Soltar la mamadera: la gramática de la desigualdad de la derecha

Un mantra contemporáneo de la derecha es que el problema no es la desigualdad, sino la pobreza. Resulta, por tanto, llamativo que en la práctica concreta de quienes beben de las aguas conservadoras la desigualdad sea un tema omnipresente. Y la presencia del tema no se da porque los militantes de la derecha tengan un ramillete de argumentos de distinto calibre para debatir con la idea de desigualdad. Tienen, en mucha mayor cuantía, un conjunto de concepciones construidas alrededor de las desigualdades que consideran ilegítimas. De hecho, una parte no menor de sus esfuerzos dentro de la "batalla cultural" consiste precisamente en hacer pasar esas ideas como válidas, dotarlas de legitimidad y hacer que aniden en el sentido común, aunque curiosamente ello se produzca mediante el escamoteo mismo de la idea de desigualdad. La operación consiste, entonces, no en negar la desigualdad, sino en redefinir cuál de ellas merece indignación pública y cuál puede aceptarse como parte del orden social.

Durante los bloqueos de caminos recientes, las redes sociales fueron, como ya es habitual, escenario de reyertas sobre la situación política. Una de las muchas ideas esgrimidas me interesa particularmente: aquella que rastrea la motivación de las protestas en el interés de dirigentes de "no soltar la mamadera". En otras palabras, era el afán por conservar algún tipo de dádiva lo que habría conducido a las dirigencias a optar por la movilización. Más allá de la coyuntura, la eficacia de esa expresión reside en el tipo de desigualdad que se vuelve visible. La frase sugiere que la vinculación que permitió el funcionamiento de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo fue dependiente de la transferencia de recursos a las dirigencias de organizaciones sociales. De tal manera, los dirigentes estaban en situación de apropiar en sus cuentas personales bienes públicos.

Se denuncia, de manera simultánea, una relación clientelar y se resalta que hay algo ilegítimo en haber participado de una relación política que reportó beneficios personales. Que el Estado no deba convertirse en una fuente de enriquecimiento privado difícilmente sea una afirmación polémica. El paso siguiente es el que resulta significativo. En el razonamiento de la derecha, la sospecha deja de recaer únicamente sobre actos concretos de corrupción y se extiende a quienes ocuparon las proximidades ideológicas del MAS, como si esa cercanía fuera, por sí misma, evidencia de haber recibido algo del Estado de manera ilegítima. Como si el conjunto del proceso de cambio hubiera sido la organización del Estado para el usufructo de izquierdistas y satélites próximos.

Lo interesante de este razonamiento no reside, sin embargo, en la denuncia de la corrupción. Que el Estado no deba convertirse en una fuente de enriquecimiento privado es un principio respecto del cual probablemente exista un amplio acuerdo. La operación política comienza cuando esa sospecha deja de circunscribirse a los actos manifiestamente ilícitos y se extiende hacia un conjunto cada vez más amplio de vínculos con el Estado. El abuso de recursos públicos, el clientelismo, el acceso a un cargo estatal, la recepción de una política social o la cercanía con un gobierno pasan a ser leídos como momentos distintos de una misma relación de usufructo. De esta manera, se difuminan las diferencias entre situaciones jurídica y políticamente heterogéneas para quedar reunidas bajo un mismo juicio moral: el de haber recibido una ventaja inmerecida gracias al Estado. La cuestión ya no consiste únicamente en condenar la corrupción, sino en ampliar progresivamente el campo de aquello que puede ser considerado un privilegio ilegítimo. Haber exigido del Estado y conseguido una cancha, un plan de riego, un polifuncional o alcantarillado se convierten por este medio en la evidencia de una relación privilegiada.

Un maniqueísmo ampliamente diseminado

Esta forma de comprender las desigualdades no es exclusiva de Bolivia. A lo largo de América Latina, y con particular intensidad allí donde gobernaron fuerzas progresistas durante períodos prolongados, la derecha encontró un terreno fértil para extender esa sospecha sobre un conjunto cada vez más amplio de relaciones con el Estado. Las políticas sociales, las acciones afirmativas dirigidas a mujeres o pueblos indígenas, el fortalecimiento de organizaciones sociales e incluso la ampliación de derechos fueron presentados como beneficios particulares obtenidos a expensas del resto de la sociedad. Poco a poco, la imagen del privilegio terminó por abarcar situaciones muy distintas entre sí, aunque todas compartieran un mismo rasgo: ser interpretadas como ventajas concedidas por el poder político antes que como derechos o mecanismos de reparación.

Lo que aparece detrás de este razonamiento es una jerarquía bastante definida de las desigualdades que merecen reproche. La atención de la derecha se concentra, en primer lugar, en aquellas desigualdades que tienen origen en la política. Le preocupa que el Estado sea utilizado para favorecer a determinados grupos mediante cargos, subsidios, acciones afirmativas, reconocimientos jurídicos o cualquier otra forma de distribución diferenciada de bienes públicos. Allí identifica privilegios porque alguien recibe algo que otro no recibe. En cambio, las desigualdades producidas en el mercado rara vez ingresan al mismo registro moral. La concentración de la riqueza, las diferencias patrimoniales o las asimetrías derivadas del funcionamiento económico no son concebidas como privilegios que requieran corrección, sino como resultados esperables —e incluso deseables— de una economía que debe desenvolverse con la menor interferencia posible.

Hay, sin embargo, una asimetría reveladora. La intervención estatal resulta intolerable cuando redistribuye ingresos, reconoce derechos o amplía mecanismos de protección. No ocurre lo mismo cuando el propio Estado crea las condiciones jurídicas para la apropiación privada de recursos públicos, concede beneficios regulatorios o garantiza rentabilidades extraordinarias. En esos casos, la intervención estatal deja de ser presentada como un privilegio y pasa a confundirse con el funcionamiento normal de la economía.

Si algo muestra esta disputa es que el problema tampoco alcanza únicamente a la derecha. Si ellos han conseguido instalar con creciente eficacia ciertas concepciones sobre las desigualdades legítimas e ilegítimas, ello también dice algo sobre las dificultades de las fuerzas de transformación para producir ideas renovadas acerca de las desigualdades realmente existentes. Durante mucho tiempo pareció suficiente ampliar derechos, redistribuir ingresos y sostener que las desigualdades seguían siendo, en esencia, las mismas. Pero las sociedades cambian y con ellas cambian también las formas concretas que adopta la desigualdad. La Bolivia de hoy difícilmente puede pensarse con las mismas categorías que organizaban el debate hace treinta años. No porque hayan desaparecido el racismo o la exclusión, sino porque las posiciones que ocupan distintos grupos dentro de la sociedad también se han transformado.

Continuar hablando de lo indígena, por ejemplo, como si todavía estuviéramos describiendo el silenciamiento que organizaba la vida pública en 1992, dice menos sobre la realidad actual que sobre nuestra incapacidad para producir diagnósticos nuevos. Y mientras las fuerzas de transformación permanezcan aferradas a lenguajes que alguna vez fueron fecundos, pero que hoy resultan insuficientes para comprender las desigualdades que ellas mismas contribuyeron a transformar, la disputa por el sentido común seguirá librándose con las categorías que la derecha ha conseguido imponer.