Derechos y límites de la ciudadanía digital, un debate presente

La vida moderna con la tecnología en el centro ha hecho mutar el antiguo concepto de ciudadano, poniendo en debate los límites y características de un nuevo tipo de sujeto dentro de la vida social, con sus derechos y obligaciones.

Se trata de la ciudadanía digital, un concepto en plena formación que refiere tanto a aspectos individuales, como la seguridad y privacidad a la hora de navegar en Internet, como también a asuntos colectivos ligados a la libertad de expresión y los límites para los discursos de odio.

Estos y otros tópicos relacionados al mundo digital fueron abordados en un seminario web organizado por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) y su Red Internacional de Periodistas (IJNet) por dos especialistas.

Ellos fueron: Marianne Díaz Hernández, abogada y escritora experta en derechos digitales, fundadora de la oenegé Acceso Libre y premiada por su trabajo contra la censura en Venezuela; y Héctor Faya, director del programa de políticas públicas y gobierno de Meta -nueva denominación de Facebook- para América Latina y el Caribe, además de profesor de derecho digital y libertad de expresión en la Universidad Iberoamericana de México.

Una nueva sociedad, con brechas que persisten

Faya aclaró que “un ciudadano digital no es alguien que solo utiliza Internet”, sino que se trata de un concepto disruptivo, asociado a que “el mundo digital es libre, no tiene fronteras ni límites geográficos, es ágil y universal, no distingue de edades, origen ni nación”.

Recordó que la idea de ciudadano viene de la antigua Grecia, cuando la sociedad decidió “en vez de unirnos a discutir lo que nos hace únicos veamos lo que nos hace grupo y da un sentido común”. Esto trajo consigo la democracia como forma de gobierno, y el impulso del arte y la filosofía: “la historia de los griegos nos hace ver que un buen ciudadano es la persona que puede escuchar, razonar, ver y ponerse en los pies del otro”.

Esa idea puede sonar lejana si uno mira el actual nivel de debate en las principales plataformas o foros.

Faya llamó a entender el concepto de ciudadano digital como algo “mucho más poderoso de lo que creemos”, ligado a una nueva sociedad donde “la tecnología se usa para mejorar a la comunidad, permite defender nuestro punto de vista en un marco de respeto y tolerancia, y reconoce la validez de una información”.

Agregó que un ciudadano digital como al que aspira “puede incidir en las políticas públicas de su país o región”. Como ejemplo, mencionó a la activista medioambiental Greta Thunberg, “que comenzó a los 15 años un movimiento y no necesitó ser diputada ni senadora, sino de las redes”.

A su turno, Díaz Hernández planteó como punto primordial que si bien hoy el acceso a Internet es masivo, aún no llegó a “más de un tercio de la población mundial”.

“Cuando nos acostumbramos pasa a ser un derecho y forma parte de nuestra vida cotidiana, pero se nos olvida que hay gente que nunca tuvo acceso y esa es su manera de experimentar el mundo”, expresó.

Además, señaló que “debemos preguntarnos qué es el acceso” a la tecnología, ya que no es solo “tirar un cable y que haya Internet en una zona”, sino que esa conexión debe tener buena potencia, la persona debe poder costearlo y en agregado tener las competencias necesarias para su uso. Solo superando estos niveles se logrará “un acceso verdadero y genuino”, remarcó.

En esa línea, sostuvo que en América Latina se nota “la ausencia de la labor estatal” para lograr estos objetivos de accesibilidad, ya que los planes públicos no llegan “a regiones rurales, a poblaciones desplazadas o minoritarias”, por lo que cobran fuerza y relevancia las redes comunitarias.

Díaz Hernández conectó la falta de una “alfabetización digital”, que permita a la persona utilizar la tecnología “para que sea autónoma y soberana”, con el problema actual de la desinformación. “Tenés Internet pero no tenés las herramientas para entender lo que ves, es un tema educativo”, indicó.

Desinformación y discursos de odio

“El primer derecho digital es el acceso, sin eso se cancelan todas las posibilidades”, dijo Faya. La idea de brecha digital, explicó, se refiere tanto a la falta de infraestructura como de recursos y conocimientos para hacer uso de la tecnología.

Superada esa primera instancia de acceso, vienen “los derechos a la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad”. También mencionó el derecho a recibir información no distorsionada, y sostuvo que “hoy las noticias falsas se pueden magnificar si no tomamos medidas”.

Díaz Hernández habló sobre las obligaciones de los usuarios de Internet, como “preservar la vida de otros, respetar sus derechos, no calumniar a otras personas”.

En esa línea, subrayó que “la libertad de expresión es un derecho que funciona” en los casos donde hay “opiniones que nos incomodan o desagradan, o creemos groseras”, porque “una sociedad democrática necesita de esas expresiones”.

Igualmente, señaló que sí hay un “límite” que no puede pasarse, y es cuando las opiniones caen en “discursos de odio”. Sobre esto, detalló: “no puedo llamar al genocidio de una raza, sí puedo decir que odio cosas, eso no es discurso de odio”.

Explicó que un discurso de odio “debe tener características específicas como estar dirigido a minorías”.

La especialista dejó un consejo para valorar la censura y la libertad de expresión: “de todo lo que creemos que debería darse de baja en Internet porque está en el límite, solo el 1 % debería censurarse, el otro 99% deberá combatirse y podés responder, discutir, involucrarte o simplemente olvidarlo; censurar casi nunca es la respuesta”.

A nivel de los Estados, la abogada señaló que “en general los tribunales [judiciales] son los únicos que pueden afectar la libertad de expresión”, mientras que en el caso de las empresas privadas, como las plataformas, tienen su propia normativa al respecto.

Moderación de contenidos y educación

Faya sostuvo que como en “el ciberespacio hay datos virtuosos y maliciosos, la libertad de expresión siempre está en tensión con otros derechos”, por lo que resulta “importante la moderación de contenidos”.

Detalló que en Meta procuran asociarse “con expertos en derechos humanos y en periodismo, para encontrar criterios generales que permitan ver dónde está esa tensión y los límites de la libertad de expresión cuando se genera un daño”. En ese sentido, por ejemplo Facebook no permite contenidos que “promuevan la desconfianza en las vacunas o la ciencia”.

“En Meta no se suprime el disenso, no se trata de promover una ‘discusión rosa’ sino de poder aguantar las opiniones que no nos gustan, ser tolerantes y promover el pensamiento crítico”, complementó.

Mientras que Díaz Hernández planteó que no cree que “la solución venga desde las plataformas”, sino desde las personas y la educación: “más alfabetización digital, para tener la capacidad de razonar y discutir”.

Bolivia: un internet lento y caro

De acuerdo a los datos facilitados por la ATT a 2021, Bolivia tiene una población de 11.75 millones de habitantes y ya cuenta con 12.16 millones de conexiones móviles. En total son 5.58 millones de habitantes acceden a internet y 8.20 millones de habitantes son usuarios activos de redes sociales, es decir el 69.8% de la población total de Bolivia.

El crecimiento entre 2020 y 2021 señala una ralentización, pero también un ejercicio de la digitalización más pleno. En general se ha reportado:

+ 1.4% de crecimiento de población versus enero 2020.

+ 4% de crecimiento de conexiones o líneas móviles versus enero 2020.

+ 8.7% de usuarios que acceden a internet versus enero 2020.

+ 9.3% de usuarios activos en redes sociales versus enero 2020. (Más de 700.000 nuevos usuarios).

En general el principal problema de internet en Bolivia es su baja velocidad y alto costo. La velocidad de descarga promedio para conexiones a Internet móviles y fijas, con comparaciones año tras año, es de 19.23 megabytes, lo que implica un crecimiento anual de velocidad de internet móvil en Bolivia del 3.8%

Desafíos en la era digital y de los datos en Bolivia

Un profundo análisis de la situación de la era digital en Bolivia lo dejó publicado Diandra Céspedes Sagardía, Oficial de privacidad y protección de datos personales Fundación InternetBolivia.org, en el blog de la ONG que promueve el internet mejor para Bolivia. Ahí reflexiona sobre tres aspectos esenciales en este debate.

El primero ¿Nuestros datos personales pueden ser vulnerados? “La cantidad de datos personales que vamos dejando en diversos lugares y que son recolectados por instituciones públicas y privadas es inmensa y muchas veces no nos percatamos de ello, no llegamos a reflexionar por qué está pasando esto. En ese contexto, debemos reflexionar sobre la cantidad de casos que se han tenido en nuestro país relacionados con un uso inadecuado de datos personales como la militancia política, el estado de salud, la difusión de videos de índole sexual y otras estafas bancarias que tienen que ver con los datos” señala Céspedes.

En ese sentido, recuerda que “la Constitución Política del Estado determina como un derecho el acceso a servicios básicos entre ellos a las telecomunicaciones (donde incluiríamos a Internet)4 y garantiza la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen 5, además de la autodeterminación informativa6. Por ello, a pesar de no establecerse de forma literal, la protección de datos personales se encuentra reconocida en nuestra Constitución y por ende debe ser garantizada, tanto en ámbitos digitales como no digitales, pero a pesar de ello, algunas instituciones públicas ya han empezado procesos de interoperabilidad de datos para verificar cierta información, estableciendo convenios para ello, a pesar de que su plena implementación se encuentra aún en proceso”.

“La falta de una ley de protección de datos personales impide que el tratamiento de datos personales se realice respetando plenamente los estándares de protección de datos personales. No tenemos obligaciones establecidas para instituciones públicas y privadas que traten datos personales o derechos específicos determinados para los titulares de datos personales” advierte.

Céspedes recuerda que Bolivia es uno de los pocos países de la región – y el mundo- que no tiene una ley específica sobre protección de datos personales y solo algunas referencias dispersas. “En un momento en el que todo se está volviendo digital y cuando han existido casos donde los datos personales están siendo usados sin consentimiento y poniendo en peligro la privacidad de las personas, no podemos pensar en un futuro donde no exista una regulación adecuada”.

Céspedes señala que no solo es una cuestión de Derechos Humanos sino un “habilitante para avanzar en la transformación digital, gobierno electrónico y ciudadanía digital, porque el fortalecimiento de dichos aspectos permite contar con instituciones públicas más eficientes - y además - Fortalece la economía digital, debido a que las empresas se enfrentan a nuevos desafíos para transformarse utilizando las tecnologías de la información y la comunicación pero también necesitan un marco de regulación para poder potenciar los negocios basados en datos y garantizar los derechos de las personas”.