Violencia de género, un problema urgido de algo más que leyes

Agravada por dos años de pandemia, la violencia contra mujeres y niñas en América Latina no solo se combate con las leyes que facilitan las acciones penales, sino que requiere de políticas integrales de género que corrijan desigualdades y garanticen el acceso a derechos y a la inclusión social.

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) registra en su repositorio legal contra la violencia, 13 países con leyes integrales y otros 17 con cuerpos legales con la tipificación de femicidio o feminicidio, causantes de la muerte de 4.640 mujeres en la región en 2019.

A ello se suman de manera específica o como parte de las leyes mencionadas, diversas normativas sobre acoso sexual laboral, acoso callejero, delitos sexuales, sobre difusión de imágenes íntimas en el ciberespacio, sobre acoso y violencia política; se incluyen también leyes que tipifican y sancionan el tráfico y trata de personas, entre otras.

Se trata de una legislación “muy variada en nuestra región, con diferentes enfoques, contenidos y alcances y no se cuenta con verdaderos estudios de impacto de la misma”, advirtió en declaraciones a IPS desde Uruguay, vía correo electrónico, Carmen Beramendi, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en ese país.

“Todas las leyes han sido resultado de las luchas de las mujeres organizadas, de los feminismos en sus múltiples expresiones y diría que hoy podríamos establecer una genealogía de las mismas que va desde las que podemos denominar como leyes de primera generación, que fueron las de violencia intrafamiliar o doméstica, hasta las de protección integral”, abundó.

La también docente e investigadora en género y políticas de igualdad, precisó que la violencia de género tiene un carácter estructural, producto de relaciones de desigualdad y asimetrías de poder históricas entre varones y mujeres, resultado “de una de las expresiones culturales de la dominación más arraigadas, con la que convivimos y que precisamos desnaturalizar”.

“Desde esta perspectiva que establece una correlación entre las desigualdades de género y las violencias contra las mujeres se requiere de un proceso de construcción y deconstrucción de las centralidades que determinan la persistencia de las violencias; y la legislación es una contribución fundamental como lugar de enunciación”, señaló.

Beramendi llamó a pensar en lo que han significado las leyes de primera generación, con todas sus limitaciones, en “el proceso de reconocimiento de que las mujeres víctimas son personas en situación de desventaja en el ejercicio de sus derechos y que por lo tanto requieren que los Estados les garanticen estos”.

En su opinión, “durante la pandemia, el incremento de la violencia contra las mujeres tiene directa relación con el cerco al que se vieron sometidas con muchas horas de confinamiento junto a los agresores, la pérdida de las redes de contención, pero al mismo tiempo porque los servicios públicos, las políticas públicas no contaron con la creatividad y los recursos para adecuar sus respuestas a esta situación”.

Por su parte, la abogada cubana residente en México, Alina Herrera, acotó:“Así se confirmó aún más que, si bien las leyes son imprescindibles para consolidar las políticas y estrategias de un país que trabaja por erradicar este grave problema, no son las únicas herramientas capaces de cerrar brechas de desigualdad y de disminuir índices de violencia”.

Desde su perspectiva, las consecuencias más visibles de las leyes que se han promulgado en torno a la violencia de género en la región apuntan a que han demostrado la capacidad movilizadora y política de las mujeres organizadas. También de colectivos como el LGBTIQ+ (lesbianas gays, bisexuales, transexuales, transgénero, queer y otros).

“Se ha colocado el problema en la arena de las instituciones y los gobiernos, ha proliferado y se ha expandido la discusión ciudadana sobre este flagelo (…) La violencia de género ha trascendido el espacio académico y los sectores netamente feministas o de mujeres, y las leyes han sido un resultado de esta lucha y a la vez un punto de partida para pensar e implementar la transformación social en base al género”, afirmó

Pese a los esfuerzos, los índices de violencia por razones de género no disminuyen a corto plazo como es lo deseable. Según un informe del Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal en 28 países de la región en 2020 hubo una disminución de 10,6 % de feminicidios con respecto a 2019.

Pero en el Caribe anglohablante, cuatro de nueve países y territorios con datos disponibles sobre muertes violentas por razones de género registraron un aumento de la tasa por cada 100.000 mujeres entre 2019 y 2020.

“Para que las leyes tengan eficacia transformadora es preciso trabajar las desigualdades reales, económicas, laborales y sociales de las mujeres y personas LGBTIQ+, y también trabajar respecto al desmontaje de estereotipos e imaginarios culturales, identitarios, que resultan ser dispositivos de control sobre los cuerpos de las mujeres y cuerpos no hegemónicos”, dijo la abogada y feminista cubana.

Entre las carencias u obstáculos en países de la región para avanzar en ese cometido, mencionó que no siempre se destina el presupuesto necesario para que los llamados Mecanismos de Adelanto para las Mujeres (MAM), que son las instituciones encargadas de desarrollar las agendas de género de los países, desarrollen su trabajo.

Al abundar en este tema, detalló que lo anterior se vincula también a la jerarquía institucional: algunos MAM son institutos (México), otros son ministerios (Argentina) que sería la jerarquía más alta y, por tanto, se le deben destinar mayores presupuestos. Y existen casos muy específicos como el de Cuba, donde la responsabilidad recae sobre una organización femenina.

La nación caribeña no cuenta con un instituto o ministerio especializado en igualdad de género, pero la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) integra el Consejo de Estado, máximo órgano de gobierno. La ONG tiene iniciativa legislativa y representa a Cuba en los mecanismos regionales e internacionales sobre igualdad de género y derechos de las mujeres.

Si bien aun carece de una ley específica de violencia de género, Cuba ha dado en los últimos años pasos importantes en esta materia, sobre todo a partir de la inclusión en la nueva Constitución de un artículo (43) que obliga al Estado a proteger a la mujer de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crear los mecanismos institucionales y legales para ello.

En ese sentido se prevén nuevas acciones en el ámbito jurídico como parte del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) y de la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar, vigente desde el 9 de diciembre y con carácter vinculante para ministerios e instituciones involucradas.

El parlamento cubano aprobó en octubre pasado cuatro leyes, tres de las cuales incluyen cuestiones vinculadas a la violencia de género, incluida la no revictimización.

Para la especialista cubana en derecho penal Arlín Pérez Duharte, “las leyes no son la llave mágica para resolver la violencia de género”. A juicio de la profesora de la Universidad de La Habana, se requiere sensibilizar y capacitar a los operadores del derecho, a las personas que implementarán las leyes y que se han formado también en una cultura patriarcal.

¿Qué cambios se plantean en la Ley 348?

Modificación de penas

Uno de los grandes debates en la aplicación de la Ley 348 pasa porque para los casos en los que se sentencie un caso de feminicidio se aplica la pena máxima, es decir, 30 años sin derecho a indulto, sin embargo, las propias activistas reconocen que debe haber diferencia entre los casos que se dan con premeditación, por ejemplo, con otros desencadenados fortuitamente, aunque la base de dominación sea la misma.

Castigar al agresor

En el aspecto de la aplicación de penas hay propuestas más extremas, como la aplicación de la cadena perpetua, la de muerte en casos de víctimas menores, o terapias como la castración químicas para depredadores sexuales que no puedan ser rehabilitados. En cualquier caso, se mantiene la pena máxima y se descartan atenuantes por causas socioeconómicas.

No a la conciliación

Una de las propuestas filtradas al inicio de la evaluación fue la de abrir la posibilidad de “despenalizar” los casos, lo que había la puerta a conciliaciones por la vía administrativa. Actualmente, como delito público, existe una sola excepcionalidad a la norma, en casos de violencia no grave, pero por una sola vez.

Los feminicidios no bajan en Bolivia

Con una tasa de al menos 2,3 feminicidios por cada 100.000 mujeres, Bolivia es uno de los países más golpeados por esta tragedia en Latinoamérica y el más afectado en Sudamérica, reportó recientemente la Comisión Económica Para América y el Caribe (CEPAL), de Naciones Unidas.

Los números absolutos, entre 110 y 150 feminicidios por año en el último quinquenio, resultan de alto impacto en un país de unos 11 millones de habitantes. Apenas la mitad son investigados a pesar de las disposiciones incluidas en la Ley 348 de 2013, una Ley que el Gobierno ha prometido modificar ante la falta de resultados numéricos objetivos.

"Estas cifras reflejan la vigencia del patriarcado y de una sociedad que ha naturalizado la violencia. El Estado debe evaluar las normas, políticas y su accionar respecto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pues ésta aún no ha generado cambios estructurales", protestó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en un mensaje por el Día de la Mujer Boliviana recogido por Sebastián Ochoa en Sputnik

El Gobierno de Luis Arce, apenas instalado en noviembre de 2020 abrió un proceso de consultas durante el cual recogió más de un millar de propuestas que actualmente organiza en un proyecto legal declarado prioritario por el parlamento, pero aún en lista de espera.

La Defensoría considera urgente una conjunción de ideas y esfuerzos entre las instituciones públicas y la sociedad civil para adoptar cambios estructurales, que abarquen al comportamiento colectivo e individual, para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos.

Los datos oficiales de 2020, puestos en duda por activistas femeninas que advierten la falta de denuncias y de investigación durante la pandemia, indican que ese año se registraron en Bolivia al menos 110 feminicidios. Los de 2021 son igualmente similares.

En 2020, añadió, se registraron 39.999 embarazos en niñas y adolescentes, de lo que resulta un promedio de 109 embarazos al día de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, con el detalle agravante de seis embarazos por día en menores de 15 años.

Cruz observó, entre incumplimientos de la Ley 348, que menos de un tercio de los gobiernos municipales y departamentales ha creado oficinas de atención a problemas de violencia de género, la mayoría no tiene personal especializado, menos de la décima parte tiene programas de capacitación y acogida a las víctimas, y menos de la mitad ha iniciado programas de reeducación y rehabilitación de hombres que ejercen violencia.