Reformulado del Presupuesto 2023 Rechazado
Luego de una larga sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, algunos “padres de la patria” decidieron rechazar la propuesta de Ley que modifica el Presupuesto General del Estado de la presente gestión, principalmente por observaciones a las Disposiciones Adicionales generadas por interpretaciones erradas o intencionales, sin medir el impacto negativo provocado.
Pero es importante que entendamos en toda su dimensión lo que implica el haber rechazado este proyecto de Ley, quienes se verán realmente afectados por esta decisión y, si realmente las observaciones a dichas disposiciones justificaban una determinación de este tipo.
En el mes de agosto el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, propuso efectuar modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) con la incorporación de 5.421,8 millones de bolivianos, ¿pero que representa este monto?, pues primordial mente, requerimientos presentados por las instituciones públicas tanto de la administración central como de las territoriales y universidades públicas, así como recursos adicionales que requieren ser aprobados por Ley de la Asamblea.
Cada una de estas entidades, al efectuar el análisis y proyecciones de sus recursos generados durante la gestión y los gastos proyectados a fin de año, deciden incrementar su presupuesto institucional, es así que, del monto total, 1.260,6 millones de bolivianos son de Gobiernos Departamentales, Municipales e Indígenas Originarios Campesinos y de Universidades Públicas.
La diferencia de 4,161,2 millones de bolivianos se encuentran destinados a dar continuidad a la promoción del turismo, mejora de unidades productivas, apoyo MyPES y los centros tecnológicos de innovación productiva, conclusión de más de 2.300 viviendas sociales, mantenimiento de ambientes de laboratorios de bioseguridad, continuidad del Sistema Único de Salud, entre los más destacados.
Al no aprobar este presupuesto adicional dichas entidades y sectores no tienen la posibilidad de disponer estos recursos.
En todo caso, y como se vio en diferentes pronunciamientos efectuados por instancias de representación como la FAM Bolivia o ACOBOL, las instancias más afectadas al no contar con estos recursos son las Universidades Públicas que tendrán problemas para concluir la gestión y sobre todo las gobernaciones y los más 340 municipios, que necesitan este presupuesto para atender las diferentes necesidades de sus regiones, entre las cuales está el afrontar los fenómenos naturales.
Ahora bien, es importante conocer los aspectos que contienen las disposiciones adicionales que fueron mal interpretadas por algunos Senadores ocasionando un perjuicio inaceptable a las diferentes entidades del sector público al rechazar la Ley que modifica el PGE 2023; por ejemplo, la disposición primera planteó modificar el plazo de 15 días calendario, aprobado y vigente con la Ley N° 169 desde 2011, a un plazo de 15 días hábiles, para que las máximas instancias de aprobación de las ETAs cuenten con un tiempo mayor para evaluar y aprobar modificaciones presupuestarias.
Otra de las observaciones generadas por los senadores de la Comisión de Planificación es a la Disposición Adicional Tercera sin embargo, si analizamos de manera imparcial no daremos cuenta que esta únicamente propone la incorporación de los Institutos Técnicos Tecnológicos y las Universidades Indigenas dentro de las instancias beneficiarias del Fondo de Fomento al Desarrollo de Ciencia y Tecnología el cual, ya se encuentra implementado con Ley Nº 1493 que aprueba del PGE para este año.
Con este par de ejemplos podemos darnos cuenta que las decisiones tomadas por algunos asambleístas carecen de fundamentos sólidos y únicamente provocan un profundo perjuicio a los municipios y regiones de todo el país, incluso a las regiones a las que ellos mismos pertenecen, impidiendo así atender las demandas de la población nacional.
