El hijo pródigo, o la libertad imposible de Saravia

La noche del 31 de agosto de 2025, Antonio Saravia publicó “Un error del 21060 que Goni corrigió”, celebrando el DS 21060 como reforma exitosa mientras criticaba el “error” del Art. 5º que obligaba a exportadores entregar sus divisas al Estado. Menos de dos meses antes, el 2 de julio, Saravia renunció a su candidatura vicepresidencial por “discrepancias” con Pavel Aracena. La secuencia revela la imposibilidad de implementar el liberalismo económico radical en un país estructuralmente incompatible con ese modelo.

Con el ronroneo de una motosierra intelectual, economistas y políticos amantes del shock reclaman la “libertad” para llevarse al extranjero las ganancias que generan con recursos subsidiados por el Estado. Saravia es la más articulada voz defensora de esta línea chicaguense que predica libertad total para manejar dólares empresariales, pero omite una minucia que cualquier padre de familia entiende: si alguien paga todos tus gastos, no puedes quejarte cuando te piden contribuir con las ganancias.

En su texto nocturno, Saravia olvida los $2.000 millones anuales que subsidian combustibles ($56 millones semanales). Los subsidios evolucionaron de $200 millones en 2008 a $2.900 millones presupuestados para 2025: un crecimiento del 1.350% en 17 años. Entre 2012 y 2022, el Estado gastó 47.300 millones de bolivianos ($6.850 millones) subsidiando combustibles, más que toda la inversión pública en salud y educación del mismo período.

Si los exportadores fueran un joven de 25 años que vive en casa paterna y cada año consume más recursos familiares, los padres le están pagando: la gasolina (diésel a Bs 3,72 cuando vale Bs 8), los servicios (energía subsidiada para uso industrial), las carreteras (infraestructura logística estatal), el marco legal de protección, y los servicios aduaneros y portuarios. El hijo prospera gracias a esta generosidad paterna, y cuando el padre sugiere una contribución proporcional, explota: “¡Papá, eso viola mi libertad individual! ¡Tengo derecho a hacer lo que quiera con MI dinero, carajo!”.

Acto seguido, contrata a un economista de Chicago para explicar por qué es “ineficiente” que los padres esperen contribuciones de quienes han sido subsidiados durante décadas. Por ejemplo, el sector minero, que utiliza diésel subsidiado para equipos pesados, explosivos y transporte; o la agroindustria, que reduce drásticamente costos de siembra, cosecha y transporte con subsidios. La competitividad internacional se construye sobre subsidios bolivianos. Cuando Saravia argumenta que tienen “derecho” a mantener dólares en el extranjero “para aprovechar oportunidades de inversión internacional”, defiende el derecho del hijo pródigo a invertir ganancias subsidiadas por papá en negocios que beneficien a “otras familias”.

Ahora, Saravia y otros liberales proponen eliminar subsidios y después liberar divisas, pero omiten deliberadamente la estructura económica boliviana, pues según la OIT, al tercer trimestre de 2023, el 80,8% de trabajadores bolivianos se encuentran en informalidad, haciendo de Bolivia el país con mayor índice de informalidad laboral de América Latina.

Su modelo, diseñado en gabinete para economías con mercados laborales formales, sistemas fiscales robustos y capacidad empresarial desarrollada, carece de base de aplicación aquí. El transporte público subsidiado no es un “privilegio” recortable con motosierra, es infraestructura básica que permite que 8 de cada 10 trabajadores accedan a sus fuentes de ingreso diarias.

Además, ¿existe la capacidad empresarial nacional para asumir funciones estatales estratégicas? En noviembre de 2024, ante la crisis de desabastecimiento, el DS 5271 permitió libre importación de combustibles, pero YPFB tuvo que brindar “servicio de importación de diésel y gasolinas a 1 dólar por litro” a empresas privadas sin capacidad logística propia.

La renuncia de Saravia como candidato vicepresidencial “por discrepancias” con su propio compañero de fórmula refleja la imposibilidad de construir consensos políticos mínimos alrededor de propuestas liberales radicales. Él no tenía problemas con sus requisitos de habilitación, como otros candidatos. Pero, si no puede mantener la alianza electoral con un candidato conservador, ¿cómo implementaría reformas que afectarían la subsistencia del 80% de trabajadores bolivianos?

Su retirada es el reconocimiento tácito de que las propuestas liberales son inviables en la Bolivia real, donde el experimento neoliberal ya fracasó entre 1985 y 2005, dos décadas de crecimiento anémico, desempleo masivo tras cierre de empresas estatales, migración masiva e inestabilidad política crónica que expulsó a dos presidentes neoliberales, incluido Goni.

La recuperación económica vino con la recuperación del control estatal sobre sectores estratégicos, enfrentando, evidentemente, la aritmética social boliviana: falta de empleo formal masivo que impide crear la base fiscal para sostener un Estado liberal mínimo, 70% de población urbana dependiente del sector informal, y falta de capacidad empresarial nacional para asumir las funciones estatales estratégicas.

El liberalismo de clase media alta funcionaría para el 20% de la población que tiene empleos formales, educación universitaria e ingresos estables, pero ignora las condiciones del 80% restante (trabajadores informales, comerciantes populares, campesinos, empleados públicos mal remunerados). Por ello, la renuncia electoral de Saravia fue la autocorrección más realista: reconocer que el liberalismo económico radical solo puede ser catastrófico para Bolivia.