Porco, un cerro de plata en Potosí, fue durante siglos símbolo de riqueza y de desigualdad. Antes del descubrimiento de Sumaj Orcko, este “Otro cerro rico” alimentó la avidez española con su plata, sustentada en el trabajo forzado de cientos de miles de mitayos. Los incas ya fundían plata allí con ingeniosas “huayrachinas”, pequeños hornos capaces de alcanzar los 1.000 grados centígrados, pero con la llegada de los españoles, Porco se transformó en ejemplo de explotación extrema y saqueo sistemático.

Siglos después, la mina volvió a estar en el centro de la historia, pero esta vez bajo un patrón distinto: el financiero. Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido como Goni, emergió como accionista mayoritario de la Empresa Minera Porco Ltda. en 1963, apenas diez años después de la creación de la compañía. Desde Panamá, a través de Iris Mines and Metals S.A., GSL consolidó su control sobre Porco y, posteriormente, sobre otras minas emblemáticas como Cerro Rico de Potosí, Bolívar en Oruro y varias más en tierras bajas como detalló Andrés Soliz Rada en el libro La Fortuna del Presidente.

Desde Washington, Sánchez de Lozada defendió el viernes el impacto del decreto 21060, que contribuyó a crear, como piedra angular de la estabilización de la economía en aquellos años. Fue también la piedra angular para “modernizar” la economía y abrirse a supuestos capitales extranjeros que hoy por hoy, en Bolivia, siguen aprovechando esencialmente el ahorro interno a través de la Gestora.

Cuando Goni huyó de Bolivia tras la Guerra del Gas en 2003, formalmente se fue su persona, pero no sus estructuras empresariales. La continuidad quedó en manos de Sinchi Wayra S.A., creada sobre la base de la antigua Comsur, y de otras empresas como Illapa, San Lucas y Paitití. Estas compañías heredaron el paquete andino y tropical del exmandatario y siguen operando concentrados de plata, zinc, plomo y oro, financiadas con recursos de los bolivianos. Desde este medio se han pedido contrapartes a los diferentes involucrados y valoraciones a otros expertos que le han dado forma al texto, aunque mayoritariamente han pedido no ser citados.

El financiamiento

La vía de financiamiento no es menor: las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión BBVA, surgidas en los años 90, se convirtieron en el motor financiero de estas empresas. Los Fondos de Capitalización Individual (FCI), hoy Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), comenzaron a inyectar recursos en valores de titularización de Sinchi Wayra en 2007, con montos que suman cientos de millones de dólares. De este modo, el ahorro de trabajadores bolivianos —muchos de ellos mineros o cooperativistas— pasó a sostener la operación de minas controladas por el entorno de GSL.

La estructura financiera se complejizó con el tiempo: pagarés bursátiles de Illapa, bonos de Paitití, y préstamos bancarios garantizados por las mismas compañías permitieron mantener un flujo constante de capital que sostiene la extracción y comercialización de minerales. Por ejemplo, a marzo de 2025, la Empresa Minera San Lucas contaba con Bs 70 millones en pagarés emitidos para capital de operaciones, cifra que contribuye directamente a la compra de minerales y concentrados de cooperativas y empresas privadas.

El mecanismo fue posible gracias a la continuidad de políticas y marcos legales. La Ley de Pensiones No. 065 de 2010, promovida por Evo Morales y Álvaro García Linera, que más allá del discurso público, reproduce prácticamente idéntica la Ley de Pensiones de 1996, aprobada durante el primer gobierno de GSL. La norma permite que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo priorizara inversiones en empresas productivas, incluso con posibilidad de colocar hasta el 50% de los fondos en instrumentos extranjeros. De hecho, los propios gobiernos del “proceso de cambio” sostuvieron las decisiones financieras, validando la inversión de ahorros previsionales en empresas vinculadas al exmandatario.

Los operadores estatales

El entramado de operadores estatales fue determinante. Luis Arce Catacora, entonces funcionario del Banco Central y luego Ministro de Economía y Presidente, junto a Álvaro García Linera, y otros funcionarios como Mario Guillén Suárez, María Nela Prada, Ninette Paz Bernardini o Moisés Murillo Lima, fueron responsables de autorizar y supervisar estas operaciones. En sus manos recayó la decisión sobre dónde y cómo se invertía el ahorro de millones de trabajadores.

El resultado financiero es claro: empresas vinculadas a GSL obtienen recursos sin aportar capital propio, acceden a financiamiento en el mercado boliviano y generan ganancias que, en muchos casos, se reparten fuera del país. Las cifras son elocuentes: los Fondos SIP de Bolivia ascienden actualmente a aproximadamente USD 28.000 millones, equivalentes al 60% del PIB nacional, y una parte de ellos se ha canalizado hacia las compañías mineras del ex presidente.

Más allá de los balances, el impacto en la economía es tangible. Mientras empresas como San Lucas muestran posiciones activas en dólares que les permiten operar con seguridad y aprovechar las fluctuaciones cambiarias, el país enfrenta escasez de divisas para importaciones básicas y subsidios, reflejo de un sistema donde la capacidad generadora de divisas está parcialmente privatizada en beneficio de capitales vinculados a GSL.

Así, el relato de Porco, que comenzó con mitayos de carne y hueso hace 500 años, se replica en pleno siglo XXI con mitayos financieros: los trabajadores bolivianos financian las operaciones mineras de empresas ligadas a un exmandatario, mientras las riquezas extraídas se valorizan y comercializan fuera del país. La historia se repite, cambian las formas, pero el patrón de desigualdad y concentración de riqueza permanece.

La continuidad de este modelo revela lecciones inquietantes sobre el manejo del ahorro previsional, la relación entre política y capital, y la persistencia de estructuras de poder que trascienden gobiernos y décadas. Porco, Illapa, San Lucas y Paitití no son solo minas: son símbolos de un sistema donde la historia y las finanzas se entrelazan para sostener un legado que nació en la explotación colonial y se adaptó a los mercados modernos, con los trabajadores como financiadores involuntarios de un antiguo poder transformado en corporación.

¿Glencore vendió Sinchi Wayra a Santacruz Silver Mining?

Desde 2021 circula la versión de que la minera Glencore habría vendido sus operaciones en Bolivia, incluyendo Sinchi Wayra S.A., a la empresa canadiense Santacruz Silver Mining Ltd. Según documentos a los que accedió El País, la operación fue pactada en octubre de ese año, pero hasta hoy no se ha concluido ni se informó oficialmente en Bolivia, como exige la Ley del Mercado de Valores.

La norma establece que cualquier cambio en la composición accionaria mayor al 10% debe reportarse en un plazo máximo de cinco días a la autoridad reguladora y a la Bolsa de Valores, lo que no ha sucedido en este caso.

De acuerdo con los datos, en un inicio se había fijado un precio de 110 millones de dólares, con un pago inicial de 20 millones y cuatro cuotas de 22,5 millones. Sin embargo, luego se renegoció: la compra pasaría recién en noviembre de 2025 por 80 millones, a pagar en ocho cuotas de 10 millones. También se abrió la opción de pagar 40 millones antes de esa fecha para cerrar el trato de inmediato.

El paquete en cuestión incluye a Sinchi Wayra S.A. y sus minas Colquechaquita, Tres Amigos y Reserva, además de la planta Don Diego, proyectos de energía y exploración, y participaciones en Illapa S.A., que trabaja en sociedad con COMIBOL en las minas Bolívar y Porco. También abarca a la Empresa Minera San Lucas.

Expertos consultados advierten que el precio acordado es demasiado bajo y poco serio para el volumen de activos involucrados.

Un dato llamativo es que la Empresa Minera San Lucas, parte de Glencore, que emitió bonos y pagarés en el mercado de valores boliviano, otorgó un préstamo a Sinchi Wayra en 2017, ampliado en marzo de 2025 por 20 millones de dólares. Estos fondos provienen del ahorro de los bolivianos administrado por las AFP y la Gestora.

Hasta ahora, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) no ha aclarado si parte de ese dinero terminó sirviendo para que Santacruz Silver Mining pague a Glencore por la compra de Sinchi Wayra.

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