Comisión ejecutiva inicia las auditorías a procesos penales en Tarija

Autoridades del Órgano Ejecutivo, que visitaron la ciudad de Tarija la jornada del jueves, confirmaron que este viernes 4 de febrero arranca el trabajo de la Comisión Especial para revisar casos, principalmente de feminicidio y violación, en los que haya denuncias de irregularidades y los agresores gocen de impunidad. Sin embargo, existe desconfianza por parte de activistas y familiares de víctimas en la selección de casos por parte del Gobierno.

Tras conocerse el caso del feminicida y violador serial Richard Choque Flores, de la ciudad de El Alto, quien gozaba de libertad, a pesar de tener una sentencia condenatoria en su contra, el presidente Luis Arce Catacora reconoció las deficiencias estructurales en el Órgano Judicial, particularmente en casos de violencia extrema contra las mujeres, por lo que anunció la creación de esta comisión, en el marco de la Ley 898 de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre de Justicia.

En representación de la cartera de Justicia, el viceministro de Defensa de los Derechos del Consumidor, Jorge Silva, admitió que algunos funcionarios operan de manera “delincuencial” y comprometió que en el plazo de 120 días ya se contará con resultados para identificar a miembros del sistema de justicia que incurren en este incumplimiento de sus deberes.

“Destitución y cárcel es lo que merecen por haber causado tanto daño a la población (…) No podemos crear una reforma de la justicia con las mismas manzanas podridas que hay”, afirmó.

En la Comisión trabajarán los ministerios de la Presidencia, Justicia y Gobierno, presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, Fiscalía General del Estado, Procuraduría y el sistema universitario

Con respecto a la propuesta del Colectivo Mujeres Creando, de que ellas puedan trabajar en articulación con todos los colectivos a nivel nacional para presentar en el plazo de un mes un informe por orden alfabético con todos los casos en los que existe irregularidades o favorecimiento a los agresores, esto debido a que no existe credibilidad en el trabajo del Gobierno, Silva negó esta posibilidad y dijo que se convocará a todas las organizaciones involucradas.

“Están invitadas a ser parte de la Comisión, están los máximos representantes de los Órganos del Estado, pero también se van a sumar los colectivos, están invitadas todas las organizaciones sociales”, señaló, a pesar del cuestionamiento por parte de María Galindo a que la intención del Gobierno sería incluir a organizaciones de las bases del MAS, que no permitan fiscalizar casos en los que los involucrados sean afines al partido, como autoridades políticas, policías o militares.

En ese sentido, Silva solamente indicó que las puertas están abiertas para todas las organizaciones, pero no estableció un criterio o logística sobre la selección de casos. Aunque señaló que la intervención se realizará en todos los juzgados de materia penal, pero no se publicará el cronograma.

Además, dijo que esta Comisión también se abrirá para todos los casos, no solo feminicidio y violación.

“Se trata de reformar estructuralmente la justicia, cambiar el sistema porque lamentablemente es una justicia sometida a la corrupción. Si el denunciante no tiene billetera gorda no funciona (…) Hay consorcios con abogados, fiscales, policías, psicólogos, jueces, son redes criminales”, apunto la autoridad.

Familiares y víctimas desconfían de la Comisión

En representación de la Asociación de los Familiares de Víctimas de Feminicidio en Tarija, Daiana Tapia expresó la desconfianza que sienten sobre el procedimiento de selección, auditoría y resultados que pueda arrojar esta comisión. Aseveró que este escepticismo se debe a que cada que hay un cambio de gobierno reciben promesas de justicia que nunca se cumplen.

Hubo una comisión durante el 2019 en el mandato de Evo Morales, una diferente en la gestión de Jeanine Áñez y otra conformada en el Legislativo el año pasado, ninguna con resultados.

“Es lamentable. Nosotros en anteriores comisiones hemos denunciado a jueces, fiscales, policías y hasta la fecha no hay resultados, todos siguen en sus cargos. Han elaborado un informe que han presentado a la Fiscalía General del Estado, pero nunca nos han hecho llegar (…). Siempre hacen espectáculo, llaman a la prensa y al final no pasa nada”, cuestionó.

En ese sentido, dijo que este viernes emitirán un pronunciamiento exigiendo que sean las asociaciones de familias las que se hagan cargo de la lista de casos.

Los casos de Tarija que piden considerar

En Tarija hay casos como el de Marcelo Ostria, que se benefició de una sentencia de ocho años, en lugar de 30 por el feminicidio de Ivana Arroyo. El de Telma Gareca, que fue hallada muerta en El Alto y aún no se identificó al autor. El de Daniela Tapia, en el que el principal implicado goza de libertad. El de Zulmah Vargas, en el que el acusado es un militar que fue declarado inocente, o el de Omaira Vidaurre, en el que el presunto autor podría revertir su sentencia condenatoria.

Además de los casos de violencia de género, también se exige la auditoría del caso sobre el periodista Cristian Mariscal, que desapreció el 2014 o el caso de Jairo Delgado, sentenciado por parricidio y que goza de libertad por no tener sentencia ejecutoriada.