Proyecto de Ley para endurecer penas genera posturas opuestas

“Lo ajeno no se toca” es el título del proyecto de ley que el presidente, Luis Arce Catacora, envió esta semana a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que contrapone posturas. Mientras algunos celebran la propuesta de endurecer las penas y acelerar procesos en casos de robo en flagrancia, otros no lo consideran como una solución efectiva si no se promueve una política integral de seguridad.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, expuso las razones para que se promulgue una normativa de esta naturaleza. Señaló que en el 2023 hubo un total de 21.330 delitos contra la propiedad, que incluyen las figuras de robo, hurto, robo agravado, abigeato y similares. Sin embargo, al tratarse de delitos que tienen condenas bajas sus autores quedan libres en poco tiempo.

“De esas 21.330 denuncias, la Policía Boliviana logró la aprehensión de 2.931 personas. Sin embargo, 2.400 obtuvieron su libertad. Eso quiere decir que de nada está sirviendo el trabajo de la Policía”, afirmó.

Luego apuntó que hay causas en las que los autores se someten a procedimientos abreviados para conseguir sentencias de menos de tres años que se pueden cumplir fuera de las cárceles.

El argumento es embanderado por la Policía. Constantemente los mandos altos y en particular quienes ejercen la jefatura de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) afirman sentir que hay antisociales que hasta “se ríen” al ser capturados porque saben que en poco tiempo vuelven a las calles.

Proyecto

En la redacción se crea un nuevo tipo penal que castigue hechos de robo flagrante con penas de hasta siete años de cárcel. Los dictámenes podrían conseguirse hasta en 24 horas.

De someterse a un procedimiento abreviado, la condena del autor se reduce en dos años y si hay reincidencia se incrementa, también en dos años. Si se trata de alguien con una situación migratoria irregular sería de ocho años.

Evaluación

Como expresidenta del Colegio de Abogados de Tarija y experta en el área penal, Isabel Moreno, criticó el proyecto por una lista de razones.

La primera es que casi todo lo que señala la propuesta ya existe en la normativa vigente. Recordó que en el ordenamiento penal ya existe una figura de procedimiento inmediato para delitos en flagrancia, el mismo permite reducir plazos y autoriza a cualquier ciudadano a aprehender al delincuente y conducirlo ante las autoridades.

En la segunda apuntó que el aumento de las penas no consigue la reducción de los índices de criminalidad. Como ejemplo mencionó que ni siquiera la pena de muerte, aún vigente en algunos países, frenó la comisión de delitos tan graves como los homicidios.

Como tercer punto, indicó que el encarcelamiento masivo puede ser contraproducente. En particular por la situación de hacinamiento en los centros penitenciarios del país y la falta de políticas de reinserción.

Moreno emplazó al Gobierno a aplicar primero mecanismos de prevención de la delincuencia. Por otra parte, apuntó que el Ministerio Público debe mejorar su trabajo recopilando los elementos que sean presentados ante los jueces para la obtención de las sentencias.

A esta opinión adhieren otros juristas, incluyendo al ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que se debe aplicar una “política criminal” que parta del estudio para entender las causas de cada delito, la prevención, y mejoras, tanto en el sistema judicial como en Régimen Penitenciario.

Bolivia aún no logra superar la crisis carcelaria

Según los datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario entre el 2019 y el 2023 la población carcelaria en Bolivia subió de 18.208 a 28.838, empeorando la situación de hacinamiento en todos los centros, aunque con distinta gravedad en cada uno.

A diciembre del año pasado, un 62,7% de los internos están con detención preventiva y solo el 37,3% tiene sentencia ejecutoriada.

Tarija no es una excepción en la problemática. Los reportes oficiales muestran que en Morros Blancos la cantidad de reclusos fluctúa alrededor de mil, pero la capacidad del recinto es para menos de la mitad de ese número.

Un informe publicado por la Defensoría del Pueblo muestra que actualmente ninguna de las cárceles del departamento está en buenas condiciones.