Soluciones para exigir el derecho a la Asistencia Familiar
El Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) entregó a la prensa los resultados de su investigación sobre este proceso en los juzgados de Tarija.
Elena Peña y Gabriela Moscoso del ECAM citaron a miembros de la prensa tarijeña al Club Social para presentar resultados de la investigación con mujeres sobre procesos de Asistencia Familiar (AF). Los datos se recabaron entre enero y junio de este año en los 5 juzgados de Tarija.
Causas y resoluciones
En los años 2021 y 2022, se recibieron 2.163 causas de las cuales solo 1.762 obtuvieron resoluciones de regulación de la AF. “Hablamos de 1.762 personas, niñas, niños y adolescentes (NNA) que van a poder resolver sus necesidades”, dijo Peña, para quien la AF es un derecho, establecido en el Art. 60 de la CPE, que protege el bienestar de NNA y ofrece una mirada interseccional de la violencia que sufren muchas mujeres.
Moscoso explicó que hay tres formas de resolución de AF. En el 50% de casos, los progenitores llegan a un acuerdo por su propia voluntad, homologado en un juzgado. Un 16% encuentra el acuerdo con la mediación de un juez en una conciliación intraprocesal. El restante 34% solo se resuelve con la determinación judicial del monto de la AF.
Requisitos y datos
Un proceso de AF se puede iniciar en el SLIM, la Defensoría de la Niñez o Adolescencia, o Juzgado Familiar. Los requisitos: Certificado de nacimiento original del o la menor de edad, fotocopia de carnet de identidad de la persona solicitante (madre, padre o tutor), croquis de domicilio de la persona demandada, y número de cuenta a nombre del o la menor donde la persona solicitante sea titular.
Por ley, el monto mínimo de AF para cada hijo es de 472 bolivianos, es decir, el 20% del salario mínimo nacional. Ningún juez puede fijar un monto menor en ningún caso, y por cada hijo se debe aportar el mismo monto.
Problemas y soluciones
Las causas nunca se cierran, solamente se archivan. Si una persona desea continuar un proceso, solo debe acercarse al mismo juzgado o institución en la que inició. Ahora, hay motivos por los que una causa no se resuelve. El más común, la falta de requisitos como el certificado de nacimiento.
Las causas nunca se cierran, solamente se archivan. Si una persona desea continuar un proceso, solo debe acercarse al mismo juzgado o institución en la que inició.
Tramitarlo cuesta 50 bolivianos, pero hay personas que no disponen de ese dinero fácilmente. Por tanto, el SERECI determinó que se emitan copias legalizadas de partidas de nacimiento, justificando la solicitud con un informe social que acredite el estado de vulnerabilidad de la persona beneficiaria. De igual manera, los jueces de familia pueden requerir de la ASFI una orden para que los bancos correspondientes emitan extractos bancarios para la verificación de aportes de AF.
De fondo
En una familia, la madre o el padre que se ausenta tiene la responsabilidad de prestar AF. En la gran mayoría de casos, es el hombre el que abandona el núcleo. Los diversos motivos no justifican la evasión de obligaciones o la omisión en la exigencia de un derecho.
Peña, Moscoso y el grupo de periodistas presentes hablaron de casos particulares en los que, por ejemplo, la mujer se niega a recibir AF del padre, o un padre solicitante persigue a la mujer hasta su trabajo para exponerla como “mala madre”, causando su despido.
En estos y otros casos, los progenitores pasan por encima de los derechos de sus hijos. “Faltan datos para entender el problema, pero debajo de esto hay sentimientos y emociones como el orgullo y el miedo. Se dice que las mujeres pueden todo, y por eso no quieren recibir asistencia, pero el correlato de esto es la manipulación masculina cuando el varón dice que ‘mantiene’ a la madre. En el fondo hay mucha violencia patriarcal”.