Cinco madres con una carta y el agua en las manos

El martes 14 de abril, a las siete de la tarde, la Capilla de la Loma de San Juan se llenó de vecinos, cámaras y uniformes. La Junta Vecinal del barrio El Molino había convocado a un “Solemne Acto de Reconocimiento” para declarar vecino ilustre al expresidente Jaime Paz Zamora. Asistió su hijo, el presidente Rodrigo Paz Pereira, en visita a Tarija por el aniversario 209 de la ciudad. Lo que el programa no contemplaba era lo que esperaba en el atrio: cinco madres, algunos niños, un papel en la mano, y una pregunta que le pone las orejas coloradas al gobierno.

El grupo se llama Madres por el Agua y las Infancias de Tarija. Habían circulado una invitación en redes: querían llegar al parquecito de la iglesia con sus hijos, alzar la voz por Tariquía, por el Guadalquivir, por el agua. No alcanzaron a hacerlo. Apenas llegaron al atrio, efectivos de la UTOP y varios civiles de seguridad se acercaron. La teniente Mamani comandaba el operativo. Los uniformados tenían armas a la vista. Se acercaban despacio, tocaban el hombro, repetían la misma frase desde muy cerca: “Se tienen que retirar”. El argumento, kafkiano: “Es un evento con invitación”. Un lugar público, frente a una iglesia, vedado para quienes no aplaudían. Un fotógrafo que estaba entre la gente, en voz baja, le dijo a otro camarógrafo: “Es como en la época de Banzer. Tengo fotos de ese tiempo”. Los vecinos miraban, sonreían y callaban.

Una de las madres logró acercarse a Rodrigo Paz y entregarle una canasta con flores y una copia de la carta. Él la recibió y de inmediato la cedió a alguien de su comitiva. Después llegó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora Liebers, antiguo compañero de colegio de una de las madres. A él sí le dieron la carta y le pidieron que la entregara al presidente.

La carta es una pieza de denuncia documentada y sin concesiones. Recuerda que el Guadalquivir recibe doce millones de metros cúbicos de aguas residuales sin tratar cada año, que las lagunas de oxidación del barrio San Luis llevan más de quince años colapsadas, que Bolivia perdió once millones de euros de financiamiento holandés por incapacidad institucional, y que todo esto ocurrió mientras el departamento administraba seis mil millones de dólares en renta petrolera. Pero su núcleo más duro apunta a Tariquía: el Decreto Supremo 2366 que desde 2015 autorizó actividades extractivas en áreas protegidas, el acuerdo de octubre de 2023 mediante el cual Petrobras negoció directamente con una comunidad de Saicán la licencia ambiental para el pozo Domo Oso X-3, los dos procesos penales abiertos por YPFB y Petrobras contra 29 defensores del territorio, y el pronunciamiento de la CIDH que señala el caso Tariquía como criminalización indebida de defensores ambientales.

El linaje político que se festejaba esa noche tiene su propia relación con esa historia, y una continuidad que no es accidental. Víctor Paz Estenssoro firmó los decretos que abrieron Bolivia al modelo extractivo en los años ochenta. Jaime Paz Zamora gobernó en los noventa bajo los mismos parámetros. Rodrigo Paz, alcalde de Tarija durante años de bonanza petrolera, hereda ahora la presidencia y los contratos que sus antecesores ideológicos normalizaron.

“¿Solo somos vistas cuando hacemos ovaciones y damos las gracias?”, preguntó una de las madres después del bloqueo. Los vecinos del Molino describieron la noche como “hermosa y emotiva”, pero de las madres y sus niños, ni una palabra.

“Tariquía no reza”, dice la carta. “Acusa”. Esa noche, a las puertas de una iglesia, el gobierno eligió no escuchar.