionales que es necesario dilucidar para que desde el Chaco se pueda asumir la administración y descentralizar estas entidades.
El secretario de Justicia, Yamil García, en este tema aseveró que el Gobernador ha sido claro sobre que si la demanda de la Región Autónoma es tener la administración de esos servicios, la Gobernación no se opone a que puedan hacerlo, por lo que se llevaron dos reuniones con la finalidad de poder avanzar en los requisitos, tomando en cuenta que las empresas por su naturaleza están sujetas a normativas del ámbito regulatorio nacional.
El proceso de consolidación de la autonomía regional enmarcada en el Estatuto Autonómico parece haber superado una fase de estancamiento por causales políticas, y desde el Chaco se reportan avances pese a que en un inicio surgían interpretaciones que señalaban al 2020 como el año en el que los resultados del proceso serían plausibles. Sin embargo, al momento la falta de transferencia de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a la región es el principal problema que se afronta para ejercer sus competencias.
La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) transitoria del Gran Chaco, José Quecaña, indicó que el avance se da de una forma ordenada y transparente, cumpliendo lo que manda el Estatuto chaqueño y logrando contar ya con un Programa Operativo Anual (POA) propio registrado en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), que ha fijado techos presupuestarios ajustados a la realidad, tanto para Yacuiba, Villa Montes y Caraparí.
En ese marco, la autoridad aseveró que los constantes viajes a la capital para gestionar proyectos han cesado, lo que ha facilitado los tramites de planificación y programación de presupuesto, erigiendo un Gobierno Regional que cuenta con menos funcionarios pero trabaja para lograr una gestión pública eficiente. Sin embargo, el problema que afrontan al momento sería la falta de transferencia de recursos del IDH. Asegura que se tiene una deuda de 44 millones de bolivianos, por lo que se gestiona un mecanismo ante instancias nacionales para el traspaso sin entrar en conflictos departamentales.
El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, indicó que se está cooperando en la formulación de convenios y el trámite legal que requieren las áreas administrativas de ambos gobiernos para dar cada paso, empero contextualizó que la Ley 927 obliga al cumplimiento a la Ley 79, que en la época de Lino Condori transfirió competencias al Gobierno Regional, algo a lo que remarcó no se han opuesto pero se trabaja en que el proceso sea ordenado y respaldado legalmente, para lo cual se han sostenido reuniones con el Chaco y el Servicio Estatal de Autonomías (SEA).
“Hay coordinación y se está avanzando, hasta fin de año seguramente tendremos resultados más concretos. Como Gobernación no existe una posición política en este tema. Estas unidades administrativas ya venían funcionando mediante las delegaciones efectuadas en la época del interinato de Condori, ahora la autonomía lo que está haciendo es dar un marco administrativo definitivo a lo que ya se venía realizando. El Gobierno Regional tiene competencias que han sido transferidas por la Asamblea Departamental, lo que resta es hacer el detalle de las actividades, el presupuesto que implica cada una de ellas, lo que es un proceso que toma tiempo pero estamos en plena ejecución”, aseveró.
Sobre el tema, el asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Guillermo Vega, expresó que es importante este avance en el Chaco ya que le otorga autonomía de gestión, gracias a acciones que han sido parte de un proceso enmarcado en su Estatuto Regional.
Desde la Asamblea Departamental, indicó que se harán todas las acciones para que los recursos lleguen a las regiones con el fin de que se logre administrar las unidades descentralizadas acorde a su realidad y visión de desarrollo. En este punto, el asambleísta indicó que está aún pendiente la situación de Setar y Emtagas, empresas que en su momento también deberán ser transferidas con la mediación del SEA.
Al respecto, la asambleísta María Lourdes Vaca, explicó que la autonomía regional avanza con la transferencia de competencias que se hizo mediante la Asamblea Departamental, lo que requiere de un trabajo minucioso interinstitucional entre Gobernación y Gobierno Regional. Como Asamblea aseveró que solo queda hacer el seguimiento correspondiente ya que la transición es un proceso exclusivo entre estas dos instancias.
El Chaco apunta a Setar y Emtagas
El Gobierno Regional ha encargado una consultoría para conciliar cuentas con la Gobernación, trabajo que arrojará un informe que dará luces respecto a la empresa Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) y la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas), en las que aseguran han invertido recursos regionales que es necesario dilucidar para que desde el Chaco se pueda asumir la administración y descentralizar estas entidades.
El secretario de Justicia, Yamil García, en este tema aseveró que el Gobernador ha sido claro sobre que si la demanda de la Región Autónoma es tener la administración de esos servicios, la Gobernación no se opone a que puedan hacerlo, por lo que se llevaron dos reuniones con la finalidad de poder avanzar en los requisitos, tomando en cuenta que las empresas por su naturaleza están sujetas a normativas del ámbito regulatorio nacional.