En América Latina y el Caribe hay 56 MM de hambrientos

En América Latina y el Caribe el número de personas que padecen hambre aumentó en 13,2 millones entre 2019 y 2021, hasta llegar a 56,5 millones, debido a la pobreza extrema y a la inflación en alimentos, mostró este martes 6 un informe de tres agencias de las Naciones Unidas.

La variación de los precios de los alimentos “tiene un impacto negativo e inevitable en los medios de vida, principalmente de la población rural, y en el acceso a una dieta saludable”, expuso Mario Lubetkin, representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El índice anualizado de precios de los alimentos a nivel regional alcanzó 11,7 % en septiembre de 2022, frente a 7,1 % en el caso de la inflación general, según la FAO, que elaboró el estudio junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Junto con la inflación, en la inseguridad alimentaria y el hambre pesa el tamaño de la pobreza, que la Cepal estima para este año en 81,8 millones de personas en la región, de las cuales 55,7 millones viven en áreas urbanas y 26,1 millones en zonas rurales.

Para el conjunto de la región, con datos de 16 países, en 2022 la incidencia de la pobreza extrema sería de 21,9 % en las zonas rurales –no siempre el alza en los precios de los alimentos beneficia a los agricultores, en particular no siempre a la agricultura familiar-, mientras que en las zonas urbanas sería de 11 %.

En 2021, la inseguridad alimentaria moderada o grave afectó a 267,7 millones de personas en la región (62,5 millones más que en 2019), es decir, a 40,6 % de la población, cifra mucho más alta que el promedio mundial (29,3 %).

En cuanto a la inseguridad alimentaria grave (no se consumen alimentos durante un día o más varias veces en un año), su prevalencia en la región en 2021 fue de 14,2 %, casi el doble del valor registrado en 2014, que fue de 7,5 %, y el mayor incremento, de 2,9 puntos, se registró entre 2019 y 2020, en el contexto de la pandemia.

América del Sur es la subregión en que se han producido los mayores aumentos de la inseguridad alimentaria dentro de la región, indicó el informe titulado “Hacia una seguridad alimentaria y nutricional sostenible en América Latina y el Caribe en respuesta a la crisis alimentaria mundial”.

El documento de las tres agencias de la ONU llama a fortalecer la producción agrícola y los sistemas de protección social, y extender su alcance en el área rural, para responder al triple desafío de combatir la inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza extrema, y apoyar la producción de alimentos en la región.

Ello tras advertir que la guerra en Ucrania y las crisis sucesivas a nivel internacional, tanto económicas como de salud, comprometen el acceso de América Latina y el Caribe a los alimentos y a insumos claves para la agricultura regional.

Se indica que el conflicto bélico en Ucrania ha afectado directamente el comercio internacional de petróleo crudo, gas natural, cereales, fertilizantes y metales, y los precios más altos de la energía y los alimentos son parte de los factores que han llevado a una revisión del crecimiento global a la baja en 2022.

Se prevé que la economía mundial crezca 3,1 % este año, 1,3 puntos porcentuales menos que lo pronosticado antes del estallido de la guerra, mientras que la región de América Latina y el Caribe se expandirá 3,2 % este año, pero se desacelerará notoriamente hasta 1,4 % en 2023, según la Cepal.

“A pesar de contar con un importante superávit comercial agropecuario, América Latina y el Caribe está expuesta a los problemas de producción y comercialización y a las alzas de precios derivados de la guerra en Ucrania”, indicó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

Subrayó que “las alzas de los precios internacionales de los alimentos e insumos afectan tanto a los países exportadores como a los importadores netos. Además, la región importa más de 80 % de los fertilizantes utilizados en la agricultura”.

En cuanto a recomendaciones, el estudio indica que se debe reforzar el papel activo que los sistemas de protección social, incluyendo a los programas nacionales de alimentación escolar, desempeñaron durante la fase más crítica de la pandemia.

Lola Castro, directora regional del PMA, destacó que en el escenario regional “la pobreza multidimensional está cada vez más vinculada a la inseguridad alimentaria y nutricional, y diferentes crisis se suman a inequidades estructurales profundas”.

Por ello, “los sistemas de protección social, incluyendo a la alimentación escolar, juegan un papel fundamental en mitigar la vulnerabilidad de las personas antes, durante y después de las crisis”, agregó.

El documento, divulgado en esta capital, también recomienda garantizar el acceso de los pequeños productores a los fertilizantes y biofertilizantes, como una medida necesaria y válida si se focaliza en los agricultores que más lo necesitan y se condiciona a la sostenibilidad de la actividad agropecuaria.

Alimentación para asegurar los derechos humanos

Máximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostiene que “Todas las personas tenemos el derecho a no pasar hambre. Sin embargo, ahora más que nunca, este derecho fundamental está en riesgo. Cada vez son más quienes caen en la trampa del hambre, en un contexto mundial caracterizado por múltiples crisis como el cambio climático, las pandemias, los conflictos, las crecientes desigualdades y la violencia de género”.

Hasta 828 millones de personas padecieron hambre en 2021, lo que supone un aumento de 150 millones desde el brote de la pandemia de la enfermedad por coronavirus, la covid-19. De cara al futuro, se prevé que casi 670 millones de personas seguirán sin tener suficiente para comer en 2030. Todo ello pone de manifiesto que el mundo se aleja de su objetivo “Hambre cero”, un ambicioso compromiso que se selló hace menos de una década, así como las profundas desigualdades que persisten a nivel global.

“Actualmente hay alimentos suficientes para toda la población. El problema es la incapacidad para comprar los alimentos disponibles, debido a los altos niveles de pobreza y desigualdad. La guerra en Ucrania ha empeorado las cosas, generando perturbaciones en el mercado de la energía, y provocando que los alimentos se encarezcan aún más” señala Torero.

Solo en lo que va de año, los costes de las importaciones en los 62 países más vulnerables han aumentado en 25 mil millones de dólares, 39 % en comparación a 2020.

La pandemia de covid-19, que empezó como una crisis de salud, evolucionó rápidamente hasta convertirse en una crisis alimentaria, provocando escasez de mano de obra en el sector agrícola y amenazando con interrupciones en las cadenas de suministro de alimentos.

“La pandemia nos ha enseñado la importancia de considerar los desafíos interrelacionados que plantea satisfacer la creciente demanda de alimentos, así como proteger la sostenibilidad ambiental, social y económica, tal como establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - y recuerda - El 80 % de los pobres del mundo viven en zonas rurales y dependen de la agricultura para su subsistencia”.

Muchos de ellos —mujeres, niños, pueblos indígenas y personas con discapacidad— no tienen acceso a alimentos y luchan contra las malas cosechas, los elevados precios de las semillas y fertilizantes y la falta de servicios financieros. Al mismo tiempo, se ven directamente afectados por los riesgos e incertidumbres de nuestros sistemas agroalimentarios.

Bolivia, pobreza y alimentos

En el primer informe dado por el presidente Luis Arce en 2022, reportó que la pobreza extrema en 2021 alcanzó un 11,1 % mientras que la pobreza moderada llegó a 36,6. Entonces, el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Humberto Arandia, precisó en una rueda de prensa que la pobreza extrema se manifiesta principalmente en el área rural con un 23 %, en cambio la urbana llega al 6,1 %, mientras que un 47,9 % de la pobreza moderada está en el campo y el 31,4 % en las ciudades, según los valores de una encuesta de hogares.

A fin de garantizar la soberanía alimentaria, el ejecutivo de Luis Arce ha promovido políticas que mantengan los precios bajos a través del aprovisionamiento de insumos elementales en el mercado – como la harina – a precios bajos, al tiempo que se impedía la exportación si los productos superan determinados precios en el mercado local. De momento se ha logrado controlar la inflación galopante que sí se está dando en países del entorno.