Los problemas de Vaca Muerta, el espejo en el que se quiere mirar YPFB

Para el gobierno argentino, la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta, la vasta formación geológica del oeste de la provincia de Neuquén que alberga algunos de los mayores yacimientos de gas de lutita del mundo, representa una oportunidad para resolver los problemas de abastecimiento energético, aumentar las divisas y crear puestos de trabajo.

Para el gobierno boliviano, con las reservas convencionales de gas a la baja y estudios que hablan de alta riqueza no convencional en el territorio, el proyecto de Vaca Muerta en Argentina es precisamente uno de los espejos en los que quiere confrontar la experiencia de YPFB, una suerte de inspiración de la potencialidad del gas no convencional y, a la vez, un ejemplo de los múltiples problemas que acarrea una apuesta por el fracking de esas características.

Argentina gastó más de 6.000 millones de dólares en los primeros seis meses del año en importaciones de energía, 50 % más que en el mismo periodo de 2021, un aumento que se explica en parte por las interrupciones en el sector energético debidas a la guerra de Ucrania. Esto ha provocado la caída de las reservas del Banco Central, hoy en 42 000 millones de dólares y que sólo en octubre se han reducido en 100 millones.

Bolivia, mientras tanto, se estima que gaste unos 1.400 millones de dólares solo en la importación de diésel, principalmente desde Argentina, mientras que hasta octubre de 2022 ha exportado hidrocarburos por valor de unos 2.600 millones de dólares.

La “oportunidad” climática

«El proyecto puede convertirse en uno de los generadores de materias primas más importantes del país, algo que se necesita urgentemente», afirma Lara Bernstein, investigadora de la consultora Economía y Energía.

En otras palabras, la explotación de Vaca Muerta – como la de cualquier explotación no convencional en Bolivia - podría resolver algunos de los problemas del país. Pero la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente en medio de la crisis climática y los compromisos del país para enfrentarla.

Argentina se comprometió a reducir 19% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y a alcanzar la neutralidad del carbono -un equilibrio entre las emisiones capturadas y las emitidas- para 2050. Cumplir estos objetivos requiere una transición para abandonar los combustibles fósiles: el sector energético es actualmente responsable de más de 50 % de las emisiones del país.

Para Cecilia Nicolini, secretaria de cambio climático del país, Vaca Muerta es una solución a corto y medio plazo, pero no a largo plazo. El gobierno aboga por utilizar el gas natural como combustible de transición en lugar de dar el salto a las renovables, un argumento rechazado reiteradamente por ambientalistas y expertos en cambio climático.

«Desarrollar el gas nos permitirá dejar de importar combustibles líquidos, y exportarlo a países con mezclas energéticas contaminantes, como Chile, que todavía usa carbón», dijo Nicolini en una reciente entrevista con Diálogo Chino.

Pero, aunque las actividades en Vaca Muerta pueden ofrecer oportunidades a corto plazo para impulsar la economía, el país se enfrenta a un acto de equilibrio en su transición energética a largo plazo.

Dado que los yacimientos de petróleo y gas no convencional han atraído a miles de inmigrantes de toda Argentina con la promesa de empleo, los expertos advierten de la necesidad de garantizar una «transición justa» que ofrezca oportunidades sostenibles a aquellos cuyos puestos de trabajo en el sector de los combustibles fósiles puedan desaparecer.

Vaca Muerta y sus trabajadores

Después de que el país llegó a la cifra más baja en la producción de gas y de petróleo en 2014, Vaca Muerta surgió como un sustituto de los hidrocarburos convencionales en el país, con sus depósitos de hidrocarburos también conocidos como de esquisto o shale, su nombre en inglés.

Su explotación solo es posible mediante el sistema de fractura hidráulica o fracking.

“A partir de Vaca Muerta se ha mantenido el volumen de producción, tanto de gas como de petróleo, y los no convencionales cada vez tienen más participación”, explica Bernstein.  “Nosotros calculamos que para 2025 se podrían llegar a producir un millón de barriles al día», añade.

Para alcanzar dicha producción, será necesario desarrollar más proyectos en la formación de 30 000 km2, que ya alberga cientos de pozos y está dividida en bloques que son propiedad y están operados por la empresa estatal de petróleo y gas YPF, en asociación con varias empresas internacionales.

El gobierno espera explotar los yacimientos en la medida en que sea tecnológicamente posible, y ha tratado de subvencionar a las empresas de combustibles fósiles a través de programas como el Plan GasAR, recientemente prorrogado hasta 2028.

Vaca Muerta ofrece ahora salarios que duplican la media nacional, lo que atrae a miles de personas, en su mayoría hombres, que han llegado a la ciudad de Neuquén y a otras localidades de la provincia homónima desde toda Argentina en los últimos años. Los trabajos, aunque bien pagados, son también muy riesgosos, como demuestran los numerosos accidentes de los últimos años.

En boca de pozo, que son los trabajos menos especializados y más riesgosos, la paga ronda entre los 2.000 y 2.700 dólares al mes, asegura Sebastián Cortez, gerente de la Cámara Empresarial Industria Petrolera y Afines de Neuquén (Ceipa), la cual agrupa a empresas de servicios de petróleo y gas. Cortéz cuenta que él comenzó, así, en boca de pozo, y que “si bien el trabajo es duro, la paga es incomparable”.

En 2021, el sector del petróleo y la minería en Argentina empleó directamente a más de 84.000 personas, según el informe del gobierno sobre la dinámica salarial, sin contar la industria de servicios indirectos. La mayoría de los puestos de trabajo en el sector del petróleo y el gas se concentran en la provincia de Neuquén y que, salvando las distancias, recuerda lo sucedido en Caraparí.

En Neuquén el crecimiento poblacional ha doblado la media del país. En 12 años, se registró un incremento de casi 200.000 personas, algo que algunos medios nacionales han denominado como “el efecto Vaca Muerta” como fue en el Chaco con el efecto San Alberto, que una vez agotado, ha dejado la región sumida en la pobreza.

Sindicatos y organizaciones ecologistas como el Observatorio Petrolero Sur (OpSur) denuncian que las condiciones de trabajo en el proyecto son volátiles y están ligadas al precio internacional del petróleo, lo que hace a los trabajadores muy vulnerables a las fluctuaciones.

«Cuando Vaca Muerta comenzó, empleaba a 5.000 trabajadores petroleros. Un año y medio después, 3.500 habían sido despedidos. Esta situación de contratar y luego despedir es recurrente», dijo Martín Álvarez Mullaly, investigador de OpSur.

¿Una transición energética justa?

En la reciente cumbre del clima, la COP27, Argentina presentó su plan para cumplir su compromiso climático para 2030. Entre las más de 250 medidas enumeradas en el documento, el gobierno hace una mención explícita a la transición energética desde los combustibles fósiles, que se logrará mediante el desarrollo del sector de las energías renovables.

En su hoja de ruta, el gobierno también incorpora el concepto de «transición energética justa». Esto se refiere a la consideración de las implicaciones de la equidad y la justicia al abandonar los combustibles fósiles; por ejemplo, los efectos sobre los trabajadores del petróleo y el gas actualmente empleados, a los que habrá que formar y proporcionar apoyo para la transición a trabajos más limpios.

Una economía baja en carbono en América Latina puede generar hasta 15 millones de empleos netos y 1% de crecimiento neto adicional, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir de 2020. Aunque se perderían puestos de trabajo en la ganadería y los combustibles fósiles, se calcula que se añadirían más en las energías renovables, la agricultura, la construcción y la silvicultura.

Conseguir una transición energética «no consiste en cerrar el grifo del gas y ya está», como afirma Enrique Maurtua Konstantinidis, consultor argentino en cambio climático. Aun así, confía en que la «oferta de puestos de trabajo que proporcionaría una transición justa podría ser mucho mayor que la que proporciona hoy Vaca Muerta».

«El gobierno cree que para que el país salga adelante es necesario tener dólares. Y esos dólares se generan con la venta de commodities. Esos commodities son: barriles de petróleo, gas y vacas. Son tres cosas que no forman parte de la solución climática», añadió Maurtua Konstantinidis.

Para Joaquín Etorena Hormaeche, coordinador de la Alianza para la Acción por una Economía Verde (Page), un programa de la Organización Internacional del Trabajo que apoya a los países en su transición hacia economías verdes, son muchas las variables que hay que tener en cuenta a la hora de establecer la velocidad y la dirección de una transición energética justa.

«Tenemos que saber qué tipo de puestos de trabajo pueden generar las distintas fuentes de energía renovables. Por ejemplo, la eólica y la solar requieren, sobre todo, puestos de trabajo en la fase de instalación, pero después el número de puestos de trabajo disminuye significativamente», ha señalado Etorena Hormaeche.

En 2018, había más de 8800 personas trabajando en el sector de las energías renovables en Argentina, según las últimas cifras divulgadas por el gobierno nacional, de las cuales 8329 eran empleos en la construcción -es decir, temporales- y 488 puestos fijos.

La Confederación Sindical de las Américas, organización regional latinoamericana de la que forma parte la Uocra, presentó un documento de posición en la COP27, en el que pide avanzar en una «transición verdaderamente justa». El documento aborda cinco áreas: transición justa en la región, mitigación, colonialismo, adaptación, pérdidas y daños, financiación y justicia social.

El párrafo final del documento da que pensar: «Solo cuando la crisis climática se aborde bajo la premisa de la justicia climática, dejará de ser un problema de contabilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y podrá entonces abordarse en toda su magnitud, considerando su dimensión social e histórica».

Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino.

 

Bolivia y las dudas de YPFB con el no convencional

Con los contadores acelerando hacia la transición energética completa, donde Bolivia también va a jugar un papel importante como proveedora de baterías de litio y sus diferentes componentes, la forma de abordar el ciclo del gas natural mantiene paralizado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que no acaba de tomar una decisión.

Bolivia es un país no contaminante por lo que sus compromisos nacionales en el marco del acuerdo de París prevén además formas en capturar el efecto invernadero generado por un hipotético desarrollo industrial. Eso, junto al indulto general al gas natural, considerado como combustible de transición y para el que no hay fecha de prohibición, por el momento, obligan al país a tomar una determinación.

Un proyecto de perforación tradicional cuesta alrededor de 40 millones de dólares y la inversión es de alto riesgo (3 a 1 aproximadamente), lo que no ha atraído a empresas transnacionales a buscar nuevos proyectos mientras que en Bolivia sigue rigiendo aquello de no arriesgar los recursos propios.

Mientras, Bolivia tiene estudios avanzados de reservas no convencionales encargados en la gestión del ministro Luis Alberto Sánchez (que hablaba del mar de gas), y apenas una experiencia piloto en el área de Miraflores de la que no se ha reportado. La actual dirección presentó el año pasado un plan de reactivación que contemplaba la reapertura y explotación con “nuevas técnicas” de pozos viejos y agotados, pero igualmente, apenas se han presentado avances.

Así, sin determinación, la producción de gas natural sigue cayendo (un 10 por ciento menos volumen exportado en este 2022) mientras que los proyectos de industrialización del plástico han quedado incompletos.