Fiscalía y Policía allanaron domicilio de Carola Romero

Como parte de la investigación por el caso de estafa millonaria en contra de Patricia Romero Pacello (31), la tarde de ayer viernes se procedió al allanamiento del domicilio de su hermana, la defensora del Pueblo de Tarija, Carola Romero Pacello.

La información la dio a conocer el fiscal departamental, Wilson Tito Torrez, quien dijo que al promediar las 17:00 se constituyó al lugar el equipo de fiscales asignado al caso, junto a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

“Los fiscales que llevan el caso procedieron al allanamiento, en virtud a que había indicios que vinculaban a este familiar. Se tenía previsto hacer varios allanamientos, pero por el momento no contamos con el reporte oficial sobre los resultados”, señaló.

Anteriormente, la delegada defensorial señaló no tener ningún tipo de participación en un hecho delictivo y aseguró que es la instancia del sistema de justicia el que debe hacerse cargo de la investigación.

El fiscal señaló que dentro de esta investigación se tiene previsto continuar con otras intervenciones, aunque evitó dar detalles específicos a fin de no entorpecer los avances. Pero sí señaló que se requerirá el apoyo del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif).

Por otra parte, reveló que el martes cuando se procedió con la aprehensión de la imputada en el domicilio de sus padres ubicado en la calle Bolívar, la sindicada no tenía en su poder su teléfono celular, por lo que no se pudo secuestrar esta prueba.

“En primera instancia no se ha encontrado el celular y no ha habido mayores elementos para proceder al secuestro, pero tenemos conocimiento que no era el único inmueble que ella habitaba. Así que esperamos lograr más avances durante los siguientes días”, agregó.

Antecedentes

El lunes por la noche salió a la luz este caso cuando parte de las víctimas protestaron en puertas de la casa de los padres y denunciaron, públicamente, haber sido estafados por Romero, quien los habría engañado ofreciéndoles invertir en la empresa Aidisa, donde antes trabajaba.

Supuestamente el dinero era para adquirir productos cuya venta estaba garantizada y el negocio prometía ganancias de intereses elevados, en la mayoría de los casos arriba del diez por ciento.

Hasta el momento se desconoce la cifra real que la imputada habría obtenido de sus víctimas, así como el destino de estos fondos, que se calcula podría ser de aproximadamente $us 3,5 millones. También se cree que el número total de víctimas superaría los 250, entre familiares y amigos de Romero, así como del entorno de su esposo, José Sigler, quien habría abandonado el país.

Mientras tanto ella está detenida preventivamente en Morros Blancos, todos sus bienes fueron anotados y sus cuentas congeladas.