Oposición y privados se unen para frenar Ley de Empresas Sociales
Opositores y privados se unen para desplegar acciones legales que puedan dejar sin efecto la Ley de Empresas Sociales. El diputado tarijeño, Norman Lazarte, de Unidad Demócrata (UD), confirmó que se están coordinando acciones con el empresariado privado a nivel nacional para presentar un...
Opositores y privados se unen para desplegar acciones legales que puedan dejar sin efecto la Ley de Empresas Sociales. El diputado tarijeño, Norman Lazarte, de Unidad Demócrata (UD), confirmó que se están coordinando acciones con el empresariado privado a nivel nacional para presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El 1 de mayo, el presidente Evo Morales en la ciudad de Oruro promulgó la Ley de Empresas Sociales calificándola como un mecanismo para garantizar la continuidad de los empleos en Bolivia. Tras esto la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) inició las gestiones para presentar un recurso legal, ante una la ley que aseguran es contraria a la Constitución Política del Estado y tiene un carácter confiscatorio que atenta contra las buenas relaciones obrero patronales.
El diputado Lazarte afirmó que en su momento se ha manifestado que más allá de la polémica generada en el sector privado, ya en su contenido esta ley “no es clara” y da lugar a interpretaciones, calificando la normativa como atentatoria contra el desarrollo empresarial, ya que al Gobierno “nunca le ha interesado la opinión técnica de ningún sector” y la legislación se está politizando de cara a las elecciones del 2019.
“Desde nuestro punto de vista es una norma que no va a ser fácilmente aplicable, pero además que va a traer problemas para los empresarios que quieran invertir, al ser esto una nueva muestra de inseguridad jurídica. Esta clase de normas de carácter social se han visto por ejemplo en Venezuela, donde hay una ley similar que generó la fuga de capitales, ya que no garantiza que no existan sabotajes internos configurando causales para que cualquier empresa se convierta en una empresa social”, opinó el diputado.
En ese marco, manifestó que junto con los privados se viene trabajando con un equipo técnico para generar una acción de inconstitucionalidad, ya que existe una vulneración al derecho privado que está garantizado por la CPE y da lugar a situaciones en las que los trabajadores de determinada empresa en quiebra pasarían a tener activos más no los pasivos al declararse un empresa social.
El presidente de la Cámara de la Industria, Comercio y Servicios de Tarija (Caincotar), Gerardo Aparicio, indicó que estas son acciones legales que franquea la ley y aseveró que es lamentable que se haya aprobado esta norma pese a las observaciones del sector, que no estaba de acuerdo desde un inicio.
Asimismo, mencionó que por ende esta ley ahuyenta la inversión y aplaca cualquier decisión de emprendimiento, lo que con seguridad tendrá un impacto negativo en un país donde el empleo formal que es bajo. “La presión ha podido más que la razón, no se ha hecho un análisis verdadero profundo de la realidad económica que vive Bolivia y especialmente la realidad económica que vive Tarija. Es difícil decir que nosotros podamos cumplir con todas estas disposiciones porque estamos en números rojos”, mencionó Aparicio.
El diputado del MAS, Alex Mamani, en contrapunto aseguró que esta ley no afecta al empresariado porque va dedicada a empresas que han quebrado, han cerrado sin pagar o han escapado incumpliendo obligaciones laborales, por lo que no es atentatoria para las que funcionan legalmente.
“Se está mal interpretando y metiendo el miedo de que se quitarán empresas. Esta ley no va a afectar, deben estar tranquilas las empresas que trabajan legalmente, las que pagan beneficios. Sí deben alertarse las que dejan a su suerte a los trabajadores, esas sí según la ley pueden los obreros organizarse y retomar, administrar la empresa”, explicó.
Una misión cumplida para el Presidente
Pese al rechazo del sector empresarial, el presidente Evo Morales continúa defendiendo la promulgación durante los actos de entrega de obras que se realizan en distintos puntos de Bolivia. “Si ese privado no puede o abandona o está en déficit, ahí los trabajadores se organizan para tener una empresa social (…). Queda promulgada nuestra ley de empresas sociales (…) misión cumplida, nos hemos tardado, pero era importante promulgar esta norma que es tan importante para los trabajadores”, indicó
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El 1 de mayo, el presidente Evo Morales en la ciudad de Oruro promulgó la Ley de Empresas Sociales calificándola como un mecanismo para garantizar la continuidad de los empleos en Bolivia. Tras esto la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) inició las gestiones para presentar un recurso legal, ante una la ley que aseguran es contraria a la Constitución Política del Estado y tiene un carácter confiscatorio que atenta contra las buenas relaciones obrero patronales.
El diputado Lazarte afirmó que en su momento se ha manifestado que más allá de la polémica generada en el sector privado, ya en su contenido esta ley “no es clara” y da lugar a interpretaciones, calificando la normativa como atentatoria contra el desarrollo empresarial, ya que al Gobierno “nunca le ha interesado la opinión técnica de ningún sector” y la legislación se está politizando de cara a las elecciones del 2019.
“Desde nuestro punto de vista es una norma que no va a ser fácilmente aplicable, pero además que va a traer problemas para los empresarios que quieran invertir, al ser esto una nueva muestra de inseguridad jurídica. Esta clase de normas de carácter social se han visto por ejemplo en Venezuela, donde hay una ley similar que generó la fuga de capitales, ya que no garantiza que no existan sabotajes internos configurando causales para que cualquier empresa se convierta en una empresa social”, opinó el diputado.
En ese marco, manifestó que junto con los privados se viene trabajando con un equipo técnico para generar una acción de inconstitucionalidad, ya que existe una vulneración al derecho privado que está garantizado por la CPE y da lugar a situaciones en las que los trabajadores de determinada empresa en quiebra pasarían a tener activos más no los pasivos al declararse un empresa social.
El presidente de la Cámara de la Industria, Comercio y Servicios de Tarija (Caincotar), Gerardo Aparicio, indicó que estas son acciones legales que franquea la ley y aseveró que es lamentable que se haya aprobado esta norma pese a las observaciones del sector, que no estaba de acuerdo desde un inicio.
Asimismo, mencionó que por ende esta ley ahuyenta la inversión y aplaca cualquier decisión de emprendimiento, lo que con seguridad tendrá un impacto negativo en un país donde el empleo formal que es bajo. “La presión ha podido más que la razón, no se ha hecho un análisis verdadero profundo de la realidad económica que vive Bolivia y especialmente la realidad económica que vive Tarija. Es difícil decir que nosotros podamos cumplir con todas estas disposiciones porque estamos en números rojos”, mencionó Aparicio.
El diputado del MAS, Alex Mamani, en contrapunto aseguró que esta ley no afecta al empresariado porque va dedicada a empresas que han quebrado, han cerrado sin pagar o han escapado incumpliendo obligaciones laborales, por lo que no es atentatoria para las que funcionan legalmente.
“Se está mal interpretando y metiendo el miedo de que se quitarán empresas. Esta ley no va a afectar, deben estar tranquilas las empresas que trabajan legalmente, las que pagan beneficios. Sí deben alertarse las que dejan a su suerte a los trabajadores, esas sí según la ley pueden los obreros organizarse y retomar, administrar la empresa”, explicó.
Una misión cumplida para el Presidente
Pese al rechazo del sector empresarial, el presidente Evo Morales continúa defendiendo la promulgación durante los actos de entrega de obras que se realizan en distintos puntos de Bolivia. “Si ese privado no puede o abandona o está en déficit, ahí los trabajadores se organizan para tener una empresa social (…). Queda promulgada nuestra ley de empresas sociales (…) misión cumplida, nos hemos tardado, pero era importante promulgar esta norma que es tan importante para los trabajadores”, indicó
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