Autonomía: es hora de decidir
Bolivia necesita, por fin, definir un verdadero Pacto Fiscal que distribuya recursos, competencias y responsabilidades con criterios de equidad y desarrollo.
Desde que Bolivia aprobó su Constitución y avanzó hacia un Estado autonómico, el país ha convivido con una paradoja permanente: se habla de descentralización, pero el poder político, administrativo y económico sigue concentrado en el nivel central. Han pasado más de quince años de promesas, mesas de diálogo y documentos técnicos, mientras gobernaciones y municipios continúan administrando responsabilidades crecientes con recursos insuficientes.
La reunión convocada para este miércoles entre el presidente y los nueve gobernadores llega, precisamente, en ese contexto. No puede ser un acto protocolar ni un intercambio de posiciones destinado a ganar tiempo. Debe ser el punto de partida de un proceso serio para construir el Pacto Fiscal que Bolivia lleva demasiado tiempo postergando.
No basta, sin embargo, con repetir la consigna del "50-50". Durante la campaña electoral el concepto resultaba atractivo por su simplicidad: repartir los recursos por mitades entre el nivel central y las regiones. Pero gobernar exige algo más que consignas. Antes de distribuir dinero es imprescindible responder una pregunta fundamental: ¿qué competencias ejercerá cada nivel del Estado y con qué recursos las financiará?
La experiencia demuestra que transferir responsabilidades sin el financiamiento correspondiente solo traslada el problema. Gobernaciones obligadas a financiar competencias nacionales, municipios asumiendo tareas que no les corresponden y un Estado central que conserva la mayor parte de la recaudación generan un sistema ineficiente, conflictivo y financieramente inviable.
La autonomía no se consolida repartiendo dinero, sino definiendo con claridad competencias, responsabilidades y recursos para cada nivel del Estado.
Por eso el debate debe ser mucho más profundo. Bolivia necesita definir con claridad quién hace qué. Las competencias concurrentes, los vacíos normativos y las duplicidades administrativas generan confusión, burocracia y gasto innecesario. La autonomía solo funciona cuando existe seguridad jurídica sobre las responsabilidades de cada institución y mecanismos transparentes para financiarlas.
También es necesario reconocer que el país no puede distribuir recursos únicamente según el tamaño de la población. Los departamentos con menor densidad demográfica, con extensas fronteras, mayores dificultades geográficas o procesos de despoblamiento requieren factores de corrección que les permitan ofrecer servicios públicos dignos y generar oportunidades para retener a sus habitantes. De lo contrario, la concentración económica y humana seguirá reforzando un círculo vicioso que debilita al conjunto del país.
Las urgencias fiscales de las gobernaciones son reales. Muchas enfrentan deudas, caída de ingresos y crecientes dificultades para sostener salud, educación e infraestructura. Medidas como devolver recursos que nunca debieron ser absorbidos por el nivel central constituyen avances importantes, pero son insuficientes si no forman parte de una reforma integral.
El desafío exige también un esfuerzo del propio Gobierno nacional. No habrá credibilidad si se pide austeridad a las regiones mientras el Estado central mantiene estructuras sobredimensionadas o posterga decisiones para racionalizar el gasto público. La descentralización debe ir acompañada de una administración más eficiente en todos los niveles.
La autonomía nunca fue un fin en sí mismo. Es una herramienta para acercar las decisiones a los ciudadanos, mejorar la gestión pública y aprovechar las potencialidades de cada región. Cuando funciona, fortalece la unidad nacional porque reduce las tensiones derivadas del centralismo y permite que cada territorio contribuya al desarrollo común desde sus propias capacidades.
Bolivia ya perdió demasiados años discutiendo el diagnóstico. Ha llegado el momento de construir acuerdos. Porque un verdadero Pacto Fiscal no consiste únicamente en repartir recursos: consiste en diseñar un Estado más equilibrado, más eficiente y más justo para todos los bolivianos.
