Fronteras de Bolivia, convertidas en umbrales del crimen organizado
Nuestras fronteras, que abarcan miles de kilómetros compartidos con Argentina, Brasil, Perú, Chile y Paraguay, evidencian muchas veces un reflejo de las debilidades del Estado Boliviano para establecer soberanía, ejercer control y garantizar protección. Estas zonas, caracterizadas por una presencia institucional débil, son puntos críticos donde el contrabando, la trata de personas y el narcotráfico (entre otros delitos) prosperan, afectando la seguridad nacional y la vida de las comunidades fronterizas.
Esta problemática tiene raíces profundas, y se debe principalmente a una combinación de recursos insuficientes, infraestructura precaria y falta de coordinación entre instituciones estatales. Los pasos fronterizos formales, cuando existen, suelen contar con equipos obsoletos y personal limitado, mientras que en áreas remotas la vigilancia es prácticamente inexistente.
Esta situación permite que redes criminales operen con impunidad. El contrabando, por ejemplo, está tan arraigado y naturalizado en las fronteras, de tal manera que combustibles, alimentos y otros bienes cruzan sin control, afectando la economía nacional y los medios de vida de pequeños comerciantes y agricultores, quienes enfrentan la competencia desleal de productos no regulados, pero a su vez viene fortaleciendo estructuras ilícitas. La corrupción, manifestada en sobornos y complicidad en puntos de control y otros espacios, agrava el problema, erosionando la confianza en las instituciones.
La trata de personas, considerado un flagelo a la humanidad, encuentra en los bordes del país un entorno ideal, lamentablemente Bolivia es un país de origen, tránsito y destino para víctimas que son captadas, trasladadas y explotadas sin obstáculos significativos. El narcotráfico también se beneficia de estos corredores abiertos, consolidando a Bolivia como un eslabón en las rutas del crimen organizado. Asimismo, la migración irregular, tanto de bolivianos que buscan salir como de extranjeros que ingresan, se facilita por la falta de registros, dejando a muchas personas expuestas a abusos.
Las poblaciones fronterizas viven en constante inseguridad, sin acceso adecuado a servicios básicos ni protección contra organizaciones criminales. La falta de empleo formal—teniendo presente que el 85% del empleo en Bolivia es informal—y la dependencia del comercio ilícito atrapan a estas comunidades en una economía precaria. Niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes son particularmente vulnerables a la trata de personas, atraídas por falsas promesas que terminan en explotación (14 finalidades inscritas en la ley 263).
Hallazgos del Colectivo Infinitum
El Colectivo Infinitum ha visitado varias fronteras bolivianas y ha constatado la gravedad de los pasos ilegales. En Cobija, frente a Epitaciolândia y Brasileia (Brasil), el tránsito de mercancías y personas ocurre sin supervisión efectiva, especialmente en el punto tripartito BOLPEBRA, donde el flujo incluye contrabandistas y posibles víctimas. En Guayaramerín, frente a Guajará-Mirim (Brasil), el río Mamoré es una vía abierta para actividades ilícitas cruzando sin control alguno.
En Desaguadero, limítrofe con Perú, ciudad del mismo nombre para ambos países, el alto flujo comercial colapsa los controles formales, mientras pasos no oficiales cercanos permiten actividades ilegales, facilitados muchas veces por la corrupción. En Pisiga, frente a Colchane (Chile), la geografía desértica y la falta de infraestructura hacen que las rutas ilegales sean usadas para el contrabando de recursos naturales y el tráfico de personas.
Los límites con Argentina muestran dinámicas similares. En Villazón, frente a La Quiaca, en Bermejo, cerca de Aguas Blancas, y en Yacuiba, próxima a Salvador Mazza, se recrea un entorno binacional donde las actividades criminales prosperan, incluso se pudo observar que algunas viviendas tienen puertas hacia ambos países, evidenciando la falta de control, también se observa un alto flujo de ciudadanos argentinos comprando bienes a bajo costo en comparación de los precios de su país, lo que genera un alto movimiento monetario que por supuesto mejora la calidad de vida de la gente, pero posiblemente también fomenta actividades ilícitas, como la evidente proliferación de sitios de explotación sexual en los últimos años.
Asimismo, en Villamontes, camino al ingreso a Paraguay, la región del Chaco con un extremo clima cálido y de difícil acceso para la población, es un espacio ideal para quienes cometen ilícitos.
En todas estas zonas y muchas otras que ahora no se mencionan, los pasos clandestinos están llenos de personas, algunas involucradas en actividades delictivas y otras, lamentablemente, víctimas de trata de personas u otros delitos, la suma de todas estas falencias perpetúa un ciclo de ilegalidad que expone a la población a una vulnerabilidad extrema.
Esfuerzos para enfrentar la problemática
Con todo ese contexto, en el departamento de Tarija esperamos con buenos ánimos la segunda sesión ordinaria del Consejo Departamental de Tarija Contra la Trata de Personas, Tráfico de Personas y Delitos Conexos, programada para el viernes 18 de julio de 2025. Este espacio reúne periódicamente a autoridades de las todas las instituciones que por mandato de la ley 263 en su Capítulo I, Sección I, Art. 15, deben trabajar la temática, incluida también la representación oficial de la sociedad civil a través de la Red Departamental de Tarija Contra la Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos, como miembro nato de este consejo desde el inicio de su conformación en el año 2013.
Un aporte clave en esta sesión será la presentación de primeros hallazgos del estudio "Análisis de la situación de la Trata de personas en el departamento de Tarija, gestión 2024 y primer semestre de 2025", liderado por Daniel Siles, fundador del Colectivo Infinitum y en calidad de Coordinador General de la Red Departamental. Este trabajo ofrecerá datos concretos sobre las dinámicas de la trata en la región, identificando rutas de la trata, características de potenciales víctimas y patrones que se alimentan del complejo contexto fronterizo. Sus recomendaciones, pretenden ser un aporte sustancial para enfrentar los desafíos más amplios que afectan a los confines bolivianos, a través de la generación de políticas públicas que operativicen las actuaciones interinstitucionales y logren resultados realmente efectivos.
Las fronteras de Bolivia tienen grandes riesgos y lamentablemente han sido convertidas en umbrales para el crimen organizado, afectando profundamente a toda la sociedad boliviana. El Estado, en sus diferentes niveles, debe priorizar una agenda que aborde la problemática de la trata de personas y sus delitos conexos, mediante inversión en infraestructura, capacitación y coordinación interinstitucional. Solo con una acción decidida y voluntad política se podrá garantizar la dignidad y seguridad de quienes viven y transitan por los límites geográfico-políticos de nuestro país.
