La Justicia en tiempos de fragmentación
La próxima Asamblea Legislativa estará tan dividida como el país lo decida, pero si no se logra un acuerdo mínimo para reformar el sistema judicial, Bolivia seguirá atrapada en su laberinto más perverso
En Bolivia, hablar de justicia es hablar de una herida abierta. No hay actor político, social o institucional que no reconozca el colapso del sistema judicial. Lo denuncian las encuestas, lo sufren los ciudadanos de a pie y lo admiten —cuando conviene— incluso los propios operadores del poder. El problema no es nuevo, pero ha llegado a un punto en el que ya no basta con maquillar la crisis: hay que desmontar las estructuras podridas y reconstruir desde los cimientos, pero aun así las propuestas de los candidatos son bastante vagas en ese aspecto.
La próxima legislatura estará marcada por una Asamblea fragmentada y probablemente sin mayoría clara, y aun así, tendrá en sus manos una de las tareas más complejas y urgentes de la historia reciente: rescatar la Justicia del pantano en el que lleva años hundida, todo esto sin convertir el proceso en otro campo de batalla partidaria o de clases.
Lo que está en juego no es solo la renovación de los magistrados auto prorrogados o si estos seguirán siendo electos o se modificará la Constitución solo para esto, sino la refundación institucional de un sistema capturado, ineficiente y profundamente desconectado de las necesidades de la ciudadanía. Una justicia que no juzga a los poderosos, pero sí castiga con rigor burocrático a los más vulnerables. Que se vende al mejor postor, que responde a intereses de facciones y que, en lugar de resolver conflictos, los administra al servicio del cálculo político.
La tentación, en un escenario de bloqueo, será dejar las cosas como están. Pero eso sería el peor error, porque un sistema judicial inoperante no es un problema menor: es la piedra angular de todas las demás crisis. Sin justicia independiente no hay Estado creíble, y sin Estado creíble no hay democracia posible.
Hay tres frentes mínimos sobre los que incluso una Asamblea dividida debería poder avanzar, si es que hay voluntad política real, pactar la transición a un nuevo modelo, blindar la Justicia del cuoteo político e invertir en la justicia de base para que los problemas se resuelvan pronto sin entrar en las ciénagas de la burocracia y la corrupción.
La prórroga indefinida de autoridades judiciales sin legitimidad democrática no puede seguir. Es imprescindible acordar un mecanismo excepcional y limitado en el tiempo, bajo veeduría nacional e internacional, que garantice una transición hacia un nuevo proceso de elección probablemente basado en méritos y no en cuotas partidarias, teniendo en cuenta que en estos 20 años se han arruinado muchas carreras judiciales y propulsado otras.
Por otro lado, las cuotas partidarias han destruido la credibilidad del sistema antes y ahora, en Bolivia y en otros muchos países. La próxima Asamblea debe comprometerse, por ley, a evitar el cuoteo de cargos judiciales y fiscales. Eso exige cambiar las reglas de designación, pero también asumir una ética institucional básica: no todo se negocia.
Además, la justicia ordinaria no puede seguir siendo una máquina de dilaciones y corrupción. Se necesita una inversión sostenida en juzgados de primera instancia, defensores públicos, digitalización de procesos y formación judicial continua. La reforma no puede quedarse en la cúpula.
Es probable que el próximo presidente —sea quien sea— no tenga la fuerza suficiente para impulsar solo una reforma profunda. Pero quizás sea justamente esa debilidad la que abra una oportunidad: la de buscar acuerdos amplios, sostenibles y despartidizados. La de asumir, por fin, que sin justicia no hay futuro.
Sin Justicia, el futuro del país es demasiado incierto e inseguro.
