Tarija: En Morros Blancos hay cinco presos por cada policía

Luego de la reciente fuga de internos de Morros Blancos la pasada semana volvió a la agenda el tema de la seguridad en la cárcel. Aunque no se descarta que haya policías implicados, para las autoridades del Comando Departamental el principal problema es la falta de personal: son 23 funcionarios por turno y hay más de mil presos, es decir casi un guardia por cada cinco privados de libertad.

Esta situación está relacionada con la cantidad de uniformados que deben custodiar detenciones domiciliarias, la falta de cámaras, mala iluminación y que el scanner recibido hace más de un año y aún no entra en funcionamiento.

Distribución de personal

A inicios de 2024 la población carcelaria ya sobrepasaba los mil privados de libertad. Constantemente ingresan y salen procesados por algún delito, entonces la cifra fluctúa permanentemente. Pero Régimen Penitenciario en un balance hasta el primer semestre apuntó que hubo un crecimiento de unas 50 personas.

El gobernador del recinto, Yesid Arancibia, detalló que actualmente cuenta con 43 funcionarios por día. Hay 21 de ellos asignados como custodio para detenciones domiciliarias y los otros 22 están a cargo de la seguridad interna, con distintas funciones. Además de esos últimos se asigna el resguardo para salidas judiciales a audiencias que son unas 10 por día o visitas médicas.

El nuevo comandante departamental, coronel Ángel Morales Calzadilla, agregó que en ocasiones también se destina parte de ese contingente para reforzar operativos de otras unidades.

Chonchocorito Uno de los ambientes más hacinados es el denominado “Chonchocorito”, que es un área con capacidad para 50 personas, ya tiene 119

Con esos datos, se puede calcular que por cada policía hay como cinco privados de libertad, algunos calificados como de alta peligrosidad.

Al igual que sus predecesores y directores de otras unidades, Morales señaló que hay un problema en la administración de justicia cuando los jueces benefician con detención domiciliaria a personas con sentencias por delitos graves o cuando incumplen los requisitos para esa medida.

“Yo llamo a los jueces y voy a pedir una reunión a la altura de las instituciones fundamentales del Estado, como lo somos. Debemos coordinar el trabajo para evitar esto. Lamentablemente estamos cubriendo a personas que han cometido asesinatos, violaciones. (…) Nosotros tenemos que dar seguridad ciudadana, no seguridad privada a los que han cometido delitos”, aseveró.

Sobrepoblación

Hace años que el hacinamiento es un conflicto en Morros Blancos y en todos los recintos del departamento. Particularmente esta que es la cárcel más grande del departamento está cerca de alojar al doble de personas para las que tiene capacidad, que es de unos 589.

Aunque existe un porcentaje de internos que gozan de comodidades y lujos, como ambientes propios, son aquellos que tienen dinero o “peso” suficiente para acceder a ellos. Quienes carecen de recursos están obligados a compartir celdas.

Uno de los ambientes más hacinados es el denominado “Chonchocorito”, que es un área con capacidad para 50 personas, hasta 80 en último caso. Sin embargo, el gobernador de Morros Blancos informó que ya aloja a 119 internos.

Además de insalubre, indicó que eso dificulta el control y la vigilancia. Por ejemplo, los dos reclusos que fugaron el jueves eran de este pabellón. Uno fue recapturado.

Coordinación

Mientras el Comando anunció reuniones con alcaldía y gobernación para evaluar el sistema de cámaras de seguridad e iluminación, Régimen Penitenciario ya envió notas a la Dirección Nacional con el fin de que se hagan los arreglos necesarios para el funcionamiento del scanner que llegó en junio de 2023.

Tobilleras eléctricas

En mayo de 2023 el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Gobierno, presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley de Uso, Control y Funcionamiento Técnico del Dispositivo Electrónico de Vigilancia.

En stock ya cuenta con 500 tobilleras para poner en funcionamiento una vez que la norma se apruebe. El objetivo es reducir el hacinamiento en las cárceles y que al menos parte de los policías que custodian detenciones domiciliarias puedan ser asignados a otras tareas.

De acuerdo a las autoridades, con este dispositivo también se protegería a víctimas de violencia porque se puede fijar hasta 10 perímetros para evitar que los agresores rompan las prohibiciones de acercarse.

El proyecto no habilita su uso para cualquier caso. No pueden acceder a él quienes tengan cargos por feminicidio, infanticidio, asesinato, trata de personas, tráfico de personas, secuestro, violación y otros que son imprescriptibles.