Exministros, presidentes y leyes que blindaron los negocios de Goni

En Bolivia, pocos nombres condensan tantas controversias como el de Gonzalo Sánchez de Lozada. Su figura política y empresarial ha sido revisada desde múltiples ángulos: la “capitalización”, la represión de octubre de 2003 o la huida a Estados Unidos. Sin embargo, una de las vetas menos exploradas es la continuidad silenciosa de su emporio minero tras su caída, sostenida gracias a un andamiaje institucional que atravesó varios gobiernos, incluyendo aquellos que se proclamaron sus más férreos opositores.

Lejos de ser desmontado, el modelo de negocios que vinculó al Estado, los fondos de pensiones y las compañías mineras de Goni se mantuvo prácticamente intacto durante los últimos veinte años. Los protagonistas de esta continuidad no fueron solo gerentes privados, sino también exministros, presidentes y legisladores que, con leyes y decretos, garantizaron la supervivencia del sistema.

Luis Arce: del Banco Central a la Presidencia

La primera pieza clave en esta historia es Luis Arce Catacora. Antes de ser conocido como “el padre del modelo económico” y posteriormente presidente, Arce ocupó cargos estratégicos en el Banco Central de Bolivia (BCB), donde tuvo un papel decisivo en la gestión de reservas y regulaciones financieras. Ya como ministro de Economía de Evo Morales (2006-2019), consolidó la arquitectura que permitió a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y luego a la Gestora Pública canalizar recursos hacia empresas privadas, entre ellas las de origen gonista.

Arce defendió este mecanismo bajo el argumento de que invertir en bonos corporativos dinamizaba el mercado de capitales y ofrecía rentabilidad a los jubilados. Sin embargo, en la práctica, estas operaciones significaron que millones de dólares de los ahorros de los trabajadores terminaran financiando compañías con antecedentes directos en el entramado de Sánchez de Lozada. Hoy, como presidente, su administración mantiene vigente esa misma lógica, aunque con matices discursivos.

Mario Guillén: el operador técnico

Si Arce fue el arquitecto, Mario Guillén fungió como el ingeniero operativo. Economista de carrera y hombre de confianza del MAS, Guillén dirigió la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y luego el Ministerio de Economía. En ambos puestos fue clave para que las emisiones de bonos y pagarés de empresas como Sinchi Wayra, Illapa, Emipa o San Lucas se colocaran sin mayores trabas en el mercado bursátil boliviano.

Su gestión garantizó que los flujos de dinero de las AFPs y posteriormente de la Gestora llegaran a estas compañías. Documentos de prospectos bursátiles muestran con claridad cómo las operaciones, que en algunos casos alcanzaron cientos de millones de dólares, pasaron el filtro regulatorio bajo su mandato. Guillén defendía la legalidad del proceso, aunque críticos señalaron que se trataba de una continuidad disfrazada del modelo privatizador instaurado por Goni en los años noventa.

Evo Morales y Álvaro García Linera: la “nueva” Ley de Pensiones

Paradójicamente, quienes prometieron revertir las políticas neoliberales terminaron profundizando algunos de sus mecanismos más sensibles. En 2010, Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera impulsaron una nueva Ley de Pensiones que, en su diseño, mantenía la lógica de la norma original de 1996 aprobada durante el gobierno de Sánchez de Lozada.

El discurso oficial habló de “recuperar el control estatal” y de reemplazar a las AFPs por la Gestora Pública. Sin embargo, la arquitectura financiera que vinculaba los aportes de los trabajadores con la compra de bonos corporativos siguió intacta. En otras palabras, el instrumento legal que debía cortar con el pasado neoliberal se convirtió en su heredero encubierto. Empresas vinculadas al emporio gonista continuaron recibiendo financiamiento, ahora bajo el paraguas de un gobierno que se proclamaba anticolonial y anticapitalista.

Efectos económicos: una herencia pesada

Las consecuencias de este esquema se hicieron evidentes en la última década. La fuga de divisas, producto de la repatriación de utilidades por parte de compañías extranjeras asociadas a Sinchi Wayra y sus filiales, presionó las reservas internacionales del país. A esto se sumó el elevado costo de los subsidios energéticos que beneficiaban indirectamente a las operaciones mineras, en particular por el gas y la electricidad a precios reducidos.

El modelo, además, generó un desbalance estructural: mientras los trabajadores aportaban mes a mes a sus fondos de pensiones, esos mismos recursos se canalizaban hacia empresas que no solo no redistribuían ganancias de manera significativa, sino que también se beneficiaban de exenciones y ventajas regulatorias. El círculo cerrado contribuyó al deterioro de las reservas internacionales y a la actual crisis financiera que enfrenta Bolivia.

2025: empresas gonistas aún en pie

Veintidós años después de la huida de Sánchez de Lozada, su sombra sigue proyectándose sobre la economía nacional. Sinchi Wayra y sus filiales continúan activas en la Bolsa Boliviana de Valores. La Gestora Pública mantiene inversiones en bonos corporativos que, directa o indirectamente, sostienen a las empresas heredadas de Comsur.

El discurso político ha cambiado con los años, pero los mecanismos financieros permanecen. De la “capitalización” de los noventa a la “recuperación” del Estado en los dos mil, pasando por el actual relato de “soberanía económica”, el resultado ha sido el mismo: los ahorros de los bolivianos han servido para blindar y sostener el entramado empresarial de Goni.

La pregunta que queda en el aire es si el país podrá alguna vez romper ese círculo o si, como parece hasta ahora, seguirá atrapado en una historia de continuidad disfrazada de cambio.

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