Del pragmatismo al estallido: seis meses de la política exterior contradictoria de Rodrigo Paz

A seis meses de iniciada su gestión, la política exterior del gobierno de Rodrigo Paz emerge como uno de los terrenos más elocuentes para observar la fractura entre su programa electoral (al menos el propugnado por él durante su campaña) y su práctica efectiva de gobierno.

Prometió una conducción pragmática, soberana y multilateral de la diplomacia boliviana para enfrentar una situación económica extremadamente delicada. Sin embargo, lo que terminó emergiendo fue un alineamiento progresivo con Estados Unidos, la reactivación de viejas recetas neoliberales y una alarmante incapacidad para sostener una posición autónoma frente a actores internacionales. Esa contradicción no solo debilitó la credibilidad del gobierno hacia afuera, también produjo un creciente malestar político y social hacia adentro.

El discurso oficial hablaba de pragmatismo y de una política exterior “sin ideología”. Pero esa supuesta neutralidad terminó revelándose como una forma encubierta de alineamiento ideológico con Washington, particularmente en torno a la doctrina de seguridad estadounidense, donde la lucha contra el narcotráfico vuelve a colocarse como prioridad absoluta. A ello se suma el acercamiento al Estado genocida de Israel, justificado bajo el argumento de que el gobierno del Movimiento al Socialismo había roto relaciones por razones meramente ideológicas. Precisamente ahí aparece una de las grandes falacias del actual gobierno: pretender que existe una política exterior desideologizada. Toda política exterior expresa intereses, jerarquías y alineamientos geopolíticos concretos. Y en este caso, lo que se observa es una subordinación progresiva a la órbita estadounidense disfrazada de opción tecnocrática.

El problema es que ese supuesto pragmatismo ni siquiera funciona en términos estratégicos. Una política exterior racional para Bolivia debería intentar mantener relaciones equilibradas con todas las potencias relevantes del sistema internacional. Debería funcionar con China, Rusia, Irán, India y Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno parece tener ojos y oídos únicamente para Washington. ¿Qué ocurre con China, principal socio comercial del país y uno de los centros fundamentales de la economía mundial? Se la subestima y no se le otorga la centralidad estratégica que merece. ¿Qué ocurre con Rusia? Se mantiene una actitud de indiferencia casi absoluta; incluso frente a recientes calumnias internacionales contra el gobierno ruso, la cancillería boliviana guardó silencio. ¿Qué ocurre con Irán? Se rompe una relación de cooperación militar de manera torpe y desprolija, sin explicación estratégica seria. Todo ello configura la imagen de una diplomacia reactiva, ideologizada y sin capacidad de maniobra autónoma.

La relación con Chile expuso la desconexión entre la política exterior del gobierno y los afectos históricos nacionales. El restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile puede ser una necesidad objetiva para Bolivia, considerando la dependencia logística y comercial respecto a los puertos chilenos. Sin embargo, la manera en que el gobierno manejó esa cuestión fue extremadamente débil. La reacción tibia frente a las declaraciones del flamante presidente chileno, José Antonio Kast, quien prácticamente planteó tratar a los migrantes bolivianos como una amenaza que debía ser contenida con zanjas, dejó una sensación de humillación y ausencia de dignidad nacional. Una cancillería incapaz de responder con firmeza frente a agravios de esa naturaleza transmite la imagen de un Estado inseguro y subordinado.

Esa misma desconexión se hizo evidente el 23 de marzo, Día del Mar, cuando Rodrigo Paz sugirió que Bolivia debía olvidarse del pasado y concentrarse en el presente. Más allá de la intención política detrás de la frase, el problema radicó en la forma profundamente torpe y superficial en que fue expresada. Porque la reivindicación marítima no es únicamente un tema diplomático; constituye una memoria histórica y emocional profundamente arraigada en la identidad boliviana. El mito de la pérdida del mar funciona como un elemento articulador de conciencia histórica nacional. Desecharlo con frases simplistas no es pragmatismo, es incapacidad de comprender la dimensión simbólica sobre la cual también se construyen los Estados y las comunidades políticas.

A todo ello se suma la gestión del caso Trafigura y Vitol, que terminó convirtiéndose en otro síntoma de debilidad estructural. Estas empresas transnacionales, dedicadas al comercio energético, han sido cuestionadas internacionalmente por casos de corrupción y por comercializar combustible adulterado o de mala calidad en países periféricos, particularmente africanos. Sin embargo, frente a la crisis de combustibles en Bolivia, el gobierno nunca asumió seriamente la posibilidad de que el país hubiese sido víctima de prácticas similares, aprovechando tanto la vulnerabilidad de la cadena logística nacional como la debilidad institucional del Estado boliviano.

En lugar de investigar con seriedad a estas corporaciones, el gobierno optó por construir narrativas conspirativas internas, sabotajes, de redes criminales, de la herencia del masismo, etc. La responsabilidad fue trasladándose de un actor a otro sin que se ofreciera jamás una explicación técnica clara y coherente. Lo que quedó expuesto fue, más bien, la incompetencia estatal para gestionar cadenas estratégicas de suministro energético y para defender los intereses nacionales frente a corporaciones transnacionales de enorme poder económico.

Pero quizá donde la contradicción del gobierno se vuelve más evidente es en la cuestión del Fondo Monetario Internacional. Rodrigo Paz prometió explícitamente durante la campaña electoral que Bolivia no volvería al FMI. Incluso debatió duramente contra figuras a las que acusaba de ser “expertos en endeudar al país”. Sin embargo, terminó incorporando precisamente a uno de esos personajes, José Luis Lupo, ministro de la presidencia, a su propio gabinete ministerial. Esa decisión no solo evidenció incoherencia política, también generó una profunda sensación de engaño hacia su propio electorado.

Hoy, frente a la insolvencia económica y la crisis de divisas, el gobierno vuelve a plantear el retorno al Fondo Monetario Internacional como si no existiera ninguna otra alternativa. Y eso resulta políticamente grave porque el FMI no es un organismo neutral, todo lo contrario. Históricamente ha funcionado como uno de los principales instrumentos de disciplinamiento financiero dentro de la órbita estratégica estadounidense. El problema, entonces, no es únicamente económico; también es geopolítico. Volver al FMI implica aceptar condicionamientos externos sobre la política económica nacional y reducir todavía más los márgenes de soberanía estatal.

Lo más llamativo es que sí existen alternativas internas que el gobierno ni siquiera parece dispuesto a discutir seriamente. Una de ellas es la recuperación de mecanismos de control de divisas similares a los establecidos en el Decreto Supremo 21060. Paradójicamente, incluso dentro de un decreto emblemático del neoliberalismo boliviano existían disposiciones que obligaban a que el cien por ciento de las divisas provenientes de exportaciones fueran vendidas al Estado boliviano a través del Banco Central. El artículo 5 del DS 21060 establecía precisamente la venta obligatoria al Estado de las divisas generadas por exportaciones públicas y privadas. Asimismo, el decreto contemplaba depósitos obligatorios sobre exportaciones y mecanismos de reintegro cambiario para fortalecer la capacidad estatal sobre el flujo de dólares.

En otras palabras, incluso el viejo neoliberalismo boliviano entendía que un Estado en crisis debía evitar la fuga de divisas y preservar dólares al interior de la economía nacional. Hoy, en cambio, el gobierno parece incapaz de plantear mecanismos de control estratégico sobre los flujos financieros y exportadores. Tampoco quiere discutir seriamente impuestos extraordinarios o mayores cargas fiscales sobre sectores altamente rentables, como las empresas exportadoras de oro, que continúan acumulando ganancias mientras el país enfrenta escasez de dólares y deterioro fiscal.

Quizá la verdadera naturaleza de la crisis actual no sea únicamente una falta de recursos económicos. Quizá sea una crisis de concepción estratégica. Un gobierno incapaz de pensar mecanismos soberanos de estabilización termina recurriendo automáticamente a organismos financieros internacionales vinculados al poder estadounidense. Prometió soberanía y terminó buscando tutela financiera externa. Prometió pragmatismo y terminó reproduciendo dependencia. Prometió renovación política y terminó reciclando operadores del viejo orden neoliberal.

Y la cereza del pastel, un último elemento que revela la manera en que el gobierno intenta explicar la creciente inestabilidad interna del país. Desde el oficialismo se ha insistido en que diversas ONGs y fundaciones internacionales estarían financiando movimientos desestabilizadores y alimentando la conflictividad social. Pues bien, es cierto que las ONGs no son actores neutrales ni apolíticos. No son simples entidades humanitarias suspendidas por encima de la lucha de poder mundial. Muchas de ellas responden a agendas políticas, intereses geopolíticos y mecanismos de influencia internacional. Por ejemplo, la Fundación Carter en Venezuela durante años operó como un actor de observación e intervención política en un contexto profundamente polarizado, convirtiéndose para el chavismo en parte de la arquitectura internacional de presión sobre el gobierno bolivariano.

Sin embargo, incluso admitiendo que las ONGs pueden funcionar como instrumentos de influencia externa, el gobierno de Rodrigo Paz utiliza ese argumento para evitar enfrentar lo que resulta mucho más evidente. Lo que Bolivia vive hoy es, ante todo, el resultado acumulado de la incompetencia política, económica y estratégica de un gobierno incapaz de intervenir donde realmente debía hacerlo.

Porque mientras el país enfrenta una crisis de divisas, problemas energéticos, deterioro institucional y creciente malestar social, el gobierno no ajusta las tuercas en los sectores estructurales donde debería intervenir. No controla seriamente la fuga de dólares, no fortalece la capacidad estatal sobre las cadenas logísticas estratégicas, no grava de manera más agresiva a sectores altamente rentables como los exportadores de oro y no construye mecanismos soberanos de estabilización económica.

Busca, más bien, resucitar un neoliberalismo tardío y desfasado, incapaz de comprender las transformaciones actuales del sistema-mundo. Mientras potencias emergentes reorganizan rutas comerciales, sistemas financieros y cadenas de suministro globales, el gobierno boliviano parece operar todavía bajo los reflejos geopolíticos de la década de 1990 del siglo pasado, esto es, subordinación financiera, dependencia de organismos internacionales y alineamiento automático con Washington.

Por eso el malestar que hoy atraviesa Bolivia surge de la acumulación de contradicciones entre discurso y práctica; entre soberanía prometida y subordinación efectiva; entre pragmatismo proclamado y dependencia real. Surge también de la sensación creciente de que el gobierno no comprende ni las transformaciones del orden mundial ni las necesidades materiales y simbólicas de su propio pueblo.

El Alto, 18 de mayo de 2026