Suspenden hasta agosto el juicio por caso “paro cívico”

Se suspendió hasta agosto el inicio del juicio por presunta instigación pública a delinquir por el caso denominado “paro cívico” contra el gobernador, Oscar Montes, el alcalde, Johnny Torres, y el expresidente del Comité Cívico, Adrián Ávila Resee, en virtud a que aún no se resolvieron los recursos de apelación e incidentes presentados por la defensa.

El caso se remite a noviembre del 2021, cuando el Comité Pro Intereses de Tarija convocó a un paro en rechazo a los proyectos de ley 1386 y 342 contra la legitimación de ganancias ilícitas. La medida se acató a partir del 8 de ese mes y adhirieron distintos sectores, como el autotransporte, salud, gremiales, universitarios y otros.

Las autoridades y dirigencia cívico fueron denunciadas por el exejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tarija (FSUTCT), Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre, durante la tercera jornada de movilización con enfrentamientos.

En conjunto, los acusados nuevamente apuntaron al sistema de justicia. El Alcalde describió el proceso como que “la escopeta que acusa a la paloma” y negó haber cometido el delito tipificado.

“Es como que yo haya salido en una conferencia de prensa y haya arengado o algo por el estilo, cosa que no hemos hecho. Más bien al revés. Les pedimos serenidad y no reaccionen. Esta es la crónica de los violentos, de la escopeta que acusa a la paloma”, aseguró.

El gobernador Montes, por su parte, también habló con la prensa y expuso parte de las pruebas que recolectó su defensa, como las notas publicadas por diferentes medios de comunicación, donde se daba cuenta de las personas heridas y los enfrentamientos, apuntando a la militancia del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Aquí están las imágenes de la prensa de esos días. Aquí están las imágenes, no de quienes han instado, han salido a las calles a delinquir. Los campesinos han salido a la calle armados con piedras, con palos, con una serie de objetos contundentes. Han roto vehículos. Lo que hemos hecho las autoridades ha sido llamar a la calma y resulta que nos demandan por violentos”, dijo.

Según el Ministerio Público, el caso está en el Juzgado de Sentencia Penal Tercero y la nueva fecha es el 8 de agosto.