El bloqueo y el cerco como armas de soberanía

La comprensión de la crisis actual que atraviesa Bolivia no puede ser descifrada apenas como una sumatoria de deslices institucionales del gobierno de turno ni errores de gestión macroeconómica del anterior. No son tampoco meras disputas de orden público que pueden trascenderse en el ejercicio del diálogo. En cambio, son contradicciones profundas en el espacio. Por ello sostengo que las determinaciones locales de la crisis actual están indisolublemente vinculadas a las transformaciones de largo plazo en la arquitectura de la acumulación global de capital en un momento de reconfiguración geo-política-económica del sistema mundo. Una escala insular, aquellas explicaciones que comienzan y terminan en Bolivia y que pretende explicar el espacio nacional como un receptáculo cerrado e independiente, opera como un dispositivo de encubrimiento ideológico que escamotea la crisis de un Estado dependiente que expresa dolorosamente las tensiones estructurales de un sistema-mundo cuyo hegemón está en una fase de repliegue.

Expresión culminante de esa crisis de Estado dependiente es la quiebra de la hegemonía del proyecto político del Movimiento al Socialismo, tras casi un cuarto de siglo de administración del aparato estatal, que marca la clausura de una fase histórica de la dependencia rentista. El agotamiento material de ese modelo no se debe a factores puramente exógenos, sino a los límites estructurales del capitalismo de Estado periférico, el cual fue incapaz de transformar la matriz productiva primario-exportadora e interrumpir el flujo del intercambio desigual con los centros globales. La parálisis en la industrialización soberana del litio y el colapso definitivo de la matriz hidrocarburífera gasífera —provocado por décadas de desinversión exploratoria bajo una lógica puramente extractiva— drenaron las reservas internacionales netas, precipitando una crisis cambiaria de divisas que paraliza la reproducción de la base material del país.

Sobre este escenario de colapso material, el ascenso de la administración de Rodrigo Paz expresa la re-toma corporativa del comando estatal por parte de las fracciones concentradas de la agroindustria y el sector financiero tradicional que se consumó a través de un mecanismo de traducción ideológica eficaz basada en la figura y carisma de Edman Lara. El mismo fungió como un dispositivo de contención estética de lo popular, capturando el descontento y la desorientación de lo nacional-popular mediante la falsa promesa de ejecutar una estabilización técnica y macroeconómica que salvaguardara las conquistas sociales y mantuviera la soberanía nacional al margen, por ejemplo, de los dictados del Fondo Monetario Internacional. Lara producía legitimidad mientras Paz prometía; pero una vez en el ejercicio del poder Lara fue relegado y se operó un retorno frontal hacia el neoliberalismo, inscribiendo una vez más al Estado boliviano en las directrices geopolíticas del imperialismo norteamericano y su modelo de mercado.

Esa reinscripción neoliberal desató prontamente la resistencia popular, cuyo rostro más visible son el cerco a La Paz y las insurrecciones populares en el altiplano y en la ciudad de El Alto, que expresan el colapso de aquella legitimidad y el malestar provocado por las políticas públicas del gobierno. Más allá de intentos deshonestos de negociación, el gobierno de Rodrigo Paz ha respondido desmantelando las garantías constitucionales mediante la abrogación legislativa de la ley 1341, expandiendo los márgenes legales de la militarización del espacio público y normalizando el estado de excepción.

Lejos de ser un hecho aislado, esta mutación autoritaria constituye una tendencia geopolítica subregional homogénea en el área andina. Las experiencias recientes en Perú —donde la caída de Pedro Castillo derivó en una dictadura civil-militar sostenida sobre masacres y la militarización permanente del sur andino— y en Ecuador —donde el régimen de Daniel Noboa institucionalizó el estado de excepción perenne bajo la rúbrica jurídica de un “conflicto armado interno”— confirman el mismo patrón estructural. Las élites regionales de la periferia, que durante los ciclos de auge extractivo preservaron e incrementaron silenciosamente sus utilidades corporativas a la sombra de los gobiernos progresistas (con la excepción de Perú que vive en un estancamiento dinámico constante), recurren hoy a la criminalización de las protestas sociales. Al catalogar la resistencia de las clases populares bajo las etiquetas discursivas de delincuencia organizada, vandalismo o terrorismo, el Estado desplaza deliberadamente esas contradicciones económicas hacia la esfera securitaria.

Este giro autoritario, previsible por cierto, responde a una dinámica económica estricta, esto es, las burguesías dependientes solo pueden contrarrestar la tendencia decreciente de su tasa de ganancia mediante la implementación forzosa de la superexplotación de la fuerza de trabajo y la apropiación por despojo de la tierra, de la naturaleza. Además, la flexibilización laboral absoluta, la devaluación del salario real y la expoliación de los bienes comunes exigen el estado de excepción perpetuo, armazón jurídica indispensable para garantizar la continuidad de la transferencia internacional de valor en condiciones de crisis de acumulación.

A su vez, esta dinámica de disciplinamiento social interno viene co-determinada por la reconfiguración geopolítica global del imperialismo estadounidense. Ante el declive de su hegemonía unipolar, los reveses estratégicos en diversos frentes internacionales y la competencia multidimensional con la República Popular China, los Estados Unidos se ven forzados a operar un repliegue estratégico defensivo hacia su backyard, o sea nosotros, América Latina. El subcontinente es redefinido bajo la urgencia de una nueva fase de acumulación que provea los soportes materiales para la reindustrialización de la potencia del norte.

En ese rediseño imperial, las élites locales alineadas al gobierno de Rodrigo Paz operan voluntariamente como los engranajes domésticos de esta recolonización. Las estrategias metropolitanas de relocalización de cadenas globales de valor (nearshoring) y concentración logística de suministros estratégicos exigen un control territorial irrestricto sobre los recursos críticos de la periferia andina: el litio, las tierras raras, el cobre y las reservas de agua y energía, combinados con el acceso a una fuerza laboral precarizada y despojada de derechos organizativos. En términos de la economía política crítica latinoamericana, este comportamiento encarna la tentativa de una burguesía dependiente de erigirse en administradora delegada del gran capital transnacional, subordinando la soberanía estatal a las exigencias securitarias de Washington a cambio de la preservación coercitiva de su dominio de clase en el escenario local.

Frente a esa alianza entre el imperialismo global y la burguesía doméstica, el bloqueo de carreteras y el cerco de ciudades se constituye en la herramienta de autodefensa por excelencia de los pueblos subordinados. El bloqueo no posee una esencia axiológica o moral; no es ni malo ni bueno. Más bien, su carácter histórico está definido por el sujeto colectivo que lo ejecuta y las relaciones de poder que busca subvertir. El examen geopolítico de las asimetrías de resistencia demuestra que, así como la República Islámica de Irán logró articular un mecanismo de disuasión asimétrica y retaliación frente al cerco occidental mediante el control físico del estrecho de Ormuz —estrangulando el paso de los flujos mundiales de energía con el respaldo de China y Rusia—, las comunidades indígenas y urbanas andinas despliegan una racionalidad análoga en la escala territorial del Estado dependiente.

En la práctica, el bloqueo andino cercena, aunque sea temporalmente, el metabolismo de la acumulación del capital al clausurar los ejes viales que conectan los centros de producción con los mercados de exportación. En esta guerra de desgaste, se revela una profunda asimetría de resiliencia material: mientras que el tejido socio-comunitario de las poblaciones subalternas posee la capacidad de absorber internamente el costo de la parálisis económica debido a sus estructuras de reproducción no estrictamente mercantiles, la vulnerabilidad real se localiza en el espacio urbano de las élites dominantes. Las acciones de cerco estrangulan la realización del valor de la agroindustria latifundista de las tierras bajas que tienen su mercado de consumo en tierras altas, paralizan los circuitos financieros de las corporaciones transnacionales y destruyen la ficción ideológica de la estabilidad y la eficiencia del orden de mercado que el régimen neoliberal pretende proyectar al exterior.

En última instancia, el enfrentamiento latente en el espacio periférico boliviano desborda así los contornos de una disputa distributiva o sectorial; se sitúa en el terreno de una confrontación civilizatoria frontal. El imperialismo contemporáneo se reproduce mediante la universalización del American way of life, un patrón civilizatorio fundado en la dominación de la racionalidad instrumental que subordina la vida humana y de la naturaleza a la acumulación infinita de valor abstracto. Al interrumpir el flujo circulatorio del capital, desobedecer el mando coercitivo estatal e impugnar las directrices de la dominación imperial, la resistencia popular andina interrumpe la lógica del intercambio desigual y la explotación dependiente. El bloqueo y el cerco cesan de ser una mera táctica de presión corporativa para transmutarse en un acto de soberanía y praxis política radical: el ejercicio soberano del territorio por los pueblos en lucha para sabotear el engranaje de la dependencia y la colonialidad.

El Alto, 30 de mayo de 2026