Solo 2 juzgados reciben hasta 20 casos de violencia familiar al día

Dicen que la justicia tarda pero llega, aunque en el caso de Delina Meza Márquez, una joven víctima de feminicidio asesinada en noviembre de 2017, esto no pasó aún. Su caso no fue resuelto, no hay responsables de este delito y su familia todavía clama por justicia ante unos juzgados abarrotados de casos de mujeres agredidas.

El 28 de noviembre de 2017, en una comunidad poco conocida y de reducida población llamada Huancoiro, que se ubica en el municipio de San Lorenzo, Delina de apenas 16 años, fue asesinada, pero antes fue violada y asfixiada. No se sabe si fue una o varias personas los autores de este terrible crimen.

Al tratarse de una comunidad pequeña, Delina acostumbraba pastar su ganado y alejarse de su vivienda sin ningún tipo de temor. Durante un tiempo la joven consideró la posibilidad de vivir en la capital del municipio, con la idea de tener un trabajo que la ayude a sostener económicamente a su familia. Sin embargo, luego optó por quedarse en su lugar de nacimiento para estar más cerca de sus padres y hermanos.

“El jueves 28 de noviembre Delina salió de mañana a cuidar vacas al cerro, su familia la seguía de lejos con la mirada desde el terreno familiar, a eso de las 5 de la tarde la divisaron bajando de regreso, pero Delina nunca llegó. Horas más tarde fue encontrada asfixiada con la pretina de su chamarra. Las pericias forenses confirmaron que en el cuerpo de Delina habían signos de violencia sexual y fue tipificada su muerte como un feminicidio”, relató Ninet Bustos, representante del colectivo Ni Una Menos.

Tras esta muerte, quedaron en desamparo dos hermanos menores de los que ella se hacía cargo, al igual que sus padres, ambos de la tercera edad que requerían de su cuidado constante.
Varios días después del hecho se registró una manifestación por parte del colectivo Ni Una Menos, la Red de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y parte de la sociedad civil. Las activistas levantaron la voz denunciando ineficiencia por parte del sistema de justicia para dar con el paradero del responsable de su muerte.

Y desde el 2017 a la fecha la foto de Delina está presente en todas las manifestaciones en defensa de los derechos de la mujer y en rechazo a la retardación de justicia para sancionar este tipo de hechos.
“Lo único que pedimos es que se haga justicia porque nada ni nadie nos va a devolver con vida a nuestra hermana, lamentablemente mi familia es de escasos recursos y queremos que se acelere un poco más las investigaciones”, decía en 2017 la hermana de Delina, Elvira.

Sin embargo, a dos años y medio del hecho, ¿A qué se debe la retardación de justicia en este caso? ¿Por qué no se encontró al autor o autores de este hecho? ¿Los operadores de justicia cuentan con lo necesario para resolver este tipo de hechos?.
Hasta mediados de la pasada gestión el Órgano Judicial, contaba solamente con un juzgado para la atención de casos de violencia, pero no de manera exclusiva. Ahora existen dos juzgados, pero que dividen su trabajo entre estas causas y otras por hechos de corrupción.

En el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital, a cargo de la juez Rossío Lima Gutiérrez, se han recibido entre 100 a 160 causas por mes en lo que va del año
Mientras que en el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital, la responsable de esta reaprtición, Gloria Segovia Estrada, informó que es bastante elevada la cifra de causas ingresadas por día.

“Nos han ingresado entre cinco a veinte causas por día. En este primer trimestre del 2020 tendría más de mil causas. El principal delito es la violencia familiar, tenemos feminicidios, abuso sexual, violaciones entre familiares, este tipo de cosas”, informó.
A principios de esta gestión se presentó el informe de ambos juzgados sobre el trabajo desarrollado en 2019, y se tiene que en ese año ingresaron 1.894 causas nuevas, cifra que supera a las resueltas que llegan a 1.502 en la misma gestión.

Por todo esto y sobre todo por las cifras que manejan estos juzgados, los colectivos de activistas e incluso las autoridades locales del Tribunal Departamental de Justicia y de otras instituciones como el SLIM, demandan la creación de nuevos juzgados para la atención de casos de violencia.
El año pasado se creó uno, pero resulta aún insuficiente dada la cantidad de causas que entran diariamente.