Un nudo ciego, que no ve cómo conecta nuestro sistema de consumo y la explotación de personas

Imaginemos un nudo. No uno cualquiera, sino uno complejo, apretado, donde cada hebra tira de otra. Así opera la maquinaria silenciosa que vincula un entramado donde nuestras decisiones de consumo, lejanas e impersonales, se convierten en el detonante de situaciones de explotación.

El cambio climático no es únicamente un fenómeno cíclico, natural y aislado, sino que en las últimas décadas está siendo acelerado por la consecuencia directa de un modelo de desarrollo que prioriza la extracción de recursos naturales, el consumo desbocado y la quema de combustibles fósiles. Y mientras el termómetro global sube, son las mujeres, niñas y comunidades campesinas e indígenas quienes cargan con el peso más abrumador. No son víctimas pasivas de un desastre natural, son el blanco de una crisis fabricada por sistemas económicos que las devoran.

La tormenta perfecta: migración, despojo y desesperación

Cuando un río se contamina por la minería ilegal, cuando una sequía prolongada —agravada por la deforestación del agronegocio— arrasa con cultivos ancestrales, o cuando la tierra ya no da fruto, la migración forzada se convierte en la única opción para millones. Según el Banco Mundial, América Latina podría tener 17 millones de migrantes climáticos para 2050.

Estas personas no emigran, huyen. Y al hacerlo, quedan atrapadas en una red de vulnerabilidades que las convierte en presas fáciles para tratantes por ejemplo. ¿Qué opciones tiene una mujer indígena cuyo campo fue arrasado por un incendio forestal? ¿O una niña cuya comunidad fue envenenada por los residuos petroleros? La desesperación las empuja hacia promesas falsas de “empleo, educación u oportunidades” lejos de su territorio, que muchas veces terminan en situaciones de explotación sexual en bares cercanos a zonas extractivistas, o en regímenes de trabajo forzoso.

Los escenarios del delito donde el extractivismo y la explotación humana se dan la mano

Este vínculo perverso no ocurre en el vacío, se materializa en territorios precisos como el Chaco, las minas o la Amazonía que se han convertido en epicentros de una economía tóxica. La llegada masiva de trabajadores mineros o petroleros varones —y la consiguiente masculinización del territorio— genera una demanda artificial de los mal llamados “servicios sexuales”, cuya nominación correcta es explotación sexual comercial. Por otro lado, según análisis geoespaciales, existen al menos 670 residuos petroleros superpuestos con territorios indígenas y áreas protegidas en la Amazonía (RAISG, 2022). La contaminación empobrece a las comunidades, y la pobreza abre la puerta a la explotación.

La doble moral de los gobiernos de turno

Bolivia, un país que afuera se ensalza de tener normativas de “protección a la madre tierra”, mientras que hacia adentro promueve leyes que incentivan los chaqueos y la ampliación de la frontera agropecuaria, perdiendo 40.8 millones de hectáreas de bosques y pastizales por incendios en 10 años (Fundación TIERRA) —somos el segundo país del mundo en pérdida de bosques primarios, solamente después de Brasil—, además, permite que la minería aurífera contamine sus ríos con mercurio —947 kilos importados oficialmente (Código: 280540, UN Comtrade, 2022)—, y es un país donde la explotación de hidrocarburos en áreas protegidas como el Aguaragüe ha dejado 101 pasivos ambientales documentados (CEDIB, 2022).

Las víctimas tienen rostro: son mujeres indígenas guaraníes, weehayeks, ayoreas y otras. Son niñas que ya no tienen agua potable porque el río está envenenado, o que deben caminar horas para encontrar un leño en un bosque arrasado. Son quienes, al perderlo todo, aceptan la “oportunidad” que un reclutador les ofrece para trabajar en la ciudad, en Argentina o Brasil, obviamente muchas no regresan.

¿Somos cómplices? La incómoda pregunta que mira hacia el espejo

Aquí es donde el nudo se aprieta contra nuestra conciencia. Porque este sistema no se sustenta solo en decisiones políticas o corporativas, se alimenta de nuestros patrones de consumo. La demanda global de carne, soja para alimento animal, minerales para electrónicos o combustibles para movilizarnos financia —a distancia, pero con precisión letal— esta cadena de violencia.

No hace falta ser dueño de una minera o un ingenio azucarero. Basta con consumir sin cuestionar el origen de lo que compramos, sin preguntarnos por el costo socioambiental de nuestra energía, nuestra comida o nuestro “desarrollo”.

Desatemos el nudo

Romper este vínculo no exige solo políticas públicas —aunque sean urgentes—, sino un cambio civilizatorio. Requiere que nos preguntemos de dónde vienen los productos que adquirimos y qué impacto tienen en los territorios y sus pueblos; requiere de procesos de transición energética libre, justa y popular; de justicia climática con perspectiva de género, y principalmente de reconocer que la crisis ambiental es también una crisis de cuidados y de cuerpos.

La trata de personas no es un delito aislado, es la expresión última de un sistema que mercantiliza todo: la naturaleza, los cuerpos, la vida. Y mientras el mundo se calienta por nuestro modelo de desarrollo, las más vulnerables pagan el precio más alto.

Desentrañar este nudo empieza por una verdad incómoda: aunque no veamos directamente el problema, somos parte de ello.