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El cambio del modelo energético

¿Por qué Bolivia abre ahora la puerta a importar gas?

Cualquier inversionista necesita asegurar la provisión energética y las garantías exploratorias del gobierno en Mayaya o la recuperación secundaria de pozos no parecen suficientes. El incentivo del gas barato se ha perdido

Nacional
  • Miguel V. de Torres
  • 29/10/2026 00:00
¿Por qué Bolivia abre ahora la puerta a importar gas?
Campos de gas en Tarija

El Decreto Supremo 5755, promulgado el 26 de octubre, es esencialmente la llave de una puerta que se hacía necesaria después de años hablando del cataclismo en la gestión hidrocarburífera. Esencialmente autoriza la importación de gas natural y Gas Natural Licuado para el consumo propio de privados o la generación eléctrica, algo que parece elemental pero que tiene muchas implicaciones económicas y geopolíticas: no habrá inversiones de largo plazo si no se garantiza el suministro energético, pero, además, la propia distribución es un negocio muy lucrativo en todo el mundo.

El experto en hidrocarburos Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, recuerda que aún se produce gas suficiente para el mercado interno y cumplir contratos de exportación pero que es posible que en dos o tres años se deba empezar a importar. La precisión es importante: no significa que Bolivia vaya a quedarse sin gas en una fecha determinada, sino que la disponibilidad futura depende de cuánto producen los campos, cómo evoluciona la demanda y qué resultados ofrecen las nuevas inversiones.

La lenta apuesta por la exploración

Hasta ahora, los últimos gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, y también el de Rodrigo Paz en este primer año, habían operado en base a criterios de fe: que tal campo iba a ser positivo, que tal campo aumentaría reservas… En otras ocasiones sí se utilizaba la urgencia para presionar contra los críticos, como en el caso del área San Telmo, en el corazón de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, donde sigue pendiente el inicio de perforaciones en el campo Domo Osso X3 por el rechazo de la población y la preocupación ambiental.

Emergencia Pese a los altos precios internacionales, en un año el gobierno no ha logrado traer inversores

El gobierno de Rodrigo Paz inició lanzando al aire algunas propuestas de reforma – 50-50 dijo el presidente en relación a la distribución de ingresos – y prometió una Ley de Hidrocarburos que un año después sigue en problemas para presentarse. En cualquier caso, se ha aferrado a los hidrocarburos para generar algún tipo de esperanza, pues los analistas recuerdan que el dinero del FMI y demás es en forma de crédito y que, por lo tanto, se deben devolver.

Paz Pereira, además de presionar por Tariquía – algo que rechazó en campaña -, ha utilizado dos cartas: Mayaya y la exploración de hidrocarburos y recuperación secundaria de pozos con nuevas técnicas y tecnologías parientes de la fractura hidráulica (léase fracking).

Mayaya fue una carta que ya sacó Luis Arce durante su gestión. Se trata de un campo en el norte de La Paz – como Lliquimuni -, que ha mostrado potencial, pero que todavía no puede evaluarse a nivel comercial. En la pasada gestión se perforó un pozo del que se extrajo nada relevante a nivel comercial y se volvió a tapar para profundizar los estudios. Hasta hoy sigue siendo una incógnita, aunque cabe recordar que fueron equipos directos de Yacimientos los que han operado este descubrimiento sobre el que se mantiene fe.

Por otro lado, Paz ha apostado por proyectos como el Junin 9D y el Montecristo 9 en dos áreas diferentes del oriente cruceño. Ambos utilizan técnicas mejoradas de fractura hidráulica, aunque las características para definir el nivel de riesgo no han trascendido.

Mientras tanto, en un año no se han logrado atraer nuevas inversiones para áreas disponibles ni se han acelerado trabajos en áreas concesionadas, como Huacareta o el propio Caipipendi donde fracasó el pozo en Boyuy en 2018, pero dejó varios datos sísmicos que procesar.

Con el barril de petróleo rondando los 100 dólares la mayor parte del año y la convicción cada vez más generalizada de que aquello de abandonar las energías fósiles ha quedado parqueado en una esquina, los expertos cuestionan las razones por las que aun no se ha presentado una nueva Ley que acelere la captación de inversiones o estimule las vigentes.

Inversiones: seguridad y desincentivo económico

El decreto 5755 corrige una anomalía, pero abre nuevos debates. La garantía de que cualquier inversión de largo plazo en el país podrá asegurar su suministro de gas natural, bien desde el país o bien desde el extranjero será, sin duda, bien recibida por los potenciales inversores, especialmente pensando en el litio y otros proyectos mineros, sin embargo, la eliminación de subvenciones al gas y por ende, a la electricidad, le resta a Bolivia quizá la única ventaja competitiva real respecto a los países del entorno, más accesibles y con más mano obra cualificada para emprender cualquier proyecto de transformación o industrialización.

Por otro lado, el decreto establece un sistema para priorizar consumos dentro de la gestión de los ductos. Desde el 1 de enero los precios ofrecidos por YPFB se igualarán al mercado internacional dando mayor margen al Estado mientras los ciudadanos incrementan sus gastos.

Por otro lado, Bolivia tiene ductos tendidos con Brasil hasta Sao Paolo y con el norte argentino luego de 20 años exportando cantidades significativas a cada uno de los países vecinos. Con las capacidades instaladas, la operación se facilita para Yacimientos.

Tanto Brasil como Argentina, mientras nos compraban gas, han avanzado en el desarrollo de sus propios proyectos que les garanticen la soberanía energética. Brasil desarrolló el Presal, un proyecto en aguas profundas al frente de Sao Paolo que ya produce casi 5 millones de barriles de petróleo y 180 millones de metros cúbicos de gas. Por su lado, Argentina en Vaca Muerta produce 600.000 barriles de petróleo y 86 millones de metros cúbicos de gas, aunque todavía no llegará al norte de forma segura hasta, al menos, 2029, fecha fuera del margen de seguridad de Bolivia.

En ese marco, YPFB será la responsable de establecer los nuevos contratos.

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