El partido que no vimos: la Ley 157 Reforma Agraria en Bolivia

Bolivia se preparaba para enfrentar a Surinam, uno de los partidos decisivos en la ilusión mundialista de la selección, mientras en plaza Murillo se jugaba otro partido, mucho más silencioso pero estructural: la aprobación de la ley Nº 157. Una norma que, lejos de ser improvisada, aguardaba desde principios de año el momento político adecuado para salir a la luz.

No es casual. En Bolivia, las transformaciones más profundas suelen avanzar cuando la atención pública está en otra parte. Por eso, hablar de la ley Nº 157 no es referirse a un simple ajuste normativo, sino a una reforma agraria fragmentada, desplegada por partes, acorde al equilibrio actual de fuerzas y a las limitaciones del propio Estado.

Toda reforma agraria, en sentido estricto, implica alterar tres dimensiones fundamentales: quién posee la tierra, quién se apropia de los excedentes y bajo qué forma se organiza la producción. La ley Nº 157 interviene precisamente en esos tres niveles, aunque lo haga de manera encubierta.

En su superficie, la norma se presenta como una medida de inclusión: facilitar que el pequeño propietario acceda al mercado, al crédito, a la “modernización”, históricamente relegado incluso por la “ley agraria fundamental” de 1996. Sin embargo, la realidad es otra. La ilusión de modernidad esconde una estrategia de despojo de las tierras de agricultura de subsistencia (758.197 has.) y familiar (746.631 has.), ambas correspondientes a la pequeña propiedad en Bolivia.

¿Por qué avanzar por partes? Porque el gobierno ha comprobado sus propios límites. El fracaso del D.S. 5503 mostró que no existe la correlación de fuerzas necesaria para imponer reformas estructurales de forma directa. La elite gobernante, no puede repetirse en su momento más alto como el del D.S. 21060, hace 40 años. Ante ese límite, la dispersión se convierte en estrategia: dispersar las medidas, fragmentarlas, hacerlas pasar como decisiones aisladas

En ese marco deben leerse acciones paralelas, un día antes del partido contra Surinam, se aprueba una norma que endurece las penas contra el abigeato con hasta ocho años de cárcel. Una sanción desproporcionada que no busca resolver el problema históricamente gestionado eficientemente por la justicia comunitaria en valles y altiplano, sino disciplinar el cuerpo del campesino, particularmente en el oriente.

A esto se suma el anuncio de un impuesto “voluntario” a la producción campesina: cinco bolivianos por cada cien vendidos. Una carga significativa si se la compara con el régimen impositivo del oriente boliviano, donde se paga menos de tres bolivianos por hectárea destinada a la ganadería, dos veces al año.

La mutilación de la reforma busca precisamente eso: evitar que la opinión pública ponga su foco sobre la tierra. Fragmentar las medidas permite disolver su sentido estructural y bloquear la posibilidad de articular resistencias y si no justificar represión.

Sin embargo, este intento de acumulación por desposesión no es nuevo. Ya en el siglo XIX, con las leyes de exvinculación impulsadas durante el gobierno de Melgarejo, bajo el discurso liberal de la primacía del individuo y la dicotomía civilización o barbarie, se buscó anular la propiedad colectiva de la tierra. El resultado fue la expansión de las haciendas sobre territorios comunitarios, proceso que desembocó en rebeliones indígenas como la de Pablo Zárate Willka y la conformación de la difusa Republica india, con su presidente Juan Lero.

Hoy, la mentira esta defendida por personajes como Branko Marinkovic, terrateniente del país que menciono en Asuntos centrales el 28 de marzo de 2026, que con la ley 157 se busca, que las tierras productivas ingresen al sistema financiero, Detrás de esta afirmación se encuentra el núcleo del problema, pues el cambio permitiría la venta, y fraccionamiento de propiedades pequeñas, pero también los créditos para la producción implicarían un alto riesgo de pago por la corta extensión del terreno en valles y occidente, riesgo climático sobre las plantaciones, plagas, etc., por lo que las tasas de interés serian altas, en todo caso el capital financiero (banqueros + agroindustriales) se beneficiaria de la imposibilidad de pago del campesino quedándose con tierras productivas del país, en los valles y altiplano

El despojo de la tierra, trae consigo la acumulación de tierras en pocas manos que a través de la pausa en la función económica social por 10 años puede permitir además loteamientos de zonas productivas, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población.

Las relaciones entre sujetos a ser modificadas, en el campo, encuentran dos imaginarios sobre la tierra contingentes, primero está la agroindustria cruceña que concibe a la tierra como fuente de acumulación originaria, es la base del “modelo cruceño”, en contra posición, la clase señorial tradicional del país encaramada en el gobierno, concibe a la tierra como un espacio de estatus, que sirve para diferenciarse. Para los primeros el capital económico y tierra se puede intercambiar por estatus, pero para los segundos, la tierra como estatus se puede intercambiar como capital económico en otros ámbitos.

El cambio de las relaciones de poder existentes en el campo, permitirán afianzar estas dos formas de concepción de tierra, de desposesión para permitir la acumulación, pero también la desposesión para reafirmar la jerarquía social sobre el otro.

Este proceso difícilmente puede avanzar sin quebrar la organización campesina. Se busca disciplinar, empujar al campesino hacia el mercado en condiciones de desigualdad, o hacia las ciudades saturadas. Se trata, en última instancia, de una forma de control sobre la vida misma: sobre qué se produce, cómo se produce y quién decide qué se come.

Por último, si se revisa el extinto D.S. 5503, se podrá encontrar en el título IV “Liberalización y Promoción de exportaciones y agropecuarias”, la importancia que tiene para el gobierno el cambio en la estructura agraria vigente, aunque para este fin deba violar la pequeña propiedad protegida por la Constitución Política del Estado, en su artículo 394.

Hay reformas estructurales anti populares en camino, la fragmentación, partidos y feriados serán las estrategias constantes de despiste, a dormir con el ojo abierto, para que no nos sigan sorprendiendo.