Medidas extremas

Principios valiosos como la independencia, transparencia y celeridad que deberían caracterizar la administración de justicia, se han relegado a lo declarativo y no a lo fáctico, pues son casi diarias las denuncias de corrupción y dilación procesal -entre otros escándalos no menores-, atribuidos a la conducta ética -laboral y personal- de las y los profesionales que están a su cargo.

En ese escenario, las elecciones para altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional -que aún no terminan de afianzarse en la cultura electoral boliviana-, no pueden soslayar que siendo extrema la desconfianza de la población respecto al sistema de justicia, aquello no se superará con el solo cambio de autoridades, sino que requiere de éstas el compromiso inexcusable por hacer de conocimiento público y fiscalizable la gestión procesal interna e inclusive algunos datos familiares y personales propios con incidencia en sus funciones, sin que esto pueda calificarse de lesivo al derecho a la privacidad, pues de contraparte existe una demanda colectiva de información, transparencia y renovación de la justicia.