El crimen no espera
El mayor riesgo del narcotráfico no es solo la violencia. Es su capacidad para infiltrarse en las instituciones y erosionar desde dentro la democracia y el Estado de derecho
La violencia registrada este fin de semana en Santa Cruz no puede interpretarse como una sucesión de hechos aislados. Nueve asesinatos en apenas cinco días, la ejecución de un oficial de Policía, cuerpos abandonados con mensajes intimidatorios, ciudadanos extranjeros involucrados y la presencia de pistas clandestinas dibujan un escenario que Bolivia ya ha visto desarrollarse en otros países de la región. La pregunta no es si existe crimen organizado; la pregunta es cuánto ha avanzado o retrocedido y si el Estado está actuando con la rapidez y contundencia que la situación exige.
Y es que el narcotráfico nunca llega solo. Donde se consolida, aparecen las ejecuciones selectivas, los ajustes de cuentas, el sicariato, el lavado de dinero, la corrupción institucional y, tarde o temprano, la infiltración en la política, la justicia y las fuerzas del orden. Es una dinámica conocida en América Latina y también en Bolivia, aunque la violencia se haya mantenido más o menos a raya desde hace años. Primero se disputan territorios. Después se compran voluntades. Finalmente intentan condicionar las decisiones del propio Estado.
Durante años el país ha sostenido que su realidad era distinta a la de otras naciones de la región. Quizá todavía lo sea
Bolivia no puede permitirse recorrer ese camino. Durante años el país ha sostenido que su realidad era distinta a la de otras naciones de la región. Quizá todavía lo sea. Pero precisamente por eso es imprescindible actuar antes de que la violencia alcance niveles irreversibles. Cuando las organizaciones criminales adquieren suficiente poder económico y territorial, revertir esa situación resulta mucho más costoso, tanto en vidas humanas como en recursos públicos.
La respuesta no puede limitarse a enviar más efectivos policiales después de cada tragedia. Los operativos son necesarios, pero llegan cuando el delito ya se ha consumado. Lo que Bolivia necesita es una estrategia nacional contra el crimen organizado, con objetivos claros, recursos suficientes y una coordinación permanente entre Policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, sistema judicial, inteligencia financiera y cooperación internacional.
La frontera oriental merece una atención especial. Su extensión, las dificultades de control y la creciente presencia de organizaciones transnacionales obligan a reforzar la vigilancia territorial, combatir las pistas clandestinas, mejorar los sistemas de inteligencia y fortalecer la cooperación con los países vecinos. Las organizaciones criminales no conocen fronteras; la coordinación estatal tampoco debería conocerlas.
Pero hay un aspecto aún más delicado. La historia reciente de América Latina demuestra que el mayor éxito del narcotráfico no consiste únicamente en mover droga. Consiste en capturar instituciones. Cuando el dinero ilícito comienza a financiar campañas, influir en decisiones públicas o proteger intereses particulares, la democracia empieza a deteriorarse desde dentro.
Por eso la lucha contra el narcotráfico no puede reducirse a decomisos y detenciones. Debe incluir mecanismos eficaces de transparencia, controles sobre el financiamiento político, fortalecimiento de las unidades de investigación patrimonial y una vigilancia permanente sobre cualquier intento de infiltración en las estructuras del Estado.
No se trata de sembrar sospechas indiscriminadas, sino de construir instituciones capaces de resistirlas.
La ciudadanía también necesita certezas. Merece conocer cuál es el diagnóstico del Gobierno, cuáles son las prioridades estratégicas, qué metas se persiguen y cómo se medirá el éxito de esa política. En asuntos de esta magnitud, el silencio o la improvisación solo favorecen a quienes operan en la clandestinidad.
Bolivia aún está a tiempo de evitar que el crimen organizado se convierta en un poder paralelo. Pero ese margen se estrecha cada vez que la violencia escala y las respuestas llegan únicamente después de los hechos.
La seguridad no puede depender de reacciones coyunturales. Debe construirse con planificación, inteligencia y decisión política. Porque cuando el crimen organizado gana terreno, no solo pierde el Estado: pierde toda la sociedad.
