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“Justicia por mano propia”, la advertencia en Tarija ante ola de robos

Comunarios de distintas zonas advierten con desalojar o linchar a autores de estos delitos, que suelen ser otros vecinos que sustraen desde su producción agrícola hasta sus herramientas de trabajo

Crónica
  • Violeta Castillo
  • 21/07/2025 00:22
“Justicia por mano propia”, la advertencia en Tarija ante ola de robos
Los vecinos se organizan para frenar los robos (Imagen referencial)

Desalojo y justicia por mano propia, son algunas de las advertencias de comunarios y dirigentes de distintas zonas del área rural de Tarija, que se han visto afectados por una ola de robos por parte de personas que viven en el lugar y que atemorizan a la población. Que se llevan desde la producción agrícola, herramientas de trabajo, materiales de construcción e incluso la ropa o zapatos de las víctimas.

Ante el hecho de que los autores permanecen en libertad, hubo reiteradas manifestaciones cuestionando el funcionamiento del sistema judicial.

Denuncias

El caso más reciente fue denunciado el 12 de julio por los vecinos de Santa Ana La Nueva, que identificaron al responsable de una serie de robos luego de que una mujer encontrara en la casa del sindicado un cúmulo de objetos que habían sido sustraídos, tanto a ella como a otras víctimas.

Cuando ella dio la alerta, bastaron pocas horas para que se concentren decenas de personas que fueron objeto de estos delitos. Sus testimonios indican que les robaron desde herramientas, artículos de construcción, vajilla, motocicletas e incluso la cosecha de papa de algunos terrenos y que estaba lista para la venta.

Apenas tres días antes, vecinos de Bordo El Mollar, en San Lorenzo, llegaron hasta la plaza principal de Tarija para denunciar que los integrantes de una familia de apellido Huanca perpetran constantes robos, hasta repitiendo las mismas viviendas.

Patrullajes La Fedjuve también advirtió un aumento de robos en los barrios periurbano, por ello pidió a la Policía aumentar los patrullajes

Se presume que, si bien tienen un grado de discapacidad, su modus operandi consiste en fingir un nivel mayor para aparentar inconsciencia de sus actos y también para amenazar con denuncias por discriminación a quienes pretendan procesarlos penalmente.

El personal de la Jefatura de San Lorenzo denunció que días antes los había sorprendido en flagrancia y cuando los arrestaron, ellos los contrademandaron por supuestas torturas.

Movilizaciones

El secretario general de Santa Ana La Nueva, Aníbal Baldivieso, acompañado de otros vecinos, se dirigió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para pedir que aprehendan al principal sospechoso, que se dio a la fuga. Además, advirtió que, si la Policía y los jueces no les garantizan seguridad, ellos harán justicia “por mano propia”.

Las víctimas indicaron que descubrieron que parte de sus bienes fueron vendidos y otros les fueron ofrecidos por la pareja del sospechoso para que no denuncien. Eso aumentó su molestia.

En el caso de Bordo El Mollar, los comunarios emitieron un voto resolutivo, cuyos puntos principales consistían en pedir el desalojo de la familia Huanca y el respaldo a los funcionarios policiales denunciados. Además, proponían que el Sedeges haga una evaluación sobre su grado de discapacidad y sus condiciones de vida.

Robos y crisis

Las amenazas de ajusticiamiento a mano propia también proliferan en el resto del país, incluso con mayor violencia.

La anterior semana en Bermejo una mujer que fue sorprendida robando en el sector de Las Chalanas fue desvestida y obligada a caminar un tramo de varios metros para exponerla como castigo.

El 14 de julio en Ivirgarzama, Cochabamba, un hombre de 24 años fue linchado y calcinado por una turba que lo identificó como autor del robo de varios vehículos. En el mismo departamento, pero en Shinaota, el 27 de junio lincharon a otros dos sujetos, también por supuestamente robar movilidades.

La Policía admite debilidad institucional

Estas acciones de las víctimas de robos se dan en un contexto de falta de personal policial suficiente para la atención de casos. Durante más de un mes en el Trópico de Cochabamba fue total por los conflictos sociales y amenazas a los funcionarios.

Para las autoridades policiales el otro problema es que los delitos de robo que son de baja cuantía tienen penas menores a los tres años y, aunque atrapen a los autores, los jueces suelen liberarlos en pocas horas.

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