Cuando la ONU mira y no actúa: el dilema de la intervención

¿De qué sirve un sistema de naciones creado para proteger la paz si observa genocidios, guerras y crisis humanitarias sin intervenir?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un sistema de Estados destinado a promover la paz y la seguridad internacional y a debatir cuestiones de derechos humanos en el marco del Derecho Internacional Público (DIP), conforme a su carta fundacional: la Carta de la ONU. Sin embargo, en la práctica, su rol frente a las principales crisis contemporáneas ha quedado marcado por la inacción.

La intervención en las Relaciones Internacionales implica la injerencia en los asuntos internos de otro Estado, ya sea mediante el uso de la fuerza (militar, diplomática o humanitaria) o a través de la influencia política, con el objetivo de alterar su curso, proteger poblaciones o promover intereses. Esta práctica entra en tensión directa con el principio de soberanía estatal, uno de los pilares del sistema internacional.

Más allá de debatir y aprobar resoluciones que, en muchos casos, carecen de fuerza vinculante, la ONU enfrenta un problema estructural: su incapacidad para actuar de manera efectiva ante crisis prioritarias. El principal obstáculo se encuentra en el Consejo de Seguridad, conformado por cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido) que poseen el derecho al veto. Este privilegio permite bloquear cualquier resolución sustantiva, incluso en contextos de extrema gravedad humanitaria.

El derecho al veto ha sido utilizado reiteradamente como una herramienta de protección de intereses nacionales. Rusia, por ejemplo, lo empleó para impedir resoluciones que condenaban su invasión a Ucrania, evidenciando que cuando una potencia está directamente involucrada, la legalidad internacional queda subordinada al poder político. En este sentido, la inacción de la ONU no puede interpretarse como neutralidad, sino como una forma silenciosa de complicidad estructural.

Desde una perspectiva humanitaria, las consecuencias de esta parálisis son concretas. Conflictos contemporáneos como el palestino-israelí han dejado decenas de miles de víctimas por actos que diversos organismos y analistas califican como potencialmente genocidas. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Salud de Gaza, en 2025 las víctimas fatales superaban las 170.000 personas. A pesar de la magnitud de la tragedia, el tratamiento internacional ha permanecido mayormente en el plano del debate, no de la acción.

La incapacidad del Consejo de Seguridad también se refleja en crisis de desplazamiento forzado. La situación venezolana ha generado alrededor de 370.200 refugiados y 5,9 millones de personas necesitadas de protección internacional hasta 2024, según UN News. A ello se suma el desplazamiento masivo provocado por la invasión rusa a Ucrania, con cerca de 10,6 millones de personas desplazadas, de las cuales 6,9 millones se encuentran fuera de su país, según ACNUR.

Esta reiterada inacción ha erosionado gravemente la credibilidad de la ONU. Estados como Estados Unidos, Rusia y China han debilitado el multilateralismo mediante bloqueos, vetos estratégicos o el uso instrumental de los organismos internacionales, mientras que otros, como Venezuela o Nicaragua, se han retirado de instancias de derechos humanos. El resultado es un sistema cada vez más frágil, que abre espacio a acciones unilaterales al margen del derecho internacional.

Quienes se oponen a la intervención suelen alegar que esta vulnera la soberanía estatal y puede agravar los conflictos. No obstante, la Responsabilidad de Proteger (R2P) establece que cuando un Estado no puede o no quiere proteger a su población, la comunidad internacional tiene la obligación de actuar a través de mecanismos diplomáticos, humanitarios y, en última instancia, coercitivos, siempre bajo autorización del Consejo de Seguridad. La falta de voluntad política ha impedido su aplicación efectiva.

Cada vez que la ONU no actúa, el sistema internacional se vuelve más débil y más cínico. Dejar de mirar es necesario; actuar cuando se necesita es una obligación. Si la ONU no cumple su función cuando más se la necesita, la pregunta resulta inevitable: ¿quién protege entonces a los más vulnerables?